Dictan prisión preventiva por un año a Sergio 'N', Víctor de Jesús 'N' y Frida Narayana 'N', ex funcionarios de la UPAV MEMORANDUM 1.- Un juez de control dictó prisión preventiva justificada por un año contra los tres exfuncionarios de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) detenidos e imputados por los delitos de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencia y ejercicio indebido del servicio público, dentro del proceso penal 17/2026, y ordenó la continuación de la audiencia inicial para el próximo viernes a las 9:40 horas. La medida cautelar fue impuesta a Sergio “N”, exrector de la institución; Víctor de Jesús “N”, exdirector administrativo, y Frida Narayana “N”, exdirectora de Educación Superior y exjefa del Departamento de Servicios Financieros, detenidos en operativos realizados entre la madrugada y la noche del sábado 17 de enero. Durante la audiencia celebrada este domingo en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, el juez consideró procedente la solicitud de la Fiscalía General del Estado para mantener a los imputados privados de la libertad mientras se desarrolla el proceso penal, al estimar la existencia de riesgos procesales. Frida Narayana “N” fue detenida la noche del sábado en la colonia Coapexpan, en Xalapa, por elementos de la Policía Ministerial, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones. Tras su aprehensión, fue trasladada al centro penitenciario de Coatepec para quedar a disposición de la autoridad judicial. Sergio “N” fue capturado horas antes en Xalapa, mientras que Víctor de Jesús “N” fue detenido en el municipio de Medellín de Bravo. Ambos fueron ingresados al penal de Pacho Viejo para enfrentar la audiencia inicial por los mismos delitos. Las detenciones se registran luego del relevo en la rectoría de la UPAV anunciado en septiembre de 2025 por la gobernadora Rocío Nahle García, quien informó que intervendría ante presuntos señalamientos administrativos y financieros en la institución. “Sí, a ver, yo ya me involucré. El día de ayer firmé el cambio del nuevo rector o director, este, porque necesito meterme. Debe de haber orden, las escuelas son para que nuestros jóvenes vayan a aprender, se les atienda, no son para otra cosa”, aseguró la mandataria en aquella ocasión. Sergio “N” permaneció nueve meses al frente de la universidad y dejó el cargo en septiembre de 2025, en medio de inconformidades de estudiantes y trabajadores por problemas administrativos y pagos pendientes. En el caso de Víctor de Jesús “N”, fue separado del cargo como director administrativo el 6 de noviembre de 2025. En su momento, se difundieron señalamientos sobre un presunto uso indebido de recursos por alrededor de 1.8 millones de pesos, sin autorización de instancias administrativas estatales. Con la prisión preventiva dictada, los tres exfuncionarios permanecerán recluidos en tanto el juez define su situación jurídica en la continuación de la audiencia programada para el próximo viernes.
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Impacto económico del embarazo infantil y adolescente asciende a alrededor de 76 mil mdp anuales, equivalentes a cerca de 0.3% del PIB MEMORANDUM 2.- Con base en estudios internacionales y análisis oficiales, el embarazo infantil y adolescente no sólo representa una grave violación a los derechos de niñas y adolescentes, sino que también tiene un costo económico cuantificable y de largo plazo para México. Estimaciones retomadas por organismos internacionales señalan que el impacto económico del embarazo infantil y adolescente en México, asciende a alrededor de 76,000 millones de pesos anuales, cifra equivalente a cerca de 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB). Estas pérdidas derivan de la combinación de menor escolaridad, menor participación laboral, menores ingresos a lo largo de la vida y una reducción en la recaudación fiscal. El reciente caso de una niña de 10 años que dio a luz en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tras un embarazo producto de violencia sexual, volvió a colocar el tema en la agenda pública. Según datos de la Secretaría de Salud, tan sólo en 2024 se registraron más de 92,000 nacimientos en adolescentes de 15 a 17 años y casi 8,000 en niñas de 10 a 14 años. En este último grupo, especialistas y organismos internacionales coinciden en que el embarazo es siempre consecuencia de abuso sexual, lo que evidencia fallas estructurales en prevención, detección y atención. De acuerdo con el estudio El precio de la desigualdad, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), publicado en marzo de 2025, el embarazo adolescente y la maternidad temprana generan pérdidas económicas significativas para los países de América Latina y el Caribe al reducir el capital humano, limitar la trayectoria educativa de las mujeres y disminuir sus ingresos futuros. El impacto no se limita a la productividad, ya que los embarazos en niñas y adolescentes suelen ser de mayor riesgo médico, lo que incrementa el gasto público en salud por complicaciones obstétricas y neonatales. A ello se suma una mayor dependencia de programas sociales a lo largo del tiempo, tanto para las madres jóvenes como para sus hijas e hijos. Organismos como el Banco Mundial advierten que la maternidad temprana implica una carga adicional para los sistemas públicos de salud, educación y protección social, costos que terminan siendo absorbidos por el Estado y, en última instancia, por toda la sociedad. El caso ocurrido en Chiapas expone además una dimensión crítica del problema. Organizaciones civiles como Reinserta subrayan que cada embarazo infantil es una forma extrema de violencia sexual y una señal de omisión institucional cuando no es detectada ni detenida a tiempo. En México, 9 de cada 10 delitos sexuales no se denuncian, de acuerdo con datos oficiales, lo que agrava la impunidad y permite la repetición del daño. En entidades como Chiapas, donde persisten altos niveles de pobreza, rezago educativo y desigualdad, el embarazo infantil y adolescente reproduce ciclos intergeneracionales de pobreza, profundizando brechas sociales y económicas. Prevenir cuesta menos que sostener las consecuencias. Los estudios coinciden en que invertir en prevención resulta más costo-efectivo que asumir los efectos acumulados del embarazo infantil y adolescente. Por lo anterior, el UNFPA, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos recomiendan fortalecer la educación sexual integral, garantizar servicios de salud sexual y reproductiva, mejorar los mecanismos de denuncia y brindar atención médica, psicológica y legal inmediata a las víctimas. Por último, organizaciones especializadas plantean que la respuesta del Estado no debe limitarse a la sanción, sino incluir programas de intervención con agresores sexuales para prevenir la reincidencia. Así las cosas.
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Para 2025 ya son más de 100 mil venezolanos viviendo en México, reflejo del deterioro económico, social y político de Venezuela MEMORANDUM 3.- Aunque entre 2015 y 2018, México registró un aumento constante en la emisión de tarjetas de residencia permanente y temporal para personas de nacionalidad venezolana, el crecimiento más marcado se observa en los años recientes pues para 2025 ya son más de 100,000 venezolanos viviendo en México. Esto refleja, por un lado, la compleja situación que vive Venezuela en materia de bienestar y derechos, y por otro, el posicionamiento de México como uno de los destinos más elegidos por los venezolanos que buscan asilo fuera de su país. De acuerdo con el recuento histórico de la última década, en 2015 se otorgaron 2,235 residencias permanentes y 4,229 temporales, mientras que para 2018 ambas modalidades superaron las 6,000 tarjetas, reflejando un incremento significativo en la migración venezolana hacia el país durante ese periodo. El punto más alto se alcanzó entre 2019 y 2021, cuando las residencias permanentes se consolidaron como la forma predominante de regularización. En 2020 se otorgaron 11,041 tarjetas permanentes y 2,409 temporales, y en 2021 la cifra de permanentes se mantuvo elevada con 10,635. Este comportamiento coincide con un contexto de mayor salida de personas de Venezuela y una política migratoria mexicana que facilitó procesos de regularización. A partir de 2022 se observa una reducción sostenida en el número de tarjetas otorgadas: 9,693 residencias permanentes y 1,955 temporales, mientras que en 2023 y 2024 las cifras continuaron a la baja. Para 2025, en el periodo de enero a julio, se contabilizaron 2,640 residencias permanentes y 771 temporales, lo que confirma una desaceleración en la emisión de documentos, aunque México sigue siendo un país clave para la población venezolana migrante. La presencia de personas venezolanas viviendo en México ha sido históricamente baja, pero con una tendencia creciente en los años recientes ligada al éxodo. En 1990, se registraban apenas 1,460 venezolanos residentes en el país. Para el año 2000, la cifra aumentó a 3,024 personas, lo que reflejaba un crecimiento moderado asociado principalmente a movilidad académica y laboral. Venezolanos en México: 80% vive en alta vulnerabilidad y quienes tienen residencia son, en su mayoría, profesionistas. El incremento se volvió más evidente a partir de la década de 2010. En ese año, el número de venezolanos viviendo en México ascendió a 10,786, y para 2015 la cifra creció a 15,664 personas. Este periodo coincide con el inicio del deterioro económico, social y político en Venezuela, que impulsó una migración inédita de los habitantes de dicho país. Así las cosas.
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