Si SCJN acepta amparo promovido por empresas 'sentaría un precedente terrible'. No quieren que grandes contribuyentes reciban devolución de impuestos MEMORANDUM 1.- Luego de que se diera a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pidiera oficialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no participe en las discusiones que determinarán si tres grandes contribuyentes recibirán de regreso impuestos con intereses o no, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hace unas semanas expuso este caso y denunció un posible conflicto de interés del ministro por haber sido titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con Felipe Calderón, opinó sobre el tema. Según la mandataria federal, si la Corte acepta dicho amparo, se “sentaría un precedente terrible”. Al definir la solicitud de estas empresas como “totalmente ilegal y sin sustento”, dijo que “ese es el fondo de por qué el cambio en el Poder Judicial, que haya justicia, es todo lo que se pide… justicia que, quien tiene que pagar impuesto, lo pague, como todas las mexicanas y mexicanos, como lo establece la Constitución”. En conferencia mañanera, la Presidenta explicó que “son empresas que, cuando este ministro era director del SAT, tienen que pagar impuestos, y los pagan. Después se van al poder judicial y dicen: no estuvo bien que yo haya pagado estos impuestos porque no correspondía a lo que ellos definen (…) ahora lo que quieren no solamente es que les regreses lo que pagaron supuestamente incorrectamente, sino que el SAT les regrese intereses de todos estos años”. Al apuntar que, quien hizo el borrador del fallo que discutirá la Corte es Gutiérrez Ortiz Mena, quien también fue titular del SAT, insistió que “la Corte no puede, bajo ninguna circunstancia aprobar que se regrese el dinero con todo e intereses, cuando lo pagaron en su momento”. Explicó que, además, hay otro caso que se presentará este miércoles en la Corte, y el cual también está relacionado con el pago de impuestos por parte de empresas.
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Desechan impugnación de FGR a amparo de León Trauwitz, para que sus abogados tengan acceso a la carpeta de investigación que se inició en su contra MEMORANDUM 2.- Un tribunal colegiado desechó por improcedente el recurso de revisión que interpuso la Fiscalía General de la República (FGR), con el que pretendía impugnar el amparo otorgado al general en retiro Eduardo León Trauwitz, exsubdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, para que sus abogados sean reconocidos como la defensa legal que lo representa y tengan acceso a la carpeta de investigación que se inició en su contra, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y sustracción ilícita de hidrocarburos. Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, Juan José Olvera López, Francisco Javier Sarabia Ascencio y un secretario en funciones, determinaron que el representante social de la fiscalía recurrente carece de legitimación para interponerlo, pues los recursos deben seguirse por la parte interesada, esto es, por aquella a quien el acto reclamado o resolución combatidos cause un agravio personal y directo, lo que, en el caso, afirmaron, no ocurre. El resolutivo del colegiado indica que “Este tribunal ha sostenido el criterio de que el agente del Ministerio Público adscrito al órgano de Amparo no tiene legitimación para interponer este recurso cuando no se genera una afectación al interés representado por la autoridad ministerial, lo que se traduce en falta de interés para recurrir dicha determinación, no obstante que la autoridad tenga el carácter de parte en el juicio ... prevé que es parte en todos los juicios de amparo y que podrá interponer los recursos que señala esa ley, pero para la materia penal establece que podrá recurrir cuando se reclaman resoluciones de tribunales locales; es decir, el derecho a recurrir no es absoluto, sino que está limitado en la propia norma; así puede decirse que cuando su recurso busque la pronta y expedita administración de justicia en el amparo es procedente". León Trauwitz presentó el recurso ante el juzgado decimosexto de distrito de amparo en materia penal contra Reyna Isabel Pérez Viveros, agente del Ministerio Público de la Federación y titular de la célula A-I-5 de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos. En su demanda de amparo reclamó el acuerdo del 15 de mayo de 2024, donde se le niega tener por designados a los abogados defensores nombrados por el suscrito y, como consecuencia de ello, la vulneración al derecho del debido proceso en su vertiente de una defensa adecuada y los efectos que del mismo se siguen ocasionando. De acuerdo con el expediente, en sus conceptos de violación, Eduardo León alegó, entre otras cosas, que el acuerdo reclamado viola en su perjuicio sus derechos humanos, pues fue emitido con una indebida fundamentación y motivación, ya que de los argumentos expuestos por la autoridad responsable no se desprende ningún razonamiento jurídico ni fundamento legal que motive adecuadamente su determinación. En mayo de 2019, el juez de control en el estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, giró una orden de aprehensión en contra de León Trauwitz, y en octubre de 2020, a petición del Departamento de Justicia de Canadá, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la solicitud formal de extradición. Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, León Trauwitzy y la red de complicidad que incumplió con los protocolos para inhabilitar tomas clandestinas en los poliductos Minatitlán-México y Madero-Cadereyta entre 2015 y 2016 generaron un daño superior a 25 mil 193 millones de pesos y la sustracción ilegal de mil 847 millones 46 mil 374 litros de combustibles. El general en retiro, quien fue detenido en Canadá en diciembre de 2021, se encuentra con libertad restringida luego de pagar una fianza de 20 mil dólares canadienses. Se le colocó un brazalete electrónico que monitorea su ubicación las 24 horas del día y le fue retirado su pasaporte. El año pasado, el gobierno de canadiense concedió la extradición de León Trauwitz, aunque podía apelar la determinación a fin de retrasar su entrega.
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Seis aspirantes a juzgadores ligados al crimen resultaron perdedores en elección judicial, pero igual serán investigados por la FGR MEMORANDUM 3.- Seis candidatos acusados de presuntos delitos por el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quedaron en los últimos lugares en sus respectivas categorías, pero investigaciones en su contra continúan. Karina Almada Rábago, quien dictó la libertad a Luis Cárdenas Palomino, ex coordinador de Inteligencia de la entonces Policía Federal, obtuvo el décimo lugar en la contienda por el cargo de jueza de distrito en Sonora. De 21 candidatas y candidatos en materia mixta, Almada Rábago ocupó el lugar 10, con 19 mil 304 votos, equivalentes a 2.36 por ciento de la votación para esa categoría. Por lo tanto, deberá abandonar el cargo en el Poder Judicial, ya que sólo podrá desempeñarse como titular del juzgado noveno de distrito en Sonora hasta el 31 de agosto, día en que se realizará el relevo. Lo mismo ocurrió con Noel Castro, señalado por haber recibido dos centenarios –con un valor superior a 24 mil 400 pesos cada uno– y el pago de boletos de avión por parte de un subordinado, a cambio de mantenerlo en su puesto. Castro también fue derrotado en la contienda electoral, quedando en el penúltimo lugar entre los hombres aspirantes a juez mixto en el distrito uno de Sonora. De los 18 aspirantes en esa categoría para dicho distrito, Castro ocupó el lugar 17, con 4 mil 448 votos, lo que representó 0.90 por ciento del total. El pasado 4 de mayo, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación de 26 candidaturas, argumentando que las personas propuestas no gozaban de buena reputación e, incluso, que seis de ellas eran objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). El órgano electoral resolvió que no tenía facultades para cancelar dichas candidaturas, pero que las acusaciones serían tomadas en cuenta al revisar la veracidad de la información en los cómputos distritales, en caso de que alguno de los señalados resultara ganador. Una vez concluidos los conteos de los seis tipos de elección, los candidatos señalados por Fernández Noroña y Gutiérrez Luna no tuvieron éxito, ya que ocuparon las últimas posiciones en la preferencia de los votantes. Los otros cuatro acusados son: Alejandro Tlacuahuac, quien quedó en tercer lugar en la contienda por una magistratura en materia laboral en el distrito 1 de Puebla; Ángel Villegas, que quedó en el lugar 12 para juez mixto en el distrito 2 de Veracruz; Arturo Morales, quien tampoco resultó electo como magistrado de circuito en la Ciudad de México, quedando en penúltimo lugar, y María de Jesús López, quien terminó en el último lugar entre las tres candidatas a jueza en materia penal en el Distrito 1 de Chiapas. Otros aspirantes a jueces de distrito que también fueron cuestionados públicamente, terminaron igualmente en los últimos lugares en las categorías por las que contendieron. Tal es el caso de Fernando Escamilla Villarreal, abogado de presuntos operadores de Los Zetas, y Francisco Herrera Franco, ex fiscal de Michoacán, señalado por presuntos nexos con grupos criminales.
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