CNPI exige que haya participación indígena y afromexicana en los trabajos de la Comisión redactora de la Reforma Electoral MEMORANDUM 1.-
Amarrándose el dedo antes de la cortada, en un pronunciamiento conjunto, que más que preventivo pareciera que busca luces, el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas hizo un “enérgico llamado a las fuerzas políticas conservadoras y a sus voceros, para que se abstengan de realizar expresiones racistas y discriminatorias” hacia el futuro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el abogado mixteco, Hugo Aguilar Ortizle ha discriminado ni minimizado, aunque si se cuestiona su nivel de adiestramiento académico, que está muy lejos del que posee la ministra Norma Lucía Piña Hernández. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemoró el sábado, Yaneth Cruz Gómez, coordinadora general del Consejo criticó a aquellos que minimizan el respaldo que los pueblos originarios brindaron con su voto a Aguilar Ortiz y a quienes no reconocen su larga trayectoria profesional y su trabajo comunitario al lado de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y “niegan que su triunfo ha sido el resultado nuestro apoyo decidido”. En la una ceremonia con motivo de la conmemoración, la cual se realizó en el Complejo Cultural Los Pinos, Cruz Gómez dijo que el Consejo reconoce la Reforma al Poder Judicial, por medio de la cual ha sido posible su “renovación y purificación” por medio de las pasadas elecciones, lo que permitió que “por primera vez los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tengamos un ministro presidente indígena que ganó por el voto popular, en particular por el voto indígena y afromexicano”. En tal sentido demandó a la nueva SCJN, a sus ministras y ministros, que incorporen con determinación la perspectiva del pluralismo jurídico y la creación de mecanismos institucionales para el reconocimiento de la jurisdicción indígena. En torno a la próxima reforma en materia electoral, las y los integrantes del Consejo expusieron que ésta deberá garantizar los derechos de participación y representación de nuestros pueblos. “En especial deberá hacer posible nuestra plena y efectiva representación en el Congreso de la Unión y los congresos de las entidades federativas. Además, deberá permitir la postulación directa de los pueblos a través de sus asambleas, realizar la elección en municipios indígenas bajo sus propios sistemas normativos y sin intervenciones externas, conforme a la composición multiétnica y pluricultural de nuestro país y atendiendo a nuestros principios y procedimientos democráticos.” Por ello exigieron que haya participación indígena y afromexicana en los trabajos de la Comisión redactora de la Reforma y acotaron que como resultado habrá una legislación que garantice que no habrá más usurpación ni cargos simulados para ocupar los espacios que por historia corresponden a los pueblos originarios. Asimismo demandaron la definición de los mecanismos y procedimientos para garantizar la representación de los pueblos indígenas y afromexicanos en la Cámara de Diputados y en el Senado. También condenaron todas las expresiones de racismo y discriminación en contra de los pueblos y comunidades, y en tal sentido respaldaron a la comunidad Zapoteca de Villa Hidalgo Yalalag de Oaxaca, “por ser una víctima más de la apropiación indebida de elementos de su patrimonio cultural por una empresa y diseñador extranjeros”. Esa situación, aseguraron, constituye otro acto de agresión cultural y de neocolonialismo. “Por ello, exigimos que se lleve a cabo una acción de disculpa pública por dicha empresa y diseñador, acompañada de la reparación del daño correspondiente, en acuerdo con la comunidad afectada.”
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Indispensable que se definan lineamientos al aplicar Ley Silla: CANACO; Falta establecer la duración de los tiempos de descanso MEMORANDUM 2.-
La Ley Silla ha generado una gran incertidumbre operativa y jurídica en muchos sectores, principalmente comercio, servicio y turismo, asegura el presidente de la CANACO Xalapa, Luis Francisco Llera Hernández. No obstante, subrayó que en muchos negocios la norma reconoce el derecho de las personas trabajadoras a contar con sillas con respaldo para que los empleados puedan sentarse y descansar periódicamente y hacer pausas activas durante su jornada. Sin embargo, el empresario señala que dicha ley no establece lineamientos técnicos mínimos, no define una duración, frecuencia ni criterios por tipo de actividad, delegando muchas veces al empleado la responsabilidad de determinar los esquemas de descanso. En ese sentido, dice que para CANACO Xalapa resulta indispensable que se definan lineamientos para establecer los horarios de los trabajadores que laboran todo el día de pie y que puedan sentarse. En ese tenenor, Llera Hernández hizo un llamado a las autoridades competentes a revisar y armonizar la aplicación de esta norma, con el fin de evitar afectaciones a la productividad y brindar certeza tanto a empleadores como a trabajadores. El pasado 17 de julio entraron en vigor las disposiciones que fijó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para la prevención de riesgos y el cumplimiento del derecho al descanso establecido con la Ley Silla, si bien los lineamientos dan claridad sobre cómo determinar el espacio para colocar los asientos que se otorgarán para el reposo o analizar el nivel de riesgo al que están expuestos los trabajadores, pero no detalla es el tiempo y la frecuencia de las pausas.
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Tras orden ejecutiva de Trump, en riesgo libertad de Maduro en Venezuela y carteles y políticos vinculados en México MEMORANDUM 3.-
No era rumor ni mucho menos una información inventada por los medios. Por el contrario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden secreta instruyendo al Pentágono a emplear la fuerza militar contra cárteles de droga de varios países que antes fueron designados organizaciones terroristas, incluidos México, Venezuela, Haití y El Salvador, reportan múltiples medios estadunidenses. En Venezuela, el Gobierno estadounidense ofrece 50 millones de dólares a quien aporte informes para lograr la captura del Presidente de aquella Nación, Nicolás Maduro, mientras que en México varios cárteles, incluidos políticos ligados a estos, estarían en la mira. La orden ofrece la base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en aguas y terreno extranjero contra los cárteles, reportó primero el New York Times. En seguida, otros medios señalaron que el Pentágono prepara opciones militares, incluido el uso de fuerzas especiales, apoyo de inteligencia y precisando blancos de cárteles. En su primer mandato, Trump propuso bombardear unilateralmente objetivos en México, pero esa propuesta fue descartada por sus asesores militares. No se ha revelado si la nueva orden incluye algo parecido. De hecho, las primeras versiones reportadas de esta orden carecen de detalle sobre si la acción militar estadunidense sería unilateral o en cooperación con los gobiernos de los países donde están ubicados dichos cárteles. Cualquier acción militar sería coordinada con México y otros socios extranjeros, reportó el Wall Street Journal, pero otros medios no incluyeron ese detalle. El Journal señaló que en abril Trump “presionó a la presidenta Claudia Sheinbaum para que permitiera un mayor involucramiento de los militares estadunidenses en la lucha contra los cárteles (…) y ha amenazado con realizar acción militar unilateral contra los cárteles si México no toma acciones más drásticas para desmantelarlos”. Washington ya había incrementado sus vuelos militares de vigilancia sobre México, y un funcionario estadunidense comentó a Reuters que la orden que firmó Trump daría, entre otras cosas, autoridad a la Marina de Estados Unidos para realizar acciones en el mar, incluidas operaciones de interdicción de drogas, así como incursiones militares selectivas. Pero otro funcionario comentó a esa agencia que acciones militares contra los grupos designados no parecían ser inminentes. Anna Kelly, una vocera de la Casa Blanca, comentó al New York Times que la principal prioridad de Trump es la protección de la patria, y es por ello que tomó el paso audaz de designar a varios cárteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras. Esto parece ser bastante consistente con todo lo que ha hecho el gobierno de Trump hasta la fecha, explicó el analista militar Dan DePetris, de la organización investigadora Defense Priorities en entrevista con La Jornada. La CIA está incrementando sus vuelos de vigilancia cerca de áreas infestadas por cárteles, deliberando sobre el posible uso de ataques con drones contra laboratorios de fentanilo y ha reiterado que la defensa de la patria es ahora la principal prioridad de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Pero DePetris agregó: ahora mismo, la cooperación antinarcóticos entre Estados Unidos y México ha sido mucho mejor que lo que se pensaba antes. El gobierno de Sheinbaum ha sido más cooperativo en sus primeros ocho meses que el de Andrés Manuel López Obrador durante seis años. Y por eso me deja perplejo, porque el gobierno de Trump arriesgaría minando eso con un plan como éste, más aún si el gobierno mexicano no está involucrado. Los políticos mexicanos tienen desacuerdos en muchas cosas, pero casi todos coinciden en que la acción unilateral estadunidense en México no será tolerada. No obstante, aun antes de que Trump iniciara su segundo periodo en la Casa Blanca, él había contemplado acción militar contra los cárteles en México y otros países. La decisión al inicio de este gobierno de designar a los cárteles como organizaciones extranjeras terroristas que representan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos le permite ordenar acciones militares unilaterales sin aval del Congreso. El secretario de Estado, Marco Rubio, aludió a este cambio de vocabulario en una entrevista el jueves: Lo que cambia es que nos da la autoridad legal para apuntar a éstos de manera que no se puede hacer si fueran solamente un montón de delincuentes. Ya no es un asunto de la policía. Se convierte en un asunto de seguridad nacional, dijo a Catholic Television Network. Pero expertos han sugerido mayor cautela sobre acciones militares de este tipo, sobre todo con países como México. La cooperación militar-a-militar actual entre Estados Unidos y México es bastante buena, a pesar de la retórica de algunos líderes estadunidenses, explicó el coronel retirado Craig Deare, ex agregado militar de la embajada de Estados Unidos en México en los 90 y ahora profesor en el Colegio Nacional de Guerra. Advirtió, en entrevista con La Jornada, que cualquier acción militar unilateral por Estados Unidos tendría un impacto negativo devastador sobre el actual nivel de cooperación. No hay un precedente reciente por la acción militar estadunidense en Mexico, agregó Deare. Sin embargo, esa designación no es sólo para los cárteles en México; recordó que Estados Unidos utilizó una autorización parecida para enviar 20 mil soldados a invadir a Panamá en 1989 en la operación Causa Justa. En esa intervención, Estados Unidos derrocó y capturó al presidente Manuel Antonio Noriega y lo deportó a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. La política estadunidense ahora podría considerar el uso de fuerza militar bajo ciertas circunstancias, dijo Deare. “El caso del régimen de [Nicolás] Maduro en Venezuela podría serlo. El comentario reciente de la procuradora general Pam Bondi de calificar a Maduro como ‘uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza a nuestra seguridad nacional’, podría estar preparando el escenario para una acción militar”.
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