CIDH declaró la responsabilidad del Estado mexicano por la violación sexual, lesiones graves y la falta de atención médica que provocaron la muerte de Ernestina Ascencio Rosario; Camioneta vuelca en la carretera Orizaba-Zongolica con saldo de daños materiales cuantiosos MEMORANDUM 1.- Durante una sesión celebrada en San José Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación sexual, lesiones graves y la falta de atención médica que provocaron la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena de 73 años, ocurrida en 2007 en la Sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz. El vicepresidente de la CIDH, Rodrigo Mudrovitsch, dio lectura a la sentencia aprobada por mayoría, en la cual se informó a la representación de las víctimas y del Estado Mexicano que México violó los derechos a la vida, integridad personal, salud y vida privada, previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “El Estado incumplió su obligación de investigar con la debida diligencia y de garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad”, estableció el fallo, al reconocer como víctimas también a los hijos de Ernestina Ascencio Rosario. La Corte determinó que el caso estuvo marcado por irregularidades, cambios injustificados en los dictámenes periciales y un contexto de discriminación hacia la víctima por ser mujer indígena, adulta mayor y monolingüe. De igual forma, concluyó que México incumplió sus obligaciones internacionales para prevenir la violencia contra la mujer y la tortura, así como para garantizar el derecho a la verdad. Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó reabrir la investigación para identificar y sancionar a los responsables, brindar atención médica y psicológica a la familia y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Así las cosas…UNA CAMIONETA particular que presuntamente viajaba a exceso de velocidad volcó sobre la carretera federal 123 Orizaba-Zongolica, poco antes de llegar a la Cabecera Municipal de San Andrés Tenejapan. Las autoridades no reportaron personas lesionadas ni fallecidas, solo el cierre parcial de la circulación vehicular y daños materiales cuantiosos, ya que la unidad fue declarada pérdida total. De acuerdo con los reportes, el percance ocurrió alrededor de las 6 de la tarde de este martes 16 de diciembre sobre el tramo carretero que comprende de Tlilapan a Tequila, con dirección a la zona serrana de Zongolica. Se informó que el conductor de la camioneta marca Toyota Hilux L200, de color blanco y doble cabina con batea, perdió el control debido al exceso de velocidad, chocó contra el cerro y terminó con las cuatro llantas al aire. Luego del impacto, al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como personal de Protección Civil Local, quienes tomaron conocimiento y confirmaron que no había personas lesionadas ni fallecidas, solo daños materiales y el cierre parcial del sector. Más tarde, al sitio acudieron autoridades de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes tomar un conocimiento y solicitaron el personal de grúas realizar las maniobras correspondientes para levantar la unidad y posteriormente remolcarla a un corralón para el deslinde de responsabilidades, además de restablecer la circulación vehicular.
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Insiste alcaldesa electa de Veracruz que Ciudad Industrial Bruno Pagliai será municipalizada MEMORANDUM 2.- Al destacar que se trata de la ciudad industrial más grande del país, pero también de una de las más abandonadas, la alcaldesa electa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, anunció que la Ciudad Industrial Bruno Pagliai será municipalizada, lo que permitirá al Ayuntamiento hacerse cargo directamente de los servicios públicos y del orden administrativo en esa importante zona industrial. Hernández Espejo destacó que la municipalización permitirá mejorar infraestructura, servicios y atraer nuevas inversiones. La alcaldesa electa refirió que el proceso se realiza con el respaldo del Gobierno del Estado y que la zona industrial será recibida saneada y sin deudas, para posteriormente implementar ordenamiento a través del catastro municipal, alumbrado público, calles y servicios básicos. “La municipalización nos permitirá poner orden, generar ingresos para el municipio y devolverlos en servicios. Queremos que las empresas se instalen donde deben estar y no en zonas habitacionales”, afirmó. Por último, Rosa María Hernández afirmó que esta medida impulsará la llegada de capital, fortalecerá la economía local y contribuirá al desarrollo ordenado de la ciudad de Veracruz.
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Revelan que 23 consejeras y consejeros universitarios de la UV fueron excluidos del acceso a la sesión del Consejo General MEMORANDUM 3.- Es una tras otra al interior de la Universidad Veracruzana. Y es que, por si no fuera suficiente con los pronunciamientos de protesta en contra de la prórroga del rector Martín Aguilar Sánchez, durante la reciente sesión del Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana se registró un hecho que fue calificado como grave, irregular e inaceptable, luego de que al menos 23 consejeras y consejeros universitarios fueron excluidos del acceso a la sesión, lo que vulnera los principios de legalidad, representación democrática, deliberación colegiada y autonomía universitaria. A través de un comunicado, el Dr. Rafael Vela Martínez, consejero universitario y ex aspirante a la Rectoría, aseguró que entre las personas excluidas se encuentran consejeros alumnos de las facultades de Pedagogía, Antropología y Biología, así como consejeras académicas del Instituto de Ciencias de la Salud, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y del Instituto de Investigaciones Biomédicas, lo que implicó la sustracción de voces representativas de distintos sectores y áreas del conocimiento de la comunidad universitaria. En el pronunciamiento se recuerda que el Consejo Universitario General es el máximo órgano colegiado de gobierno de la Universidad Veracruzana, de acuerdo con su Ley de Autonomía, Ley Orgánica y Estatuto General, por lo que su integración plena no constituye una concesión administrativa, sino una exigencia normativa. La exclusión se habría justificado en un retraso ocasionado por un hecho fortuito y verificable, derivado de un accidente vial mortal ocurrido en el bulevar Xalapa–Banderilla. Sin embargo, se denunció que esta medida carece de razonabilidad y proporcionalidad, sobre todo ante la existencia de precedentes en los que, frente a situaciones similares, se ha ampliado el margen de tolerancia para garantizar la representación completa del órgano. De acuerdo con el pronunciamiento, esta decisión vicia de origen la deliberación y pone en entredicho la validez política y eventualmente jurídica de los acuerdos adoptados. El comunicado advierte como particularmente preocupante que el acceso al anexo de la Sala Tlaqná haya sido resguardado por personal de seguridad privada, identificado como escoltas, situación que se considera inédita pero que comienza a convertirse en una constante en la historia reciente del Consejo Universitario General. “La presencia de estos dispositivos de control, sumada a la negativa de acceso a consejeros críticos, es señalada como un ambiente de intimidación incompatible con un órgano colegiado autónomo”, refirió. La gravedad de los hechos, se subraya, se acentúa debido a que el Consejo Universitario General sesionaba para discutir asuntos de la mayor trascendencia jurídica e institucional, relacionados con la prórroga del mandato rectoral. En ese contexto, se recuerda que la normatividad universitaria establece que el cargo de rector o rectora tiene una duración determinada, que su designación y relevo deben sujetarse a procedimientos expresamente previstos y que no existe disposición normativa que faculte una prórroga automática, extraordinaria o discrecional. Ante la existencia de dudas fundadas sobre la legalidad de una decisión de la Junta de Gobierno, se afirma que el Consejo Universitario General no solo puede intervenir, sino que tiene la obligación institucional de hacerlo, ya que cada consejera y consejero universitario representa a una comunidad académica y estudiantil, no a una autoridad administrativa. La exclusión, se afirma, no es un hecho individual, sino colectivo y estructural, que afecta la legitimidad del órgano y sienta un precedente considerado peligroso al permitir que la participación en el Consejo pueda condicionarse cuando la deliberación resulta incómoda. Por lo anterior, académicos y estudiantes de la Universidad Veracruzana exigieron públicamente que se reconozca y documente la exclusión ocurrida, que se informe formalmente al Consejo Universitario General sobre lo sucedido y sus implicaciones, que se cuestione la validez política y procedimental de las decisiones adoptadas sin representación plena y que se reafirme el carácter autónomo, deliberativo y colegiado del máximo órgano de gobierno universitario. Por último, Vela Martínez sostuvo que la autonomía se defiende ejerciéndola y que la legalidad se preserva exigiéndola, al tiempo que llamó a garantizar claridad, legalidad y respeto a las instituciones universitarias. Así las cosas.
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