En gobierno de AMLO desaparecieron 59 activistas ambientales; en algunos casos no hay ni registros oficiales MEMORANDUM 1.- Pese a que en el sexenio pasado se habló de una pacificación en el país, gracias a la estrategia de “abrazos, no balazos”, de 2020 a 2024, en el país se documentaron 59 desapariciones de defensores del medio ambiente y del territorio durante el cumplimiento de su labor, informó el director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Gustavo Alanís. Las víctimas pertenecen a comunidades indígenas y entre los implicados en las agresiones se encuentran policías y autoridades estatales o municipales, así como empresas privadas, grupos de la delincuencia organizada y paramilitares. Sobre este tema, la presidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas, Gabriella Citroni, destaca el hecho de que no haya registros oficiales, lo que ocasiona que no haya políticas públicas diseñadas específicamente para atender este problema, y las existentes, dijo, son a menudo insuficientes para garantizar la protección de los activistas. Comenta: “En el caso de este grupo de población, hay una tasa de impunidad casi absoluta en todos los países por tratarse de un crimen extremadamente complejo, porque la investigación es complicada debido a la pluralidad de los perpetradores”. Pero además, agregó, quienes defienden los recursos naturales son extremadamente vulnerables, están estigmatizados y enfrentan violencia por su actividad de proteger el medio ambiente, lo que lleva a amenazas y criminalización. “Eso crea una situación de desconfianza, aumenta la vulnerabilidad de las personas y disminuye la atención e indignación de la sociedad por defender la tierra”, lamentó. Alanís indica que entre los factores de riesgo identificados en el tema de las desapariciones se encuentra la instalación de megaproyectos sin garantizar los derechos de acceso a la información ni la participación del público en las tomas decisiones ambientales en favor de la población y la comunidad. Expresó: “Las desapariciones y otras agresiones ocurren principalmente donde se encuentran territorios indígenas. Lugares donde usualmente se pretende instalar megaproyectos debido a la disponibilidad y estado de conservación de los recursos naturales”. El activista explica que la participación conjunta de múltiples agresores, incluyendo autoridades, empresas privadas y el crimen organizado, incrementa el riesgo para los defensores del medio ambiente y el territorio, ya que dicha colusión origina una violencia estructural y generalizada que hace más difícil la protección de los ecologistas. Coincidió en que la falta de acceso a la justicia contribuye a que continúen ocurriendo desapariciones de activistas ambientales, pues al sufrir agresiones y denunciar, no obtienen medidas de protección adecuadas ni eficientes o incluso no acuden antes las autoridades por la impunidad imperante. “La insuficiencia de investigación en las desapariciones ya ocurridas favorece que dichas agresiones sigan ocurriendo. Falta una política pública integral que aborde las causas estructurales del problema, y de coordinación institucional para la atención y cumplimiento de las medidas de protección controladas por el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas”, comenta. Alanís agregó que “entre los impactos que causan las desapariciones encontramos la desarticulación del movimiento de defensa, lo que funciona como un mensaje intimidatorio en contra de los demás integrantes o activistas”.
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Gobierno federal y Sonora presentan plan integral tras derrame tóxico a más de una década de lo ocurrido por parte de la empresa minera grupo México MEMORANDUM 2.- El gobierno federal y el de Sonora, dieron a conocer que el programa de remediación del río Sonora, tras el derrame de desechos tóxicos ocurrido en 2014, y confirmaron que ya comenzaron a pagarse las indemnizaciones de los trabajadores mineros, de las viudas y de sus familias, una vez concluida la huelga en Cananea. Al respecto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el programa de remediación ambiental y social asciende a 2 mil 222.6 millones de pesos, de los cuales 70 por ciento fueron entregados por la empresa minera Grupo México, 22 por ciento por el gobierno federal y 8 por ciento por el gobierno del estado. Esto es, con el acuerdo alcanzado con la empresa, ésta entregará mil 500 millones de pesos, a los que se suman 59 millones que ya había depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019; el gobierno federal aportó 483.6 millones de pesos y el estado de Sonora con 180 millones de pesos. Adelantó que comenzarán a realizarse las tareas especializadas y detalló que, en materia de justicia ambiental, el establecimiento de mecanismos de restauración en el río Sonora, con estudios para determinar la extensión de los daños en suelos y sedimentos y la implementación de acciones de saneamiento del suelo contaminado. En materia de agua, el fortalecimiento del monitoreo de la calidad del agua del río Sonora, con un centro de visualización de la calidad del agua en tiempo real. Asimismo, se comprará equipo nuevo, se prevén tareas de mantenimiento y se destinará personal certificado para el Laboratorio Regional de Calidad del Agua del Noreste. También, la construcción de 16 nuevas plantas potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección y adecuaciones en cuatro potabilizadoras en operación. En materia de salud, el IMSS-Bienestar mejorará la infraestructura y equipamiento. El actual hospital comunitario en Ures será transformado en hospital regional, con 60 camas, 21 consultorios en especialidad y un área de atención intensiva para atender casos sin necesidad de traslados. Además, se abrirá un centro para la salud renal con servicios de necrología, seis sillones de hemodiálisis, un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología, y el actual hospital se transformará en un albergue para familiares de pacientes hospitalizados. “El Gobierno de México fue firme en la exigencia hacia Grupo México con el cumplimiento de condicionantes para llegar a un buen acuerdo y esto traerá un gran beneficio a las comunidades y a los mineros de Cananea. Hoy culminan 18 años de lucha, es un hecho histórico”, indicó. A su vez, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, recordó que el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre ocasionado por Buenavista del Cobre, del Grupo México, impactó 288.8 kilómetros de la cuenca del Río Sonora, afectó a 20 mil personas de Bavispe, Aconchi, Banámichi, Babiácora y Ures. “Estas afectaciones tuvieron grandes impactos a la salud pública, un acceso muy limitado al agua potable, daños a la economía local, porque se dedicaban también a las actividades agropecuarias”, expuso. En el rubro ambiental, se contaminaron suelos, agua superficial y subterránea, presencia de metales pesados y sustancias tóxicas con grandes afectaciones a la flora y a la fauna del lugar por presencia de arsénico, plomo, cobre, zinc que fueron encontrados en el ganado, en los carnívoros, en los roedores y en las aves. Indica que, después de un diálogo que inició en noviembre con la empresa, el gobierno del estado y distintas áreas del gobierno se logró un convenio para incluir todas las demandas de la población. El acuerdo consiste en que el hospital comunitarios e Ures se convertirá en hospital general, con lo cual se aumenta el número de camas y quirófanos, contará con una unidad monitora de vigilancia epidemiológica y seguimiento toxicológico, una antigua demanda de las comunidades para verificar su salud. Habrá también un laboratorio especializado en metales pesados y un monitoreo sanguíneo permanente, que operará IMSS Bienestar. En materia de agua, se construirán 16 potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección, la recuperación de 6 potabilizadores fuera de operación, que ya existen pero que no están funcionando, y la operación de 22 potabilizadoras y 16 sistemas de desinfección por 5 años. Y en remediación de suelos, se hará un diagnóstico de toda la ribera del río para confirmarlos sitios contaminados. “Hay mecanismos de remediación con evidencia técnica y científica. Se disponen de los sedimentos en celdas que se confinan y finalmente se hace un monitoreo y la restauración ambiental de toda la zona”. La inversión en todos estos rubros será de mil 500 millones de pesos, detalló.
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Sheinbaum abre posibilidad de salida de Marx Arriaga ante supuesta rebelión en la SEP, pero 'dependerá de él' MEMORANDUM 3.- Tras las recientes diferencias al interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que “nadie es portador de la verdad absoluta de la cuarta transformación”, aunque mostró su total apoyo a Mario Delgado. La semana pasada, el director general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, llamara a organizar “contrapesos reales frente a los poderes hegemónicos y los operadores políticos” ya que, aseveró, buscan privatizar la educación, en respuesta secretario de Educación Pública, Mario Delgado, defendió la Nueva Escuela Mexicana como una política de Estado. En conferencia de prensa matutina la mandataria, fue cuestionada sobre el tema expresó: “¿Cuál rebelión interna?”, y al recordar que el movimiento al que pertenece siempre ha luchado por el derecho a la educación, afirmó que ahora se lucha con más fuerza todavía. Enseguida, subrayó: “Nadie es portador, una persona no puede ser portadora de las ideas de la cuarta transformación. ¿Saben quién es el único?, el pueblo de México, es quien nos ve, quien nos mira, quien ve lo que hacemos. Siempre lo he dicho, el legado del ex presidente López Obrador está en el pueblo. El trabajo que hacemos, quién lo juzga?, el pueblo. Entonces, nadie es portador de la verdad absoluta de la cuarta transformación, nadie. Eso le pertenece al pueblo”. No obstante, reconoció que “hay debate interno, es normal que haya debate interno, pero la SEP tiene que cumplir una función que es el derecho a la educación, y está haciendo muy buen trabajo Mario Delgado”, e insistió que “hay quienes no están de acuerdo, pero todos tenemos que trabajar en equipo”. Cuestionada si ¿Arriaga se mantiene en su puesto? “Ya dependerá de él, pero nosotros no… está bien que haya ideas distintas, lo que es importante es que se trabaje en equipo”, respondió. Tras reiterar que Mario Delgado “está haciendo un muy buen trabajo al frente de la SEP”, concluyó: “Hay veces que hay desacuerdos, pero no pasa nada”.
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