A Arriaga no se le puede tomar muy en serio, pues está dentro del Estado y habla desde una postura política: especialistas y docentes MEMORANDUM 1.- Tras el llamado a formar comités para la defensa de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y los Libros de Texto Gratuitos (LTG) que hizo el director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, especialistas y docentes no toman en serio al funcionario, ya que dicen llega tarde a la lucha magisterial y “se presenta como el adalid de las resistencias cuando nunca se ha parado con el maestro de base, sigue siendo la voz de Estado, que no nos engañe”. Hace un par de días, Arriaga publicó en su cuenta de X un desplegado al considerar que la educación en el país se está privatizando, de ahí la necesidad de formar comités para ser un “contrapeso real” y con ello “refundar la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Educativo Nacional”. Esta no es la primera vez que este funcionario hace comentarios controversiales desde y contra la dependencia en la que labora desde 2021. A inicios de este mes criticó el uso de materiales educativos que se generaron en esta secretaría en sexenios pasados y llamó “cloacas de la SEP” a quienes los recomendaron en la bibliografía de los nuevos cuadernillos de apoyo curricular para la práctica docente. Bajo la dirección a su cargo, desde el año pasado realiza encuentros en escuelas de educación básica denominados “Círculos de estudio: ‘Fogatas Freireanas’”, algunos de ellos encabezados por él. Estos son espacios colaborativos abiertos a las escuelas del país, “inspirados” en la pedagogía de Paulo Freire, para que docentes reflexionen de forma crítica sobre su práctica, transformen su realidad conforme a la Nueva Escuela Mexicana, explicó el funcionario en un video. La profesora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Teresa Martínez recordó que en México hay una resistencia y lucha magisterial desde hace décadas. Ejemplo de ello es el modelo de enseñanza-aprendizaje alternativo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), conocido como educador popular, para acercar más a los alumnos y la comunidad. El objetivo de los talleres del educador popular, de acuerdo con la maestra Elvira Veleces, dirigente de la sección 14 de Guerrero de la coordinadora, es aprender de los mismos profesores, pues es a través de la experiencia docente que se pueden mejorar las prácticas de la enseñanza, explicó en una conferencia sobre el tema. Martínez expuso que la rebeldía a la que llama Arriaga desde la institución “no se le puede tomar muy en serio, pues está dentro del Estado y habla desde una postura política que concibe la idea que puede transformar algo desde dentro de la institución estatal, en este caso la SEP, y eso es muy difícil”. Además, añadió, incurrió “en uno de los errores más garrafales que se ha denunciado una y otra vez: no preguntarle a los maestros, no consultarles qué es lo que quieren y cómo se puede hacer”.
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Elección judicial de 2027 debe superar fallas de 2025: Magistrado del TEPJF; elección con otros poderes podría generar hartazgo MEMORANDUM 2.- La elección de 2025 para elegir jueces y magistrados por voto popular, una figura inédita en México y el mundo, ha dejado al descubierto un conjunto de desafíos técnicos, normativos e institucionales que podrían comprometer su legitimidad si no se atienden antes del próximo ciclo electoral en 2027. En principio, consejeros y magistrados electorales plantean que la contienda de jueces no debería realizarse el mismo día que la elección de los otros poderes porque ese año no sólo habrá renovación de la Cámara de Diputados, sino además en las 32 entidades federativas, incluidas 14 gubernaturas. Y por lo demás, el reto de organización sería mayúsculo para las autoridades electorales y se abonaría al hartazgo ciudadano, consideran. Ante ello sugieren cambios legales y logísticos, a fin de motivar a los votantes, pues en la primera elección judicial sólo sufragó 13 por ciento del padrón y se registró un alud de impugnaciones en contra de todas las etapas del proceso extraordinario, precisamente por los yerros del marco normativo. Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ponente en proyectos de sentencia medulares de esta nueva elección, impulsó la realización de la misma bajo el argumento de que el mandato constitucional debía cumplirse obligadamente, pero al mismo tiempo apuntando críticas a la confección original. “El tribunal entrega buenas cuentas a la ciudadanía porque la misión se completó; no había un punto de referencia en el mundo para una elección de este tamaño y de esta complejidad tratándose de cargos judiciales”. En entrevista comenta: “Se hizo teniendo muchas cosas en contra, teniendo una legislación sumamente imperfecta, vacíos y huecos constantes que lo único que hacían era poner en evidencia que las personas que la redactaron no conocen el derecho electoral”. Lamentó, sin embargo, que se haya trasladado de esa manera la responsabilidad de las decisiones al Instituto Nacional Electoral y al TEPJF, cuyos integrantes fueron avanzando como pudieron, sin tener un punto de referencia nacional o internacional. Igualmente, frente a la oposición de “buena parte” de la opinión jurídica mexicana, porque muchos de los jueces y magistrados iban a perder su carrera judicial, su proyecto de vida, así como a integrantes de barras de abogados y universidades. Entre las fallas de la norma ocurridas en la votación pasada. “Hubo muchísimas; tendríamos que escribir un libro al respecto. Por ejemplo, fue pésima idea crear tres comités de evaluación y cada uno con sus propias reglas de idoneidad (de aspirantes a candidatos); también fue pésima idea la tómbola porque no le dio certeza a nadie y generó la idea de que jueces y magistrados iban a ser seleccionados por el azar y no por méritos. Quizá hubiera sido razonable que a los candidatos les aplicaran un examen en la Escuela de Formación Judicial y, con base en ello, pasaran a la siguiente ronda los que tuvieran cierto puntaje”. “Otro punto fue el tema de la elaboración de las boletas inéditas; se hizo lo que se pudo con lo que había”.
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De cara a la megaelección de 2027, afinan reforma para recortar gasto en elecciones... ¿Está en duda la democracia? MEMORANDUM 3.- Gobierno de Claudia Sheinbaum presentará una iniciativa de reforma electoral que busca, entre otros temas, reducir el costo del financiamiento público en este ámbito, el cual aumenta cada año para cubrir la estructura definida en la Constitución y las leyes. Tan sólo en 2026, el sostenimiento de las tareas de carácter nacional o federal en materia político-electoral costará poco más de 25 mil 585 millones de pesos. El Instituto Nacional Electoral (INE) contará con un presupuesto de 14 mil 99 millones de pesos: 12 mil 325 millones corresponden al presupuesto base –la mayor parte destinada a cubrir la nómina del organismo– y mil 754 millones a proyectos específicos. Adicionalmente, se destinarán 7 mil 737 millones de pesos como prerrogativas de los partidos políticos, cifra que también mantiene un crecimiento constante debido a que su cálculo parte de una fórmula constitucional y depende del tamaño del padrón electoral. Asimismo, cerca de 3 mil 749 millones de pesos están destinados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Lo anterior representa, como se indicó, el panorama nacional del financiamiento público en materia político-electoral, al que deben sumarse las estructuras y funciones estatales. Es decir, los 32 organismos públicos locales electorales (Oples), los partidos políticos de ámbito local y los tribunales electorales estatales, cuyo financiamiento es variable, ya que es determinado por cada Congreso local. En cuanto al INE, los mil 754 millones de pesos asignados a proyectos específicos se destinarán, entre otros fines, a coadyuvar en la organización de la elección de diputados en Coahuila (353.4 millones de pesos). Si bien la mayor parte del gasto lo absorbe la entidad, el instituto funge como rector del sistema nacional electoral y, en ese papel, coordina diversas acciones para los procesos locales. También contará con 395.5 millones de pesos para iniciar la organización de la megaelección de 2027, ya que, aunque las votaciones se realizarán en junio de ese año, el proceso comicial empieza desde septiembre previo. El resto del presupuesto, alrededor de mil millones de pesos, se destinará a tareas de fortalecimiento de la cultura democrática, procesos administrativos y mejoras para la actualización del padrón electoral. Además, se contempla una partida de 138 millones de pesos para avanzar en la organización de los comicios judiciales de 2027. El 29 de noviembre pasado, durante una audiencia pública de la comisión presidencial para la reforma electoral, la ex secretaria ejecutiva del INE Claudia Suárez señaló que en los pasados 35 años los órganos electorales –tanto el federal como los locales– registraron un crecimiento sostenido en sus nóminas, pero sin una adecuada “armonización” o planeación. Indicó que para el sostenimiento de estas plantillas se destinan entre 63 y 69 por ciento de los recursos disponibles. Días después, los consejeros del INE afirmaron que, al ajustar el presupuesto tras el recorte de mil millones de pesos respecto de su solicitud original, estas mermas constantes ponen en riesgo la democracia. En contraste, los impulsores de la reforma sostienen que existen gastos no justificados y/o duplicados. En suma, se avecina un nuevo episodio de análisis y discusión en el Poder Legislativo. Si bien ya hubo una reforma electoral en el sexenio pasado –en febrero de 2023, identificada como el plan B–, ésta fue anulada en junio de ese mismo año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar inconstitucionales algunos de sus cambios. De esta forma, la reforma más reciente en la materia data de 2024, cuando se definieron reglas sobre relección, regulaciones a partidos políticos, financiamiento y derechos de candidaturas independientes, entre otros aspectos. Sheinbaum Pardo impulsa ahora una nueva iniciativa, la cual sería enviada al Congreso al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, en febrero de 2026. Entre los principales elementos a considerar –de acuerdo con declaraciones de la mandataria– se encuentra la reducción del número de diputados y senadores y, en general, una disminución del financiamiento público a los partidos políticos y del gasto para la cita con las urnas.
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