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.- Ante la inminencia de las elecciones del 6 de junio, la Iglesia Católica exhorta a los candidatos a que pongan como su primer objetivo el bien común y los problemas cruciales, antes que sus objetivos personales. El llamado lo hace en la editorial de su semanario “Desde la Fe” en el cual también pide a sus feligreses discernir para separar las necesidades reales de los ofrecimientos fáciles, los derechos humanos de las ideologías, y buscar la mejor opción, más allá de la mercadotecnia y los ataques entre candidatos. “Corresponde al fiel laico participar activamente en la construcción de toda opción política que busque dar mejores gobiernos y resultados a este país”, apunta. Así mismo defiende el derecho de la Iglesia de propagar su Doctrina siempre y cuando no se asocie con una opción política o realice proselitismo a favor o en contra de alguna opción en especial. Ante esto, anota la Iglesia Católica, “la labor del sacerdote, en materia pública, consiste en ayudar a iluminar la conciencia del fiel para que el discernimiento pueda ayudar a construir el bien común; corresponde al fiel laico participar activamente en la construcción de toda opción política que busque dar mejores gobiernos y resultados a este país”. El planteamiento se hace porque en época electoral en México, es recurrente que surjan las preguntas de cuál es el papel que puede jugar la Iglesia Católica en las elecciones, porque el vínculo de política e Iglesia en México “ha sido muy delicado”, al grado de que las relaciones Iglesia-Estado han provocado por lo menos “dos grandes guerras internas”: la llamada de Reforma, en 1857, y la Cristera, 69 años después de la primera. “En el contexto legal actual, la Constitución Mexicana protege el derecho de las personas a profesar la fe que elijan, a través del artículo 24 Constitucional. Este es un derecho humano de las personas, no de instituciones. Las personas son las que pueden elegir su fe y organizarse en torno a esa fe, con una doctrina, reglas y estatutos propios”, menciona. El mismo artículo de la Constitución -agrega la publicación- prohíbe que las reuniones de las asociaciones religiosas con motivo de culto sean usadas para proselitismo político; esto es, realizar esfuerzos varios para convencer a los fieles de adoptar una posición a favor o en contra de una opción política, mientras que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público prohíbe a los ministros de culto asociarse con motivos políticos y realizar proselitismo.
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