Salieron de la pobreza 500 mil indígenas en el sexenio de AMLO, asegura INPI; pero el principal problema es el rezago educativo MEMORANDUM 1.-
La población indígena en situación de pobreza disminuyó 9.5 por ciento durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya que pasó de 70.3 por ciento en 2018 a 60.8 por ciento en 2024, destaca el
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), al retomar el informe de medición de la pobreza multidimensional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “En términos absolutos, esto significó que 500 mil personas indígenas salieran de pobreza durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, la población indígena en situación de pobreza extrema disminuyó en 4.2 puntos porcentuales, es decir, 0.3 millones de personas indígenas salieron de esta condición.” Detalla que mientras en 2018, la población indígena en situación de pobreza extrema ascendía a 3.2 millones para 2024, se redujo a 2.9 millones. El INPI destaca que uno de los principales factores que explican esta reducción es la mejora del ingreso de la población indígena, ya que el porcentaje de personas que no contaba con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias pasó de 36.2 por ciento en 2018 a 29.1 por ciento en 2024, lo que representó que 600 mil personas alcanzaron ingresos dignos. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), evidencian, además, que los ingresos de la población hablante de alguna lengua indígena se duplicaron, ya que pasaron de 8 mil 369 pesos trimestrales en 2018 a 17 mil 63 en 2024. “Es muy importante que las condiciones de las personas indígenas estén mejorando en lo individual; sin embargo, también es necesario atender aspectos de la vida colectiva que inciden en su situación de pobreza, por ello, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, se está buscando mejorar temas como la salud, educación e infraestructura”, resalta el INPI en su análisis. Uno de los principales retos para cerrar la brecha de desigualdad con la población no indígena es el acceso a la educación, ya que en 2024 el 36.3 por ciento presentaba rezago educativo, frente al 24.2 por ciento de la población nacional. En este aspecto, el gobierno trabaja en la mejora de las oportunidades educativas y de alimentación. “Un ejemplo es el Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI) del INPI, que brinda recursos y servicios para la niñez y juventud indígena, incluyendo comedores que ofrecen alimentación y actividades complementarias a estudiantes indígenas en escuelas públicas, especialmente aquellos que provienen de comunidades sin opciones educativas cercanas.” Esos comedores operados por instancias comunitarias, reciben recursos del INPI en insumos para la preparación de alimentos y artículos de higiene, su funcionamiento ha contribuido a mejorar la alimentación de la niñez indígena. Lo anterior, se refleja en la disminución de la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en la población indígena, que pasó de 35.9 por ciento en 2018 a 26.9 por ciento en 2024. “En el marco del PAEI se atendió a 83 mil 056 niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes indígenas en mil 400 Casas y Comedores, durante el ciclo escolar 2024-2025, con un presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2025 de mil 980 millones 234 mil 152 pesos. Así, las personas beneficiarias ejercieron su derecho a una alimentación sana, además de culturalmente pertinente, coadyuvando así a la disminución de su situación de pobreza multidimensional.” Asimismo, en el Programa de Caminos Artesanales prioriza la pavimentación de caminos que conectan cabeceras municipales y comunidades indígenas, facilitando el acceso a servicios básicos que permitan el desarrollo integral de las comunidades marginadas, especialmente aquellos con población indígena. “Del año 2018 al 2024, los municipios y comunidades indígenas de 15 estados pavimentaron 4 mil 299.70 kilómetros en 473 caminos con una inversión de 19 mil 844.88 millones de pesos. En el 2025, se trabaja en 157 caminos con una meta de 455.97 kilómetros, y una inversión de 3 mil 204.25 millones de pesos.” Los caminos artesanales son construidos por las comunidades indígenas, mediante la administración directa de los recursos, con base en su organización y participación comunitaria, con mano de obra local de hombres y mujeres, generando ingresos y fortaleciendo la economía local y regional.
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Corte avala extensión de mandatos judiciales en Yucatán hasta seis años más quien dijo q no se podía MEMORANDUM 2.-
En sesión, la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dejarán el cargo el 31 de agosto rechazaron invalidar disposiciones de la reforma judicial de Yucatán que amplían hasta 2036 e incluso 2042 los periodos de magistrados, algunos vinculados al exgobernador panista Mauricio Vila Dosal por haber sido propuestos por él, en su momento, para magistraturas. En la última sesión del actual Pleno, la ministra Loretta Ortiz Ahlf presentó un proyecto que proponía anular, entre otros puntos, los artículos transitorios séptimo y octavo del decreto 55/2025 —reforma constitucional local promulgada en marzo pasado—, al considerar “injustificada” la extensión de mandatos que, dijo, desnaturaliza el modelo federal y contraviene la Constitución. Dicho decreto fue impugnado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través de dos acciones de inconstitucionalidad. “Esto último permite que en Yucatán sobrevivan distintas normas que contradicen el fin de la reforma judicial de septiembre de 2024”, advirtió la ministra Ortiz. Los transitorios fijaron plazos extraordinarios para el Tribunal de Disciplina Judicial: quienes resulten electos en 2025 o 2026 concluirán en 2033 y 2036, y los de 2027 hasta 2036 y 2042, con lo que se prolonga de forma excepcional la duración de los cargos. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo defendió que estas reglas dieron certeza tanto a candidatos como a votantes y que no puede invalidarse ahora una norma sobre un proceso electoral ya concluido. En tanto, el ministro Javier Laynez sostuvo que la acción no es de materia electoral sino constitucional, como lo determinó también el Tribunal Electoral. Por su parte, la ministra Lenia Batres coincidió en que la renovación escalonada es válida, pero advirtió que plazos de 11 y hasta 15 años son desproporcionados e inconstitucionales, al rebasar los períodos de cinco y ocho años previstos en la Constitución federal. Sin embargo, el Pleno de la Corte determinó que los artículos séptimo, octavo y noveno del decreto sólo sirvieron para organizar la elección extraordinaria de magistrados de 2025, la cual ya se realizó y se declaró válida. Por eso, esos artículos ya no tienen efecto y la Corte decidió sobreseerlos, es decir, no analizarlos. Por otra parte, invalidó una parte del artículo 64, porque permitía que el Congreso local creara nuevos tribunales por ley, algo que solo puede hacer la Constitución federal.
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Una vez más, Tesoro de EU extiende plazo para prohibir ciertas transferencias a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa MEMORANDUM 3.-
De nueva cuenta el plazo la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió para que entren en vigor las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa y los bancos estadunidenses dejen de manejar fondos con estas instituciones Con esta segunda prórroga las penalizaciones entrarían en vigor el 20 de octubre, se busca no afectar el flujo financiero entre ambos países. Las sanciones contra las instituciones financieras “que operan fuera de Estados Unidos y que se consideran de principal preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”, de inicio entrarían en vigor el 30 de junio de 2025. Sin embargo, luego de una primera prórroga el 11 de julio de 2025, ahora lo harán el 20 de octubre, casi cuatro meses después de que las autoridades estadunidenses soltaran el golpe de credibilidad sobre los bancos y la casa de bolsa mexicanos. “El Tesoro y el gobierno de México continúan avanzando en los esfuerzos conjuntos para salvaguardar a nuestras instituciones financieras y economías de los cárteles terroristas y sus actividades de lavado de dinero”, justifica Jimmy Kirby, subdirector de la FinCEN, al anunciar la medida. El 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a CIBanco, Intercam y Vector de facilitadores de lavado de dinero de los cárteles de la droga, por un monto de al menos 46 millones 591 mil dólares y de inicio dio 21 días a los bancos estadunidenses para cortar cualquier transferencia de fondos que involucre a estas instituciones financieras. Sin embargo, el traspaso de los fideicomisos, que pegaría directamente a inversionistas de Estados Unidos, es uno de los pendientes para que CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa dejen de operar sin afectar de manera importante el flujo financiero entre ambos países.
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