Revela CNDH que 6 penales de Veracruz presentan condiciones críticas de gobernabilidad; una verdadera advertencia MEMORANDUM 1.- De acuerdo con los diagnósticos anuales del Sistema Penitenciario realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los centros de reclusión ubicados en Coatzacoalcos, Tuxpan, Amatlán de los Reyes, Poza Rica, Acayucan y Pacho Viejo han acumulado calificaciones reprobatorias en materia de control institucional y respeto a los derechos humanos. En ese tenor, a lo largo de los últimos años, ha identificado que estos seis centros penitenciarios de Veracruz presentan condiciones críticas de gobernabilidad. El organismo refirió que los internos ejercen funciones de control, se cometen extorsiones y se toleran prácticas ilícitas, en medio de sobrepoblación y omisión institucional. Desde 2006, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria evalúa los centros estatales en aspectos como gobernabilidad, reinserción social, atención a grupos vulnerables y legalidad. En Veracruz, que cuenta con 17 cárceles bajo control estatal, cerca del 40 % de los penales ha sido evaluado con puntuaciones negativas de manera constante. La revisión documenta, entre otras situaciones, la existencia de cobros ilegales dentro de los penales. Personas privadas de la libertad han sido obligadas a pagar por el uso del teléfono, acceso a medicamentos, alimentos, servicios médicos, visitas familiares, y hasta por un espacio para dormir. Algunos pagos se hacen a custodios, pero muchos otros son exigidos por internos con poder sobre la población penitenciaria, lo que indica estructuras de autogobierno o cogobierno. En estos casos, la CNDH advierte que la autoridad del Estado ha sido desplazada en la práctica por redes internas de control ilegítimo, lo que constituye una falla grave en la administración penitenciaria. Refirió que el deterioro institucional ha derivado en crisis de seguridad. El caso más reciente se presentó en el penal de Tuxpan, donde un motín ocurrido el pasado 2 de agosto dejó ocho personas muertas y diez heridas. Este centro ya había sido señalado por la CNDH como uno de los que presentaba autogobierno, extorsión y falta de supervisión. El diagnóstico oficial también señala que, en varios penales, se tolera el ingreso de objetos y sustancias prohibidas, existen privilegios para determinados internos y se han identificado prácticas como la prostitución, lo que agrava las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad al interior. Según datos del Cuaderno Mensual de Información Penitenciaria, a diciembre de 2024 el sistema penitenciario estatal registró una sobrepoblación del 21.85%, con 1,518 personas más de las que puede albergar según su capacidad instalada. El penal de Amatlán, con espacio para 1,007 personas, alojaba a 1,555, lo que representa un 54.42% de sobreocupación; Pacho Viejo, con capacidad para 875, tenía 1,329 internos (51.89% de sobrepoblación); Poza Rica, diseñado para 265 personas, mantenía a 392 (47.92% de exceso); Chicontepec presenta la situación más crítica, con una sobrepoblación de 122.22%. Otros penales con niveles elevados de hacinamiento incluyen Pánuco (78.26%), Jalacingo (74.31%) y Tantoyuca (86.36%). En contraste, penales como Zongolica (-26.83%), Huayacocotla (-23.61%) y Acayucan (-12.03%) operan por debajo de su capacidad. Del total de 8,464 personas en reclusión en Veracruz, el 97.87% enfrenta cargos por delitos del fuero común. Solo 180 personas están procesadas o sentenciadas por delitos federales. La mayoría de la población penitenciaria está compuesta por hombres. En el penal de Coatzacoalcos, hay 870 hombres procesados y 542 sentenciados por delitos locales. Solo 60 mujeres están en proceso y 30 han recibido sentencia. En Pacho Viejo, hay 827 hombres procesados y 357 sentenciados, frente a 68 mujeres en proceso y 21 con sentencia firme. Esta tendencia se repite en todos los centros del estado. El penal de Coatzacoalcos es el más grande en términos poblacionales, con 1,569 personas privadas de la libertad. A pesar de ello, no presenta sobrepoblación crítica, con un margen del -3.86% respecto a su capacidad.
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En pañales, adhesión de molineros al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla; falta información, dice dirigente MEMORANDUM 2.- Después de que el Gobierno Federal lanzó el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla el pasado 22 de julio para estabilizar el precio de este alimento en el país, el secretario de la Unión de Molineros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Zenón Uscanga Jiménez, consideró que la adhesión al Acuerdo todavía está en pañales. En ese tenor, Uscanga Jiménez confió en que pronto haya un acercamiento con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para conocer a detalle en qué consiste el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, ya que hay disposición de los industriales de la masa para adherirse a ese programa. “Está todo en pañales, no hay información de lo que es el programa, no sabemos bien cómo está, pero tenemos que tener acercamiento con la dependencia gubernamental para ver en qué consiste el programa y la posible adhesión de nosotros. Estamos en la mayor disposición de cooperar y de adherirnos a ese programa, pero eso está empezando, no sabemos absolutamente nada”, subrayó. El dirigente de los molineros en la zona conurbada refirió que el acuerdo otorga un precio de garantía al maíz a los industriales de la masa y la tortilla. No obstante, Zenón Uscanga precisó que el 95 por ciento de los industriales de la masa y la tortilla de la zona conurbada utilizan harina de maíz para producir el alimento, por lo que están en desventaja ante la iniciativa que lanzó el Gobierno Federal. “Ahí hay un detalle que estamos un poco en desventaja, no es tan fácil el tema, no va a ser fácil que nos podamos adherir, sin embargo, tenemos que platicar con las partes y ver cuál es la posibilidad de adherirnos a este programa”, insistió. Uscanga Jiménez aseguró que el precio de la masa y de la tortilla se mantiene estable en la zona conurbada por el momento. Sin embargo, el secretario de la Unión de Molineros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río mencionó que el sector analiza un ajuste de entre 50 centavos y un peso al kilo de la tortilla y de la masa, ya que hay insumos que incrementaron su costo. “Ya hay argumentos para que pudiera tener un ajuste, sin embargo, estamos esperando nosotros mientras no sea algo insostenible, tenemos que ver más que nada porque si teníamos que ver un ajuste de 50 centavos o un peso, ya con lo del programa del gobierno nos mueve la situación”, refirió. Zenón Uscanga destacó que la unión cuenta con más de 200 industriales de la masa y la tortilla en la zona conurbada.
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Plan financiero de Pemex anunciado por el gobierno federal no bajará el precio de los combustibles: experto MEMORANDUM 3.- Para el analista de la industria energética y economía, Ramses Pech, el plan financiero que anunció el gobierno federal no bajará el precio de los combustibles, ya que estos incluyen un impuesto de alrededor de 10 pesos por litro. El experto explicó que en cada litro de gasolina se paga el IVA y el IEPS, así que por cada litro de 24 pesos, 10 son para el gobierno. Refirió que sin los impuestos podría costar entre 17 y 18 pesos, 2 a 3 pesos más de lo que cuesta en Estados Unidos. Incluso, dijo que en una evaluación de los países que más consumen gasolina y en el que México ocupa el lugar 8, nuestro país ocupa el primer lugar en combustibles más caros del mundo, el segundo Japón y Estados Unidos está entre el séptimo u octavo lugar. De igual forma, el analista señaló que un 60% del combustible que se usa en México es importado, pero aunque se produzca en México este seguirá siendo caro a los usuarios porque tiene un alto impuesto. El experto refirió que el plan de negocios de Pemex es a 10 años, para que sea viable deberá ser apoyado por los próximos gobiernos; además la Cámara de Diputados debe respaldarlo con más recursos para que también Pemex reduzca su deuda a proveedores, de lo contrario el plan sólo se quedará en papel, destacó. Señaló que el plan, a largo plazo prevé que la petrolera deje de depender del gobierno y reduzca su deuda, con lo que el gobierno tendrá ahorros para poder aplicar en programas sociales o en áreas como salud y educación. Así las cosas.
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