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| Desplazados de la Montaña de Guerrero, sin una ley que atienda su problemática. | ||||||
| Garduño enfatizó que tampoco hay planes de trabajo preventivos, y los que se presentan “suelen ser de reacción que ni son inmediatos ni suficientes, y mucho menos nos garantizan soluciones duraderas”. | ||||||
| Domingo 24 de Mayo de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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No hay instancias de gobierno competentes reguladas y capacitadas para actuar en estos casos, con presupuesto asignado; no está tipificado a nivel federal el desplazamiento forzado como delito y grave violación a los derechos humanos, ni existe un registro nacional de personas víctimas, señalaron Norma Garduño, del Centro Minerva Bello, y Teodomira Rosales, directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, que han dado seguimiento a los desplazamientos en la Montaña Baja de Guerrero. Garduño enfatizó que tampoco hay planes de trabajo preventivos, y los que se presentan “suelen ser de reacción que ni son inmediatos ni suficientes, y mucho menos nos garantizan soluciones duraderas”. Aunque la Cámara de Diputados aprobó en 2020 la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, está detenida en el Senado. Este mes, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana dio a conocer que documentó al menos 15 mil 795 personas desplazadas internas en 73 eventos ocurridos en 2025 en 11 estados, destacando Sinaloa, Chihuahua y Michoacán. Identificó que 83 por ciento de los casos estuvieron relacionados con violencia ligada al crimen organizado. Garduño resaltó que los impactos para las víctimas son “muy duros. Los hechos que los desplazan son muy violentos, estamos hablando de la destrucción, en algunos casos, de sus comunidades, de la quema de sus casas, de vehículos, de la siembra y cosecha. Escenarios en los que, para permanecer con vida, tienen que abandonarlo absolutamente todo”. Subrayó que la vida cotidiana de estas personas se destruye de un momento a otro. Dichas situaciones, expuso, “tiene innumerables impactos en la salud mental, pero también deja sin medios de subsistencia a la población”. Su proyecto “se rompe y profundiza sus vulnerabilidades. Son episodios muy duros que desafortunadamente pasan como invisibles ante los ojos de la sociedad”. A su vez, Rosales indicó que si bien en entidades como Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca hay leyes locales en materia de desplazamiento forzado, no están reglamentadas y “no hay recursos para atenderlo y tampoco se reconoce”. Las autoridades, lamentó, en muchos casos “obligan a las comunidades a retornar a sus pueblos sin garantías, que es lo más cruel porque llegan sin alimentos, sin casa, sin nada. Es una violación que se comete a los derechos de las víctimas”. Llamó a las autoridades a que “tengan un poco de sensibilidad y el carácter humano para atender a las víctimas, no más revictimización, no más culpas para ellas”, porque a veces se intenta señalarlas como que “andaba con un grupo criminal”. |
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