Ante silencio de Cuitláhuac por acusación de soborno de la delincuencia, dice Héctor Yunes que el que calla otorga MEMORANDUM 1.- Ante el silencio del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez sobre los documentos en los que se señala que Luis Aarón Morales Gómez, alias “Capitán”, declaró haberle entregado 1.5 millones de pesos a cambio de permitir la operación de un campo de tiro para grupos del crimen organizado, el diputado local del PRI, Héctor Yunes Landa, afirmó que “el que calla otorga”. El ex senador priista se refirió al reportaje de la periodista Anabel Hernández, quien documentó el presunto soborno con base en información oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrada por Guacamaya Leaks. “No me extraña nada lo que me digan mal de Cuitláhuac. Esto que sacó Anabel tiene además documentos de la Sedena que lo confirman”, aseguró el diputado local priista. Señaló que los reportes filtrados incluían datos de inteligencia que indicaban que “Cuitláhuac tenía nexos estrechos con el crimen organizado” y advirtió que esa herencia impacta en la violencia que enfrenta Veracruz. “Está incontenible la inseguridad. Llevamos más de 70 atrocidades en lo que va de este gobierno”, afirmó. En ese tenor, Yunes Landa cuestionó que el actual gobierno estatal continúe culpando a administraciones pasadas; “lo que pasa es que los de antes ya no son ni los del PRI ni los del PAN, ya son ellos mismos, que es Cuitláhuac García”, expresó. También cuestionó que el exmandatario siga como director del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas). “Yo no entiendo por qué se le da un cargo federal. No le debían dar nada. Lo que deberían darle es una orden de aprehensión. Cuitláhuac debe estar en la cárcel”, sostuvo. El diputado local subrayó que ni el Gobierno federal ni García Jiménez han desmentido el contenido de los documentos; “nadie salió a desmentir el caso de Cuitláhuac. Ellos saben que es verdad”, afirmó. De acuerdo con la investigación de Anabel Hernández, el 2 de septiembre de 2021 el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (CERFI) interceptó una conversación en la que “Capitán” aseguró haber entregado 1.5 millones de pesos al entonces gobernador para permitir la operación de un campo de tiro de 47 hectáreas. Según el reportaje, el espacio era utilizado para entrenamiento con armamento de uso exclusivo del Ejército y ofrecía cursos a integrantes de organizaciones delictivas, incluida una del norte del estado identificada como blanco prioritario por las autoridades federales.
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Afirma Colegio de Notarios que hay al menos 50 notarías sin titular en la entidad; cifra supera las 35 vacantes de 2023 MEMORANDUM 2.- De acuerdo con el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios Públicos, Joaquín Tiburcio Galicia, actualmente existen 50 notarías sin titular en el estado, cifra que supera las 35 vacantes reportadas en 2023. En ese tenor, el déficit de notarías públicas en Veracruz continúa en aumento, lo que agrava el rezago en la atención legal de la ciudadanía. El organismo precisó que, de un total de 270 notarías registradas, las vacantes se deben principalmente a fallecimientos de notarios, cambios de distrito y situaciones administrativas. Refirió que en la zona centro de Veracruz, de las 18 notarías establecidas, solo 15 cuentan con un titular en funciones, dejando tres sin responsable, lo que podría retrasar trámites esenciales y complicar la atención legal de los ciudadanos. En este contexto, el Ayuntamiento de Orizaba, en coordinación con el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, presentó ayer la campaña del Mes del Testamento, que se realiza cada septiembre en todo el país para fomentar la previsión patrimonial y brindar certeza jurídica a las familias. En representación del alcalde Juan Manuel Diez Francos, la síndica Maríe Michelle Fragoso Martínez dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de planificar con anticipación el destino de los bienes familiares. “Cuando pensamos en testamento solemos asociarlo con la muerte, pero en realidad se trata de tener certeza y claridad sobre lo que sucederá con nuestros bienes y cómo se resolverán las responsabilidades familiares”, señaló. El presidente del Colegio de Notarios de Veracruz, Joaquín Tiburcio Galicia, recordó que el programa tiene más de 22 años de vigencia y se ha consolidado como una práctica fundamental en la entidad. “Es un acto de orden y generosidad hacia nuestros seres queridos, donde dejamos instrucciones claras sobre la distribución de los bienes y la designación de herederos y legatarios”, afirmó. Durante la campaña, cualquier persona desde los 16 años puede otorgar un testamento, el cual es revocable y actualizable, y se ofrecen tarifas preferenciales, reduciendo su costo habitual de entre 4 mil 500 y 5 mil pesos. Dijo que en ediciones anteriores, en Veracruz se han formalizado hasta 15 mil testamentos en un año, y para 2025 se espera superar esa cifra. Los notarios Alberto Galán Márquez y Daniel Cordero Gálvez destacaron la discreción y profesionalismo con que se atiende a los ciudadanos, subrayando que este instrumento legal previene conflictos familiares y gastos prolongados en juicios sucesorios. Con estas acciones, las autoridades locales y el gremio notarial buscan acercar a la población a este trámite preventivo, promoviendo la certeza patrimonial y el orden familiar como pilares de una convivencia responsable. Así las cosas.
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Por la vía rápida, aprueba el Congreso local reforma en materia de personas desaparecidas en Veracruz MEMORANDUM 3.- Por la vía rápida, el Congreso del Estado aprobó este jueves, con 41 votos a favor y tres en contra, la reforma a la Ley en materia de Desaparición de Personas, pese a la advertencia de diputados de oposición de que la creación de la Plataforma Única de Identidad permitirá vigilar a los veracruzanos en tiempo real, y se podrá acceder a bases de datos públicas y privadas sin orden judicial. La propuesta, enviada por la gobernadora Rocío Nahle, recibió respaldo mayoritario por avances en coordinación, uso de tecnología y reducción de plazos de búsqueda, pero también críticas por los presuntos riesgos de vigilancia masiva, acceso indiscriminado a datos personales y falta de presupuesto para cumplir nuevas obligaciones. De acuerdo con el dictamen, el objetivo es “agilizar los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, ofreciendo herramientas concretas y una estructura clara que responda a la complejidad de los casos y de las necesidades de las personas buscadoras”. Entre los cambios, se incorpora la definición de “Plataforma Única de Identidad” y “Ficha de Búsqueda”, y la obligación de presumir con vida a la persona desaparecida en todas las acciones de búsqueda e investigación. La plataforma permitirá “realizar el monitoreo continuo para el seguimiento de la Clave Única de Registro de Población de una persona desaparecida o no localizada” y “generar avisos en tiempo real a las autoridades competentes”, cuando haya registros de su uso, con acceso limitado a fines de búsqueda, localización e identificación. Las autoridades y particulares deberán “permitir a las fiscalías y a la Comisión Estatal de Búsqueda la consulta inmediata de la información sobre personas desaparecidas o no localizadas contenida en sus registros, bases de datos o sistemas de información, exclusivamente para su búsqueda, localización o identificación”, así como facilitar el acceso a imágenes y mediciones de satélites o aeronaves no tripuladas y conectar registros al Banco Nacional de Datos Forenses. La denuncia deberá registrarse sin dilación en el Registro Nacional y en la Base Nacional de Carpetas de Investigación, enviar una ficha de búsqueda a la Fiscalía Especializada y a la Comisión Estatal de Búsqueda para su difusión masiva y activar alertas. La Fiscalía deberá informar mensualmente al Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre el número de personas desaparecidas y las acciones de búsqueda realizadas. El diputado de Movimiento Ciudadano, Adrián Ávila Estrada, afirmó que el decreto “tiene por objeto armonizar la ley estatal en materia de desaparición de personas con las disposiciones reformadas en la ley general, incorporando avances tecnológicos y científicos en los procesos de búsqueda” y que “contempla la reducción de plazos procesales y establece mecanismos de coordinación interinstitucional obligatoria”. Por su parte, Héctor Yunes Landa, de Veracruz Nos Une, sostuvo que la iniciativa “no deja de ser una extensión del desvarío que se pretende imponer, utilizando como escudo la tragedia de las personas desaparecidas” y advirtió que “quieren convertir la CURP en un instrumento de vigilancia masiva”. A su vez, la diputada panista Luz Alicia Delfín Rodríguez señaló que Veracruz “es uno de los cinco estados que tiene el mayor número de personas desaparecidas en el país, concentrando el 44 por ciento de los casos” y destacó que “ningún cuerpo irá a una fosa común sin antes tener un perfil genético completo”. Por el Partido Verde, Tania María Cruz Mejía afirmó que la reforma elimina “la revictimizante espera de las 72 horas” y crea “una fiscalía especializada, profesional y que rinda cuentas con cinco unidades especializadas obligatorias”. Dorheny García Cayetano, de Morena, dijo que la propuesta “no es un simple ajuste de texto legal” sino una medida para “prevenir, investigar, sancionar y sobre todo buscar y localizar personas desaparecidas”, usando la CURP como base de identificación. En contra, Monserrat Ortega Ruiz advirtió que con la reforma “te van a vigilar en tiempo real” y accederán a datos de “escuelas, hospitales, iglesias, compañías de teléfono, clubes, sistemas de salud públicos y privados, bancos y todos los lugares públicos o privados que tengan información”. Elena Córdova Molina, de Movimiento Ciudadano, dijo que la desaparición “es una deuda pendiente que las instituciones de este país han arrastrado durante décadas” y que la plataforma única “no puede ni debe convertirse en un instrumento de vigilancia masiva”. Indira de Jesús Rosales San Román, del PAN, recordó que Veracruz “es el primer lugar nacional en número de fosas clandestinas encontradas” y cuestionó “quién va a cuidar toda esa información” que integrará la plataforma. Elizabeth Morales García, del PT, afirmó que “reducir los plazos procesales significa reconocer que cada hora cuenta en una desaparición” y el morenista Luis Vicente Aguilar Castillo sostuvo que el dictamen fortalece “la búsqueda individualizada” y “la búsqueda en vida”. Tras agotar la lista de oradores, el pleno aprobó el dictamen en lo general y en lo particular. El decreto será remitido a la titular del Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
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