Guadalupe Taddei propone aplazar elección judicial a 2028, mientras que Sheinbaum quiere una super eleccion en 2027 MEMORANDUM 1.-
Al asegurar que el Instituto Nacional Electoral (INE) está listo para organizar las elecciones del año próximo, con las disposiciones que apruebe el Legislativo, la consejera presidenta Guadalupe Taddei externó la petición de este órgano para que la elección judicial se realice, preferiblemente, en 2028, lo mismo que la revocación de mandato. Confía en que muy pronto sea enviada la iniciativa de reforma que aborde puntos básicos de la elección de juzgadores, y manifestó que aplazar esa contienda y la consulta “convendría sobre todo a la ciudadanía”, indicó en entrevista. El sábado integrante de la Junta General Ejecutiva del INE se reunieron para continuar con el análisis de los posibles impactos operativos y de reglamentación de la iniciativa de reforma político-electoral que se votará la semana próxima en el Senado de la República. Cuestionada por el llamado plan B, Taddei aseguró que en el INE “están listos para trabajar en torno a lo que significa la reforma”; sin embargo, “¿qué digo que le extraño a este plan B?, la fecha de la celebración de la elección judicial. “Espero que aparte de esta reforma del plan B, sea enviada en muy breve tiempo una iniciativa de reforma adicional que tenga que ver con el Poder Judicial de la Federación y que establezca algunas correcciones a lo que ya vivimos (en 2025), por ejemplo, la celebración del ejercicio que pudiera ser en otra fecha, y otros aspectos como el trabajo que hizo el Comité de Evaluación del Senado, el cual fue con mucha presión, con premura, pero hay muchas áreas de mejora en términos operativos”, menciona.¿El INE propone octubre de 2027 o 2028?, se le preguntó. “Creo que pudiera ser en el 2028. Sin embargo, si es en octubre de 2027, el INE pudiera asumir esto; (aplazar) sería sobre todo para claridad de la ciudadanía para ejercer su voto”. Un comentario similar dio respecto a la revocación de mandato, establecido en la Constitución para someter a consideración de la ciudadanía la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. “El INE está preparado; ya estamos trabajando con todos los estados, las áreas, para actuar de manera inmediata (pero) yo resaltaría los tiempos: eso nos coloca en una situación diferente (…) hay voces que señalan que no es compatible hacer todos los ejercicios al mismo tiempo, por cansancio de la ciudadanía, por falta de claridad, por temas operativos”, señala durante un receso de la reunión de los principales funcionarios del órgano. En tanto, fuentes consultadas revelaron que aunque había una cita de integrantes del INE con senadores, programada para este lunes, precisamente para exponer los puntos de vista como los mencionados, esta no se realizará por razones de agenda de los 11 consejeros. Mintras que, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta a una súper elección en 2027, en la que podrían coincidir las elecciones de diputados federales, 17 gubernaturas, 30 congresos locales y ayuntamientos en 31 entidades, con la elección de cargos judiciales y la consulta de revocación de mandato.
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Raquel Ivette, jueza que ampara a narcos y empresario acusado de fraude NL, ahora opera en Tamaulipas MEMORANDUM 2.-
Durante los últimos 20 años, la carrera judicial de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo ha estado marcada por proteger a presuntos delincuentes mediante amparos contrarios a la procuración de justicia. Así lo demuestra, por enésima vez, el caso de la reciente liberación del empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, originario del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, demandado por fraude y delitos patrimoniales en el expediente FGJNL-082090/2025. La Jornada da a conocer que la misma jueza que ha recorrido varios juzgados en distintos estados de la república y fue suspendida de investigación por sus sospechosas resoluciones a favor de varios delincuentes, volvió a su puesto, ahora en el juzgado de distrito en materias de amparo y juicios federales en Matamoros, Tamaulipas. El pasado 3 de marzo amparó a Babb Villarreal y sus socios, José Manuel Mireles Verástegui y Carlos Eduardo González Hernández, contra la orden de aprehensión bajo el expediente 218/2026-VII y el 9 de marzo les concedió la suspensión definitiva. De forma mañosa, la jueza Duarte Cedillo protegió indebidamente a los denunciados, pese a que los domicilios, los hechos del delito, el proceso penal instaurado en su contra y la orden de aprehensión sucedieron en Nuevo León y no en Tamaulipas. El sampetrino Babb Villarreal, de 58 años, asiduo de las revistas de “alta sociedad” de este acaudalado municipio regiomontano, en los pasados 20 años ha creado, junto con su hermano Jaime Alberto, más de 50 empresas fantasmas para operaciones fraudulentas de bienes raíces, lo que consta en el expediente judicial al que ha tenido acceso La Jornada. Ubicado en Florencia 119, colonia San Patricio; en Vereda 206, colonia Veredalta, y en avenida Manuel Gómez Morín 2005, colonia Residencial Chipinque, del mismo municipio, el denunciado –hijo de Pedro Babb Torres– ha gozado de impunidad en una veintena de contenciosos judiciales. “Ha actuado en contubernio para defraudar a mi clienta y despojarla de su patrimonio, que asciende a 57 millones de pesos”, asegura en entrevista Gabriel Garza Fernández, abogado de una de las víctimas, cuya identidad se omite por razones de seguridad. En representación de la empresa Aldea Oceana Holdings, SAPI de CV, Babb Villarreal cometió los presuntos delitos junto con su socio José Manuel Mireles Verástegui, quien en 2022 fue vinculado a proceso penal y liberado mediante un amparo con medida cautelar de firma periódica. “Hacen empresas de papel en las que aglutinan a los clientes en diferentes compañías con porcentajes; luego, no tienen valor más que en papel porque cuando demandas a esa empresa mercantilmente no sirve. Así están muchas víctimas”, asegura el abogado. El negro historial de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo es amplio. El 23 de febrero del año pasado otorgó un amparo al narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, para impedir su extradición a Estados Unidos. En el caso de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el 9 de mayo de 2024 la juez decidió liberar a ocho militares implicados en la desaparición de los jóvenes. Asimismo, absolvió a Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos. En diciembre del año pasado, Duarte Cedillo, jueza segunda de distrito en materia penal en el estado de México, “absolvió” y ordenó la inmediata libertad del secuestrador Daniel Arizmendi López, El Mochaorejas, argumentando que fue “torturado” para inculparse. También amparó a Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo, contra una orden de detención con fines de extradición, y en junio de 2024 absolvió a Édgar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel, por la fuga de su cuñado Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo, ex líder del cartel de Sinaloa. El 13 de febrero de 2024, la misma jueza exoneró a Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero, por lavado de dinero, quien es sobrino de los líderes del cártel de los Arellano Félix. En noviembre del año pasado, el magistrado Rufino H. León Tovar, del Tribunal de Disciplina de la Ciudad de México, decretó la separación temporal contra esta jueza, por amparar a Florian Tudor, El Tiburon, líder de la mafia rumana en la Riviera Maya, acusado de dirigir una banda de clonación de tarjetas bancarias y de la sustracción de más de mil 200 millones de pesos en cajeros automáticos en esa zona turística. Con el expediente 119/2024, la juzgadora evitó su extradición a Rumania. La suspensión de la jueza se dio sólo por unos meses y luego fue enviada a Tamaulipas, donde otorgó un amparo a favor de Babb Villarreal, por lo que el abogado Garza Fernández ha presentado una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial de la Federación, presidido por Celia Maya García. “La jueza se extralimitó en sus facultades y debe declarase incompetente. Es evidente que existe corrupción porque tiene un largo historial otorgando amparos a presuntos delincuentes. Ella fue un ejemplo para implementar la reciente reforma judicial y a pesar de ello, sigue operando dejando sin certeza jurídica a las víctimas.”
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Gracias a programas sociales Morena se mantienen como el partido con más militante; PRI sigue en caída MEMORANDUM 3.-Morena sigue encabezando las preferencias, - debido a los apoyos sociales-, mientras se vislumbra una marcada caída en el PRI y el estancamiento del PAN, el cual se ubica apenas con 110 mil integrantes por encima del nivel mínimo necesario para conservar el registro, según cifras preliminares de la militancia de los partidos políticos en México. En tanto, la autoridad revisará un millón 468 mil 733 inscripciones de simpatizantes presentadas por los grupos que buscan obtener este año el registro partidista, pues sólo se tomará como válida la última adhesión. De acuerdo al corte más reciente del Instituto Nacional Electoral (INE), elaborado a partir de los datos compilados por la dirección ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (Deppp), hay claras diferencias respecto de las sumas oficiales de agosto de 2023, recuento hecho entonces de cara al proceso de 2024. Ahora, Morena tiene 12 millones 18 mil 76 militantes, esto es, 9.7 millones más que en 2023; el PAN reporta 365 mil 456, 87 mil 791 más que en ese mismo comparativo, mientras el PRI pasó de un millón 411 mil 889 a 844 mil 255. En tanto, el Partido del Trabajo tenía 457 mil 624 en el informe de hace dos años y medio; luego –durante 2025– transitó a 389 mil 631, 351 mil 925 y ahora tiene 468 mil 516. El Partido Verde, otro aliado de Morena en la contienda federal pasada, cerró en agosto de 2023 con 592 mil 417 y en los registros actuales subió casi al doble, al reportar un millón 94 mil 421. Otro con pérdidas es Movimiento Ciudadano: antes tenía 384 mil 5; el año pasado, 344 mil 674, y en el registro más actualizado, 339 mil 781. Todos los números anteriores tienen carácter estrictamente preliminar, en especial porque el INE compara actualmente los nombres inscritos en estos partidos con los presentados por las agrupaciones que buscan convertirse este año en partido político. En conjunto, las cuatro organizaciones que llegaron a la última etapa, al cumplir, también tentativamente, las asambleas requeridas y el padrón de afiliados, registraron casi millón y medio de simpatizantes.
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