Anuncia titular de la SEP reforma administrativa y digital de fondo en el nivel medio superior para el 2026 MEMORANDUM 1.- De acuerdo con Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para 2026 la dependencia alista una reforma administrativa y digital de fondo en el nivel medio superior, con la intención de que los estudiantes tengan mejores condiciones para aprender, permanecer en la escuela y concluir sus estudios. El Secretario adelantó que estos cambios implican actualizar el marco jurídico del bachillerato en todo el país. Delgado Carrillo recordó que durante 2025 ya se dieron pasos importantes, como la digitalización de los certificados de bachillerato, a la par, explicó que se revisará el Convenio Marco de Coordinación con los estados para la prestación de este nivel educativo, un documento que no se actualiza desde 2009 y que ahora se busca ajustar para dejar claras las responsabilidades entre la Federación y las entidades federativas. Como parte de esta transformación, la SEP trabaja en la actualización de todas las reglas de registro escolar del bachillerato, con la meta de crear un sistema informático nacional que concentre la matrícula, los procesos de ingreso y egreso, así como la expedición de un certificado único de Educación Media Superior. También está en marcha la revisión de los lineamientos de registro escolar y portabilidad de estudios, para que los alumnos puedan cambiar de institución sin trabas y continuar su formación de manera efectiva. En el terreno administrativo, el secretario señaló que se busca eliminar la repetición innecesaria de trámites y documentos entre autoridades federales y locales, facilitar la verificación interna de certificados, quitar la legalización de documentos estatales y evitar que la reinscripción se condicione por materias reprobadas. Sobre este último punto, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que las materias no acreditadas han sido uno de los principales factores que empujan a las y los estudiantes a abandonar el bachillerato, debido a reglas rígidas que impedían seguir estudiando al reprobar cierto número de asignaturas. “La escuela terminaba siendo el principal motivo de salida. Queremos cambiar eso y establecer un criterio nacional”, aseguró. Rodríguez Mora afirmó que también se trabaja en ampliar los periodos de inscripción y los plazos para entregar documentos, como los certificados de secundaria, ya que estos tiempos solían convertirse en un obstáculo para la continuidad escolar. Destacó que es clave la coordinación entre la SEP y las autoridades educativas estatales para construir una plataforma nacional de gestión y registro que permita dar seguimiento puntual a lo que ocurre en este nivel. Por último, destacó que la revisión integral del marco jurídico busca hacerlo más moderno, ágil y acorde al uso de nuevas tecnologías, con el respaldo de autoridades educativas federales y locales, para transformar la administración del bachillerato y poner al centro a las y los estudiantes.
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Fallecen dos jóvenes motociclistas tras impactarse contra una camioneta en la carretera federal 180, en Tecolutla; Joven de 23 años se habría privado de la vida al interior de su vivienda, en La Perla MEMORANDUM 2.- Dos jóvenes sin vida y daños materiales cuantiosos fue el saldo de un fuerte accidente registrado la mañana de este domingo en la carretera federal 180, a la altura de la curva conocida como “El Triunfo”, en el municipio de Tecolutla. El percance involucró a una camioneta y una motocicleta en la que viajaban dos jóvenes. Los hechos ocurrieron sobre la carretera federal 180, en el tramo Gutiérrez Zamora–Tecolutla, a la altura de la curva conocida como “El Triunfo”, un punto señalado por automovilistas como de alta peligrosidad. De acuerdo con los reportes, en la motocicleta viajaban dos jóvenes de aproximadamente 20 años de edad, quienes se impactaron de frente contra la camioneta. Luego del fuerte choque, una joven identificada con las iniciales M.G.P.C. perdió la vida de manera instantánea en el lugar del accidente, en tanto el segundo ocupante de la motocicleta identificado como C.Y.G.M., resultó con lesiones de gravedad y fue trasladado de urgencia a un hospital donde más tarde perdió la vida. Tras el reporte de los hechos, al sitio acudieron elementos de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y a la conductora de la camioneta involucrada en el accidente, posteriormente, elementos de la Policía Municipal procedieron al acordonamiento del área y montaron guardia para preservar la escena. Más tarde, al sitio arribó personal de la Policía Ministerial y de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos, así como la recopilación de indicios para integrar la carpeta de investigación. Las autoridades informaron que continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades y esclarecer las causas del accidente...UN JOVEN de 23 años fue hallado sin vida en el interior de su vivienda ubicada en la localidad Ocoxotla, en el municipio de La Perla, luego de que presuntamente decidió acabar con su existencia ahorcándose con una cuerda. El deceso generó la movilización de los cuerpos policiacos, de emergencia y rescate, además de autoridades de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con los reportes, los padres del joven lo encontraron colgado de una cuerda al interior de su vivienda ubicada a un costado de la carretera a Loma Grande, al lado de la "Antena" de Ocoxotla. A pesar de que lo descendieron y solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia y rescate, los paramédicos de Protección Civil Municipal confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales. Tras confirmarse el fallecimiento, elementos de la Policía Municipal solicitaron la intervención de las autoridades ministeriales, arribando al lugar personal de la Fiscalía Regional de Justicia del XV Distrito con sede en Orizaba, peritos forenses y elementos de la Policía Ministerial quienes tomaron conocimiento, integraron una carpeta de investigación y efectuaron el levantamiento del cuerpo. De acuerdo con los protocolos, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del SEMEFO Regional de la colonia Francisco Ferrer Guardia, de Orizaba, para la necrocirugía de rigor.
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Maduro y su esposa podrían enfrentar sentencias de entre 20 años de prisión a cadena perpetua, por narcotráfico MEMORANDUM 3.- Todo parece indicar que una sentencia por crimen organizado en contra de Nicolás Maduro está cerca. Y es que, junto a él, su esposa Cilia Flores, enfrentan cargos formales en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que, de concretarse, marcarían un punto sin precedentes en las relaciones internacionales y en la lucha global contra el narcotráfico. Por lo pronto, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que ambos han sido acusados por múltiples delitos, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer armas de guerra contra territorio estadounidense. Los cargos, presentados en el Distrito Sur de Nueva York, reflejan décadas de investigación de agencias como el Departamento de Justicia y la DEA con base en investigaciones iniciadas formalmente en 2020. Esta serie de acusaciones no se tratan de un caso aislado o fortuito, ya que tienen un contexto más profundo que se remontan a principios de la década pasada. Específicamente, desde 2020, año en el que las autoridades estadounidenses acusaron a Maduro y a otros altos funcionarios venezolanos de liderar y proteger una estructura criminal conocida como el “Cartel de los Soles”, supuestamente dedicada a exportar enormes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense y coordinar con grupos como las FARC de Colombia. Tales operaciones no eran simples actividades de contrabando, sino una red de funcionarios nacionales y narcotraficantes que aprovecharon instituciones estatales, rutas legales y militares para movilizar droga, socavar la seguridad y, según los fiscales, “utilizar el narcotráfico como arma contra Estados Unidos”. Para muchos venezolanos, la figura de Maduro representa un líder que ha estado en el poder desde 2013, con un país profundamente dividido y en crisis económica, social y humanitaria. No obstante, para otra fracción, representa la liberación de un pueblo que combatía el flagelo de una dictadura. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York también señala en esta declaratoria que desde 1999, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello Rondón y Ramón Rodríguez Chacín se habrían vinculado con grupos “terroristas” y de narcotráfico, tales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); el Ejército de Liberación Nacional (ELN); Cartel de Sinaloa; Los Zetas y el Tren de Aragua. Las acusaciones afirman que los personajes antes señalados habrían establecido alianzas internacionales, con el fin de perpetrar una red de tráfico de drogas a nivel internacional, pero específicamente hacia los Estados Unidos. El documento acusa a Ramón Rodríguez Chacín de incubar una escuela de entrenamiento especializado con miembros de las FARC, quienes contribuyeron al fortalecimiento de esta red criminal en Venezuela. A cambio de ello, Chacín habría aceptado sobornos millonarios para encubrir estas acciones a cambio de fungir como un escudo protector para los cabecillas de estas células del narco. Otro punto a destacar es que el Tribunal apunta a que en 2011, el Cártel de Sinaloa, liderado por Iván Archivaldo Guzmán, más conocido como “El Chapo”, financió laboratorios de cocaína en Colombia. El estupefaciente era transportado desde este país bajo la protección de las FARC hacia Venezuela. Más tarde, con la llegada a la presidencia en septiembre de 2013, Nicolás Maduro comenzaría una red internacional de narcotráfico con alcances sin precedentes. Aunque la acusación está formalizada y la captura de Maduro ha sido ejecutada por fuerzas estadounidenses en Venezuela, el proceso legal apenas comienza en Nueva York. Si Maduro y Flores llegan a juicio en suelo estadounidense, como lo anunció la fiscal Bondi, enfrentarán un sistema con reglas estrictas de evidencia, derechos procesales y décadas de jurisprudencia contra crimen organizado. Las penas posibles incluyen entre 20 años y cadena perpetua, dependiendo de la gravedad de los cargos y de los argumentos que presenten las defensas y las fiscalías. Ningún otro jefe de Estado en funciones ha enfrentado, hasta ahora, una acusación de esta magnitud en los tribunales estadounidenses.
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