Velan en Perote a Jesús Israel, estudiante de 16 años asesinado en el CCH Sur en CDMX; Investigan 6 propiedades en Xalapa, Boca del Río y Alvarado presuntamente compradas por marinos integrantes de Red de huachicol fiscal MEMORANDUM 1.- Jesús Israel, el joven estudiante de 16 años que fue asesinado por uno de sus compañeros en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la CDMX, es velado en su domicilio en el municipio de Perote, Veracruz. Sus familiares y seres queridos lloran su partida. Una fotografía, flores, veladoras acompañan al ataúd color blanco del joven estudiante asesinado el lunes 22 de septiembre de 2025 en el CCH Sur, ubicado en el bulevar Cataratas, Jardines del Pedregal, en Coyoacán. La velación se lleva a cabo la tarde de este miércoles 24 de septiembre en la calle Guillermo Prieto, de la ciudad de Perote, a 50 kilómetros de la ciudad de Xalapa. Jesús Israel tenía 16 años de edad y cursaba la preparatoria en uno de los campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero su vida fue cegada por uno de sus compañeros que lo agredió con un arma blanca. El agresor fue identificado como Lex Ashton, de 19 años de edad, quien se acercó a Jesús cuando éste se encontraba acompañado de su novia y ambos fueron agredidos, la joven resultó herida y él falleció por las heridas causadas con el arma punzocortante. En la entrada de la vivienda, lucen dos coronas, con el mensaje que dice, "con profundo dolor e inmenso cariño" y en otra con las siglas del CCH Sur. Al interior la familia, los conocidos, están en la velación, todos consternados por el crimen del joven que fue víctima de la agresión de Lex Ashton, quien luego del ataque intentó escapar, hirió a un guardia, se arrojó de un segundo piso y quedó lesionado de ambas piernas. Sobre este hecho, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México dio a conocer a través de un comunicado que inició una investigación por el delito de homicidio calificado y lesiones dolosas por el caso que ocurrió al interior del CCH Sur. Mientras tanto, la rectoría mediante un comunicado, afirmó: “La pérdida de una vida y la manera en que sucedieron los hechos no tiene precedentes y así hay que asumirlo.” “Me solidarizo con la familia del estudiante asesinado, con toda la comunidad del CCH Sur y la universitaria en su conjunto, porque esto nos duele a todas y a todos, y hago votos por el restablecimiento del trabajador agredido.” “Desde la administración central de la Universidad estaremos atentos al avance de las investigaciones que realizan las autoridades competentes y coadyuvaremos en todo momento con ellas para que se haga justicia.”…PRESUNTOS INTEGRANTES de la red de contrabando de combustible conocida como “huachicol fiscal”, desmantelada en la aduana de Tampico, Tamaulipas, habrían destinado parte de sus ganancias a la compra de propiedades en al menos 3 municipios de Veracruz. De acuerdo con una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), se trataría de 6 inmuebles, valuados en varios millones de pesos, que se localizan en fraccionamientos de municipios como Alvarado, Boca del Río y Xalapa. La información señala que entre los compradores figuran mandos navales y un exdirector del Sistema Portuario Nacional, quienes habrían usado recursos de procedencia ilícita para adquirir casas y departamentos. Según los documentos, la red era dirigida por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contraalmirante en activo, identificados como sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en el gobierno anterior. La investigación de la FGR refiere que los hermanos Farías Laguna introducían combustible refinado a México bajo la fachada de otras mercancías, con el fin de evadir impuestos. Para facilitar la operación, habrían otorgado sobornos a funcionarios aduanales que permitían la entrada de buques cargados de hidrocarburo con documentación apócrifa. El caso se considera uno de los principales golpes de la actual administración contra el contrabando de combustible. En ese tenor, la FGR evalúa decomisar 14 propiedades ligadas a la red, distribuidas en Veracruz, Ciudad de México, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas y Baja California. El portal Latinus reveló que la Fiscalía planea solicitar a autoridades especializadas en extinción de dominio la transferencia de estos bienes al Estado, al considerarlos vinculados a operaciones con recursos de procedencia ilícita. En Veracruz se identificaron varias propiedades ligadas a mandos de la Marina y huachicoleo fiscal. El capitán Clímaco Aldape Utrera, señalado como enlace entre las aduanas, figura con una propiedad en la colonia Mandinga de Agua, en Alvarado. El capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “Capitán Sol”, aparece con un inmueble en la colonia La Tranca (Las Trancas), en Xalapa, además de tres residencias en el fraccionamiento Punta Tiburón Residencial Marina y Golf, en Alvarado. Por su parte, el capitán Víctor Hugo Perry Pérez, extitular de la aduana en Ensenada, Baja California, está vinculado a una propiedad en la colonia Las Vegas II de Boca del Río. La investigación también señala al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y al contraalmirante Fernando Farías Laguna, quienes habrían adquirido propiedades en Ciudad de México y Sonora, además de mantener presencia irregular en aduanas de Guaymas, Dos Bocas, Ensenada, Manzanillo y Veracruz. La FGR documentó que Fernando Farías Laguna acumuló 385 días en la aduana de Guaymas, Sonora, y 130 días en Dos Bocas, Tabasco, entre 2023 y 2025, sin contar con adscripción oficial. Su hermano, Manuel Roberto, también registró movimientos en Veracruz, Guaymas, Manzanillo y Ensenada en el mismo periodo. El expediente indica que los dos utilizaron teléfonos a su nombre dentro de recintos aduaneros, donde “se infiere que participaron en actos de corrupción que permitieron la entrada de hidrocarburos, defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y tráfico de drogas”. De acuerdo con la investigación, Fernando Farías permanece prófugo, mientras que Manuel Roberto está vinculado a proceso. La FGR mantiene abiertas las indagatorias para identificar a funcionarios federales y estatales que habrían facilitado las operaciones de contrabando. Así las cosas.
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Pendientes, más de 20 mil denuncias de ciudadanos contra servidores...Quedarán en carpetas, como ya es costumbre MEMORANDUM 2.- Entre octubre de 2024 y el 31 de julio de 2025, el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno recibió 808 denuncias por posibles faltas administrativas cometidas por personas servidoras públicas. Según las cifras del primer Informe de Labores 2024-2025 de la Secretaría antes mencionada, de ese total, 641 denuncias fueron concluidas, lo que equivale al 79.3 por ciento del universo recibido. Dentro de estas, 66 se turnaron a la autoridad sustanciadora, es decir, el 8.1 por ciento del total. Mientras tanto, 167 casos permanecen en trámite. En materia penal, se presentaron dos denuncias ante fiscalías correspondientes por la posible comisión de delitos, además de que se turnaron tres Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa a la autoridad sustanciadora. También, se detalló que en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), en el mismo periodo, recibió 27,009 denuncias por posibles faltas administrativas en toda la Administración Pública Federal. De ellas, el 23 por ciento (6,220) ya fueron concluidas, mientras que el 77 por ciento (20,789) continúan en trámite. De forma paralela, el ahora deshabilitado Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción registró 9,123 alertas hasta el 11 de enero pasado. De ellas, aún se da seguimiento a 218 casos. Durante el periodo antes mencionado, la dependencia señaló que recibió 7,900 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA). De ellos derivaron 1,958 sanciones por faltas no graves, además de 704 expedientes remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por faltas graves y conductas atribuibles a particulares. Además, se indicó que el TFJA impuso 395 sanciones, de las cuales 264 ya quedaron firmes y registradas oficialmente. En materia penal, se reportaron 471 expedientes en seguimiento: 10 vinculados a proceso, 26 en etapa intermedia, cuatro en juicio y cinco con sentencia en seguimiento. Dentro de las investigaciones destacadas, la Secretaría Anticorrupción reveló un expediente por la compra consolidada de medicamentos de Birmex, declarada nula en abril de 2025. En ese caso se indicó que se presentó una denuncia penal por uso ilícito de atribuciones y facultades contra cuatro funcionarios públicos.
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Dania Ravel acusa intento de inhibir independencia en decisiones del INE... por decisión colegiada de 2021 MEMORANDUM 3.- La Consejera Dania Ravel Cuevas dio a conocer que, cuatro años después, el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) le abrió un procedimiento de responsabilidad administrativo por su voto a favor de suspender la organización de la consulta de Revocación de Mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, derivado de un recorte presupuestal. La propia consejera del INE, dio a conocer que el pasado 18 de septiembre se le notificó el inicio de un procedimiento de responsabilidades por aquella decisión colegiada de 2021, lo cual calificó como una persecución en contra de quienes tuvieron una visión jurídica distinta. En redes sociales publicó: “Perseguir a los miembros de un órgano colegiado por sus valoraciones jurídicas y votaciones tiende a inhibir la independencia en las decisiones de sus integrantes. Los Acuerdos y Resoluciones del INE son revisados por el TEPJF, y la falta de coincidencia en la valoración jurídica entre la autoridad jurisdiccional y administrativa jamás ha sido ni debe ser materia de persecución penal o administrativa en contra de quienes tuvieron una visión jurídica distinta, como se pretende hacer ahora”. Ravel Cuevas recordó que el caso se remonta a un acuerdo aprobado por el Consejo General en diciembre de 2021, que pospuso temporalmente la realización de una Revocación de Mandato en los términos requeridos por la ley (instalando el mismo número de casillas que en la elección presidencial pasada). La consejera Dania Ravel Cuevas sostuvo que no deja de ser llamativo que desde el 22 de diciembre de 2021 (fecha en la que se presentó la queja) hasta el 25 de febrero de 2025, fecha en la que se requirieron los expedientes personales de otros denunciados, no se habían realizado diligencias de investigación más allá de algunas certificaciones. “Fue hasta el 12 de junio de 2025 cuando se formuló otro requerimiento a la Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, en el que se solicitó, entre otros, mi expediente personal. Así 4 años después y ya con el proceso de consulta de revocación de mandato realizado de manera eficaz y eficiente según el análisis de la SCJN, me notifican el inicio de un procedimiento de responsabilidades administrativas en mi contra derivado de una decisión colegiada fundada y motivada”, alertó.
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