Acusa SHCP a Martha Sahagún de haberse quedado con 17 millones de pesos producto de donaciones a Vamos México MEMORANDUM 1.- De cara al 2027, el Movimiento de Regeneración Nacional recurrirá a todas las artimañas que pongan en tela de juicio a sus adversarios, y en ese tenor, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha dado a conocer que la Fundación Vamos México, creada por Marta Sahagún, esposa del ex presidente Vicente Fox, recibió de 2016 a 2023 más de 135 millones de pesos en donativos desde México y el extranjero y erogó poco más de 118 millones. Un análisis elaborado por asesores del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, con base en los Reportes de Donatarias Autorizadas de la SHCP, revelaron que en ese periodo de ocho años, la asociación civil recibió aportaciones en México por 53 millones 868 mil 118 pesos en efectivo, así como de un millón 621 mil 310 pesos en especie. Sin embargo, las donaciones en efectivo que Vamos México recibió desde el extranjero fueron más que las nacionales, con un total de 71 millones 840 mil 883 pesos. En el periodo analizado, las cifras de los donativos desde el extranjero fueron al alza, incluso hasta sextuplicarse, pues en 2016 fueron de 2.5 millones de pesos, mientras en 2022 llegaron a 15.3 millones y en 2023 a 13 millones. Por lo que se refiere a las erogaciones y gastos administrativos y operativos de Vamos México, en los ocho años del estudio ascendieron a 118 millones 56 mil 358 pesos, esto es, una diferencia final de 17 millones 703 mil 352 pesos. Si bien en 2016, la asociación civil de Marta Sahagún reportó un total de donaciones por 9 millones 620 mil 174 pesos –de las cuales 7.9 millones fueron en efectivo y 1.6 en especie–, la SHCP no tiene registradas erogaciones ni gastos administrativos u operativos en ese año por ninguna categoría, incluyendo sueldos y salarios, aportaciones para el retiro y jubilaciones y cuotas para Seguro Social. De acuerdo con la página web de la asociación civil, la Fundación Vamos México “es una organización social sin fines de lucro, la cual inició la filántropa Marta Sahagún de Fox, dando arranque a sus actividades el 24 de septiembre de 2001, durante el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006)”. Su objetivo, indica la organización, es “servir a nuestra nación a través de la ayuda a personas que viven en situación vulnerable, por medio de atención en salud, educación social, desarrollo comunitario, liderazgo compasivo, así como fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil”. Este diario documentó algunas controversias generadas por las acciones de Vamos México, entre ellas la organización de un concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec, la entrega de bicicletas junto con Fundación Azteca –del empresario Ricardo Salinas Pliego–, el reparto de ayuda en desastres naturales y la presentación de la Guía para padres, lanzada junto con Televisa y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entonces dirigido por Elba Esther Gordillo. Tras el escándalo por el costo de sus vestidos durante el sexenio de Fox, Sahagún los subastó.
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Solo faltaba la servil CNDH, pero finalmente externó su discrepancia con el número de desaparecidos en México como lo cita la ONU MEMORANDUM 2.- Solo faltaba la servil Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero el sábado finalmente externó su discrepancia de la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), de solicitar que se lleve el asunto ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Paralelamente arremetió contra las organizaciones civiles que enviaron información a esta instancia, ya que, señaló, están “caracterizadas por su manipulación de las demandas en materia de derechos humanos en nuestro país”. En un pronunciamiento, indicó que la decisión del CED que tiene como fin promover acciones como “cooperación técnica”, “asistencia especializada”, “apoyo financiero”, entre otras, carece no sólo de sustento, sino que propone reproducir dinámicas de una supuesta “colaboración internacional que en el pasado se impulsaban y no condujeron a una mejora real en materia de derechos humanos”. Se trata, insistió, “de las mismas fallidas recetas desde el exterior que ya hemos experimentado, sin entendimiento de nuestra realidad y sin sensibilidad a los avances reales que se han tenido, que en su momento el gobierno federal y esta CNDH comunicaron al CED”. Igualmente, la Comisión Nacional criticó que existen otros escenarios en el plano internacional donde los organismos multilaterales “parecen no tener la más mínima injerencia, ni están interesados en tenerla, a pesar de que lo que está en juego es la estabilidad y paz globales”. Sin embargo, “tal pareciera que estos buscan cobrar relevancia, colocando en el centro de su quehacer la situación de países como México que tratan de lidiar con las herencias de una violencia que por años imperó sin que la comunidad internacional tomara cartas en el asunto como aparenta pretender ahora”. Señaló que para considerar legítima la participación CED en el país, debían de haberse agotado primero las instancias nacionales, además de que, en lugar de tomar en cuenta los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales que se han llevado a cabo por el Estado mexicano en los últimos 7 años, optó por atender la opinión sesgada de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el cual en su informe enviado al Comité “cuestionó sin más los cambios legales e institucionales que se dieron en los últimos meses, los que, según él ‘no son suficientes’, hablando de que se trata de ‘acciones parciales y poco coordinadas entre las instituciones’, las cuales considera que ‘no se constituyen en la Política Nacional que requiere el país’”. Es así, continuó, que más viable le pareció al Centro Prodh acudir a solicitar ayuda del exterior, pasando por encima de lo que establece la propia Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en sus artículos 30 y 31. LA CNDH señaló que “el CED se contradice”, pues en varias ocasiones ha sostenido que la llamada guerra contra el narcotráfico, impulsada por ex presidente panista Felipe Calderón, tuvo una estrecha correlación con la situación de las desapariciones forzadas desde 2006. Pero en su último comunicado, ahonda, menciona que “aun cuando dicha política ha dado lugar a violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos y a delitos graves contra gran parte de la población civil, el Comité no encuentra indicios fundados de que el enfoque militarizado de la seguridad pública pueda equipararse en sí mismo a una política federal que implique necesaria e intencionalmente la comisión de desapariciones forzadas”. Cuestionó si “se les ha olvidado a los integrantes del CED que el gobierno de Felipe Calderón tuvo a un secretario de seguridad pública sentenciado en un tribunal de Nueva York por sus vínculos con el crimen organizado”. La CNDH también defendió su trabajo en cuanto atender el flagelo de las desapariciones, expuso que durante los últimos años ha documentado y recomendando el esclarecimiento de las desapariciones sucedidas en los periodos de la llamada “Guerra Sucia” (1951-1990) y el de la “Guerra contra el narcotráfico” que tuvo lugar de los años 2006 al 2012. Enfatizó que los casos de desapariciones forzadas cometidas por autoridades federales han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer. En la presente gestión de la CNDH, apuntó, se han emitido 14 recomendaciones por desaparición forzada que abordan hechos de años anteriores, que no fueron atendidos en su momento. Sin embargo, también ha emitido 5 recomendaciones sobre hechos recientes, atendidos de la manera más expedita.
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Al menos 32 de las 48 playas afectadas por hidrocarburo ya se encuentran sin arribazón, 7 en Tabasco y 25 en Veracruz MEMORANDUM 3.- Según el gobierno federal, se "mantiene el operativo interinstitucional para la atención de la presencia de hidrocarburo en el litoral del Golfo de México" por lo que, 32 de las 48 playas afectadas ya se encuentran sin arribazón (7 en Tabasco y 25 en Veracruz), siendo recolectadas 894 toneladas de chapopote, de los cuales 853.6 toneladas corresponden a playas y 40.6 toneladas al mar. En las acciones de limpieza y recolección participan 3 mil 365 elementos, y sus actividades se han extendido a más de "630 kilómetros de costa, así como operaciones marítimas y aéreas, incluyendo sobrevuelos de reconocimiento en la Sonda de Campeche y el complejo Cantarell, además de muestreo de hidrocarburo con su respectiva cadena de custodia e inspección de embarcaciones". En estas acciones se emplean 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, nueve aeronaves, así como tres drones aéreos y tres submarinos, tanto en la recolección de hidrocarburo como en tareas de vigilancia, monitoreo y contención. Puntualizan las autoridades que se han colocado 2 mil metros de barrera, y se utilizarán alrededor de 17 mil metros más para "apoyar los esfuerzos de contención" de combustible que pudiera afectar las actividades turísticas, empresariales o pesqueras. "De manera complementaria, se mantienen recorridos en distintas zonas, incluyendo la franja fronteriza de Tamaulipas, donde se han atendido aproximadamente 15 kilómetros de litoral, así como labores de inspección en embarcaciones en zonas como el fondeadero de Coatzacoalcos para evitar posibles vertimientos", indica el informe gubernamental. Además, se dio a conocer que el Observatorio Permanente del Golfo de México, que se encargará de "monitorear el cambio climático, la biodiversidad y los riesgos ambientales" trabajará a partir de ahora bajo un modelo integral que combina infraestructura de monitoreo en campo (boyas oceanográficas, estaciones meteorológicas y mareógrafos) con tecnología satelital, plataformas digitales y modelos predictivos para generar información científica en tiempo real".
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