Tras caerse el sistema, anuncia OPLE borrón y cuenta nueva 'voto por voto' en cómputo de elección judicial MEMORANDUM 1.- Debido a la caída del sistema contratado para llevar el cómputo de la elección judicial, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz tomó la determinación que, de manera manual, se contarán las poco más de 24 millones de boletas. La noche de ayer martes, los consejeros del OPLE aprobaron que sea voto por voto, casilla por casilla como se cuenten los votos de la elección judicial, y desconocieron los resultados que ya se habían cargado el pasado lunes. Luego de un análisis de la caída del sistema, indicaron que comenzaron a detectar inconsistencias como el hecho de que se reportaba una muy alta participación y el número de votos era muy elevado, con la realidad que se tenía en cada uno de los consejos municipales que hacían el recuento. También les aparecieron mensajes de que la conexión no era privada y se mantenía una muy elevada votación para el número de actas capturadas. De igual forma, registraron muchas peticiones de consulta del sitio web, además de un elevado tráfico en el portal, y un alto consumo de recursos de los servidores. A la par, detectaron que personas ajenas a las acreditadas para el registro estaban en el sitio de carga de los datos. Tales problemas, no fueron definidos por el OPLE como un hackeo, sino como simples inconsistencias. De acuerdo con el organismo electoral, con el propósito de dotar de certeza y transparencia a los resultados de la elección de las Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, así como de los demás cargos en disputa del Poder Judicial del Estado, se determinó no utilizar el sistema cómputos y realizar el escrutinio y cómputo asentando los resultados de forma manual, con apoyo de las herramientas informáticas que permitan sistematizar la contabilización de los votos por boleta de cada candidatura. Refirió que lo anterior se da luego de detectarse en el sitio de consulta de resultados de la elección inconsistencias en cuanto al número de votos que aparecía, que no guardaban coherencia ni lógica con respecto al número de paquetes computados en los Consejos Municipales habilitados. Por lo anterior, agregó que se acordó detener la captura de datos para realizar un análisis minucioso de la configuración, particularmente al detectarse datos duplicados de la información capturada, que incrementaban exponencialmente lo datos de sufragios obtenidos por algunas candidaturas. Por lo anterior, determinó reiniciar el escrutinio y cómputo de las casillas seccionales en los 26 consejos municipales habilitados, que iniciaron la actividad el pasado 9 de junio. Lo más grave es que el OPLE afirmó que todas las actas de escrutinio y cómputo de casilla, que fueron levantadas en los Consejos Municipales Habilitados de la elección de Magistraturas del TSJ se dejan sin efectos. Pese a ello, afirma que no se afectó la validez del sufragio contenido en la documentación electoral física, es decir, en las boletas. Ante ello, tomaron la decisión, que este miércoles, se someterá a votación el acuerdo para que de manera manual, el personal de los 27 consejos municipales habilitados, sean los encargados de contar los más de 24 millones de boletas de las elecciones de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, del Tribunal de Disciplina Judicial y de los Juzgados de Primera Instancia. La consejera presidenta Marisol Delgadillo mencionó que las inconsistencias del sistema de cómputo "no afectó la validez del sufragio contenido en las boletas, lo que sí generó fue una confusión, al evidenciar una información que no es coincidente con lo que se reporta en los consejos habilitados". Ante esta situación, informó a la ciudadanía, al no ser coincidente, se va a llevar a cabo la implementación del escrutinio y cómputo de manera manual. "Voto por voto, casilla por casilla para que la ciudadanía pueda tener certeza, en resumen el OPLE estará tomando el acuerdo, para en definitiva la no utilización del sistema de cómputo, con la implicación del sitio de este sistema", agregó. Dio a conocer que personal con fe pública estará presente en cada consejo habilitado, para ir transparentando los resultados.
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CoNaGua destinará más de 217 millones de pesos en 2025 para producir alimentos en el campo veracruzano MEMORANDUM 2.- Como parte del Programa Nacional Hídrico, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) destinará este año más de 217 millones de pesos para producir más alimentos en el campo veracruzano. La finalidad de estos recursos es la conservación, mantenimiento y creación de obras para irrigar el campo; la prioridad son las comunidades rurales, con un campo más productivo, acceso equitativo al agua, infraestructura sólida y productores capacitados y organizados. De acuerdo con el Plan, esto es reflejo de una alianza sólida entre quienes cultivan la tierra, quienes diseñan las políticas públicas y quienes desde los tres órdenes de gobierno trabajan para asegurar que el agua llegue a donde más se necesita. Elaborado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Plan Hídrico busca asegurar el agua para todos, hacer uso eficiente del vital líquido y apoyar con tecnificación el campo. La entidad cuenta con cuatro distritos de riego, cuatro de temporal tecnificado y casi mil 900 unidades que, en conjunto, suman casi medio millón de hectáreas de cultivos, casi tres veces la superficie de la Ciudad de México. El acto estuvo encabezado por autoridades del Organismo de Cuenca Golfo-Centro de CONAGUA, y en representación de la gobernadora Rocío Nahle García, asistió el titular de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, Luis Fernando Cervantes Cruz, así como el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Rodrigo Calderón Salas.
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Por fin, aprueba Congreso reforma al Artículo 5 de la Constitución Política del Estado en materia de comunidades indígenas y afromexicanas MEMORANDUM 3.- A fin de establecer el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, el Pleno de la LXVII Legislatura local aprobó por unanimidad la reforma al Artículo 5 de la Constitución Política del estado, propuesta por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, con lo que ajusta el contenido de la citada norma a lo dispuesto en la Constitución federal y con ello se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la Nación y del Estado, garantizándoles diversos derechos. En ese tenor, las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas y de las Comunidades Afrodescendientes, instancias dictaminadoras, consideraron procedente la realización de un proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuadas a estos pueblos y comunidades. En el proceso se tomó en consideración la autoadscripción y el listado de las comunidades del estado de Veracruz registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, en el que existen dos mil 486 comunidades que se autoadscriben como indígenas, distribuidas en 106 municipios, y 98 como afromexicanas, establecidas en 13 municipios de la entidad, las cuales constituyeron la base de sujetos consultados. Con relación al contenido de la modificación, se establece el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, lo cual implica que tendrán libre determinación y autonomía; ello permitirá que administren directamente su propio presupuesto, que les será otorgado por el Estado y los ayuntamientos. Además, decidirán su forma interna de gobierno, convivencia y organización, con lo cual podrán crear sus propias normas para resolver conflictos internos. Además, los pueblos y comunidades referidos podrán elegir a sus autoridades o representantes para ejercer su forma de gobierno interno, siempre que en la creación de normas, como en la elección de autoridades y solución de conflictos, se respeten la Constitución, las leyes y los derechos de las mujeres. Se garantizará el acceso pleno a la jurisdicción estatal con asistencia de intérpretes, defensores y peritos especializados en derechos indígenas. En cuanto al patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual colectiva, los pueblos y comunidades indígenas podrán protegerlos, preservarlos y desarrollarlos. Con respecto al desarrollo integral, intercultural y sostenible, soberanía y autosuficiencia alimentaria, lograrán ejercer su derecho al desarrollo integral con base en sus formas de organización económica, social y cultural, priorizando el respeto a la integridad del medio ambiente y recursos naturales. Sobre la participación y representación de los pueblos indígenas en las instancias de decisión del Estado y municipios, en los municipios con población indígena podrán elegirse representantes en los ayuntamientos, de acuerdo con los principios de paridad de género y pluriculturalidad. Podrán conservar y mejorar el hábitat y la integridad de sus tierras, incluidos sus lugares sagrados declarados por la autoridad competente; a su vez, que podrán acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, respetando lo establecido por Constitución federal. Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas siempre tendrán que ser consultados sobre cualquier ley o medida administrativa que pueda causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre tales medidas. De igual forma, se establecen derechos en favor de las mujeres, la niñez, la adolescencia y la juventud, indígenas y afromexicanas; se fortalece la educación comunitaria, indígena e intercultural; se asegurará el acceso a los servicios de salud, promoviendo la medicina tradicional; se contempla la creación de políticas públicas para proteger a las personas indígenas migrantes y se extenderá la red de comunicaciones que permita a las comunidades estar siempre comunicadas. La legisladora Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo (PT), expresó que con esta reforma se reconocerá a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este reconocimiento, agregó, les dotará de capacidad jurídica para ejercer sus derechos y hacer valer sus decisiones, elegir a sus autoridades y realizar actos con valor jurídico. En el proceso de consulta pública participaron el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz (CEDHV), la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas (Aveli), el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (Ivais), la Secretaría de Cultura (Secver) y la Secretaría Gobierno (Segob), y se realizó en seis sedes regionales: Benito Juárez, Tantoyuca, Papantla, Tequila, Playa Vicente y Mecayapan.
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