Senado recibe iniciativa de Ley General contra feminicidios en México; el problema es que las investigaciones presentan graves lagunas estructurales MEMORANDUM 1.- Las investigaciones sobre feminicidios en México presentan graves lagunas estructurales, impunidad sistemática y deficiencias en el debido proceso, lo que resulta en una crisis de justicia. Fue este mircoles que el Senado recibió la iniciativa de ley enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que impone una pena de prisión de hasta 70 años al que cometa el delito de feminicidio, elimina beneficios legales para los agresores y establece la obligación de investigar toda muerta violenta bajo la hipótesis de feminicidio. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que se recibió esta iniciativa que busca facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en Materia de Feminicidio, para homologar tanto la investigación como la tipificación de este delito en todo el país, ante las diferencias que actualmente existen entre las legislaciones estatales y la FGR emitirá un Protocolo Nacional Homologado. La reforma permitirá avanzar hacia una legislación uniforme que contribuya a erradicar la impunidad y a consolidar mecanismos más eficaces para la atención de este delito. El eje central de la iniciativa no solo es punitivo, sino estructural: busca cerrar vacíos en la investigación, homologar criterios a nivel nacional y garantizar reparación integral a las víctimas indirectas, particularmente niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. El elemento más relevante del proyecto es que rompe con la discrecionalidad en la persecución del delito, al establecer que: No habrá excusas absolutorias ni atenuantes para feminicidas. El delito será imprescriptible, al igual que la sanción y la reparación del daño. No proceden beneficios legales como amnistías, libertad condicionada o conmutación de penas. La iniciativa establece, penas de 40 a 70 años de prisión, multas de hasta 2 mil UMAs y el incremento de la pena hasta en una mitad cuando existan agravantes. Entre los agravantes destacan que la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad. Que la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante o que el agresor sea servidor público. Asimismo, que existan actos de extrema violencia, como ataques con ácido o sustancias inflamables. El proyecto también busca terminar con la disparidad legal entre estados al establecer un tipo penal único, definiendo feminicidio como “Privar de la vida a una mujer por razones de género”. Entre estas razones se incluyen: Violencia sexual, antecedentes de violencia, relaciones de poder asimétricas, estereotipos o prejuicios y condiciones de vulnerabilidad como embarazo, discapacidad o edad. Uno de los cambios más relevantes es la obligación de que toda muerte violenta de mujer se investigue como feminicidio desde el inicio. El Ministerio Público debe actuar de oficio e inmediatamente y se utilice perspectiva de género y protocolos especializados. Además, se deben deberán analizar antecedentes de violencia, aunque no existan denuncias previas. También se prohíbe el uso de estereotipos de género en la investigación y la FGR emitirá un Protocolo Nacional Homologado. Más allá de la prisión, la ley contempla consecuencias civiles y administrativas: Pérdida de patria potestad, custodia y derechos sucesorios. Inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos. El proyecto pone énfasis en las víctimas indirectas, con medidas como: Atención médica y psicológica inmediata. Asistencia jurídica gratuita. Acceso a la verdad y justicia. Seguridad social para menores en orfandad. La reparación del daño deberá ser: Integral, rápida, efectiva y transformadora, no solo compensatoria. La ley también propone un andamiaje institucional: Creación de un Registro Nacional de menores en orfandad por feminicidio. Integración de datos con fiscalías e INEGI. Campañas de prevención y concientización. Fortalecimiento de refugios y centros de atención. Castillo señala que esta iniciativa será analizada por el Senado como parte de los esfuerzos para fortalecer el marco jurídico en la protección de las mujeres y garantizar justicia en los casos de violencia de género. Expresa: “La analizaremos como una propuesta fundamental que nos permitirá legislar para que nunca más una mujer muera con violencia por el solo hecho de ser mujer”.
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En la última década a caído 40% venta de pescado en temporada de cuaresma, se está perdiendo la tradición, también precios influyen MEMORANDUM 2.- Por elevación de precios y el abandono gradual de la tradición de vigilia, la venta de pescados y mariscos se desplome hasta en un 40 por ciento en los últimos 10 años, afirma el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (CONCOMERCIO). El presidente de la organización, Gerardo López Becerrra, indica que pese al valioso aporte nutricional de pescados y mariscos, y la infraestructura pesquera que existe en el país, lo cierto es que el consumo de dichos productos en México es limitado. De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), existen más de dos mil establecimientos comerciales del ramo pesquero a lo largo del país, donde se venden, en promedio por temporada, alrededor de 65 especies de pescados y mariscos. En 2025, de acuerdo con datos del gobierno federal, México produjo dos millones 173 mil 621 toneladas de pescados y mariscos, lo que implicó un crecimiento de 6.8 por ciento respecto al volumen alcanzado en 2024. El dirigente de la Concomercio, recordó que en años atrás, los diferentes eslabones de la cadena pesquera del país esperaban con amplio interés la llegada de la Semana Santa, pues las ventas aumentaban entre 40 y 60 por ciento respecto a un día normal, lo que provocaba que en tan sólo siete días se consumiera hasta el 20 por ciento del consumo anual de pescados y mariscos. Sin embargo, de una década a la fecha, debido a la menor práctica de la vigilia entre los mexicanos, así como al débil desempeño del consumo en general, la demanda de productos como camarón, pulpo, cazón, huachinango, mero, ostiones, tilapia, entre otros, se ha mantenido a la baja en las temporadas de Cuaresma y, en particular, en Semana Santa. Indica: “Décadas atrás, un gran porcentaje de las familias mexicanas definían con antelación los alimentos que iban a preparar durante los días santos para preservar la vigilia; los principales platillos eran mojarras fritas, romeritos, filetes de pescado empanizado así como cocteles de camarón y caldo de mariscos”. Es decir—agregó--, dejaban a un lado el consumo de carne roja, lo que favorecía las ventas de las pescaderías, las cuales, a su vez, realizaban grandes pedidos a sus proveedores para atender el repunte que registraría en su demanda, era un auténtico de oxígeno para estos negocios. Sin embargo, hoy en día las pescaderías reportan que mientras años atrás se surtían con hasta 100 kilos de camarón para atender la demanda de Semana Santa, hoy en día adquieren por mucho 60 kilogramos, con el alto riesgo de que se les quede mercancía y les representa severas pérdidas económicas. Se estima que en el país existen de más de 328 mil productores dedicados al sector pesquero. El año pasado, la industria pesquera obtuvo un millón 779 mil 061 toneladas de especies de alto valor nutricional y accesibilidad, como la sardina, atún, anchoveta, macarela, calamar, camarón, jaiba, pulpo y tiburón. En acuacultura se reportaron 394 mil 560 toneladas, en la que destaca el cultivo de camarón, mojarra, ostión, carpa, atún, lobina, trucha, bagre, jurel y el tradicional charal. Por lo anterior, el presidente de CONCOMERCIO lanzó un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para promover el consumo de pescados y mariscos, debido al alto valor nutricional de este tipo de alimentos y por el importante impacto económico y social que representa para toda la cadena de suministro. Asimismo, invita a los ciudadanos incluir en su dieta cotidiana el consumo de estos productos, lo cuales tiene una falsa fama de ser costosos, pues aseguró que existen varias especies que están al alcance de la economía familiar, como la tilapia, la lisa, el bagre, la curvina y el calamar. “Apoyemos la producción nacional; comer pescados y mariscos es favorecer a los miles de productores y comerciantes que dependen de esta actividad, al tiempo que protegemos la economía y salud familiar; logremos que la temporada de Cuaresma y Semana Santa, y claro, el resto del año sea un espacio donde la compra de estos alimentos sea una constante en favor de todos”, apuntó
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Incumple el Estado con dar la información a la CIDH sobre la tortura a Antonio Barragán; simplemento no quiso responder MEMORANDUM 3.- La Red Solidaria Década Contra la Impunidad señala que el Estado mexicano “incumplió” con su deber de enviar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus observaciones sobre la denuncia que se presentó ante dicho órgano por el caso de Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas (1995), “víctima de detención arbitraria, tortura y prisión preventiva”. Refiere que el litigio ante la CIDH fue interpuesto el 24 de marzo de 2025 y el 9 de septiembre de ese año la Comisión le notificó al gobierno, por lo que contaba con un plazo máximo “improrrogable” de cuatro meses para presentar sus observaciones, el cual venció el 9 de enero del 2026. La organización en un comunicado, indica: “El Estado mexicano no respondió. Su silencio no fue un accidente procesal: fue una decisión”. Explica que seis meses después de la notificación, la CIDH “se ha visto obligada a reiterar la solicitud”. La negativa a responder, insistió la Red, “no es un mero incumplimiento burocrático. Constituye una señal alarmante sobre la disposición del gobierno para rendir cuentas por las violaciones cometidas contra sus propios ciudadanos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Aclara que pese a ello la Comisión puede continuar el análisis de admisibilidad con los elementos aportados por la parte peticionaria, e incluso “aplicar la Resolución 1/16 sobre Medidas para Reducir el Atraso Procesal, que permite diferir el examen de admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo. Esto, continuó, significa que el Estado podría enfrentarse a un pronunciamiento de la CIDH sin haber ofrecido ningún argumento en su defensa. La Red exigió que el Estado mexicano comparezca y responda ante la CIDH con plena transparencia; que se garantice el acceso a la justicia de Antonio Barragán Carrasco, quien desde 2011 está preso en Morelos, y se investiguen de manera efectiva los actos de tortura, detención arbitraria y prisión preventiva de los que fue víctima.
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