Tras comentarios de sus custodios, Hernán Bermúdez Requena solicita amparo contra posible extradición a EU, le niegan el recurso MEMORANDUM 1.- Hernán Bermúdez Requena, El abuelo, El Munra y/o Comandante H, promovió un juicio de amparo para evitar su extradición a Estados Unidos. Permanece preso en el Centro federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el estado de México, acusado de los delitos de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa. El Abuelo, líder del grupo delictivo de La Barredora, presentó la demanda ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el estado de México, con residencia en Toluca, donde señaló que el pasado 5 de marzo de este año, custodios del penal del Altiplano le comentaron que “ya me iba al gabacho porque existe una orden de extradición en mi contra, lo que se robustece con las notas periodísticas de circulación nacional”. Por ello, indicó, que "y ante la existencia de un procedimiento de extradición en mi contra, sin que haya mediado notificación formal, comparezco a promover el presente juicio de garantías, en razón que no me ha sido notificado y, por ende, no he tenido posibilidad de ejercer mi derecho de defensa", reiteró. No obstante, Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal, desechó la demanda de garantías por tratarse de un acto futuro e incierto. El juzgador sostuvo que el quejoso expresamente expuso que a la fecha de presentación de la demanda, no se le había realizado notificación alguna sobre determinación relacionada al procedimiento que reclama, pues como lo indica, “únicamente cuenta con comentarios de los custodios del centro penitenciario en el que se encuentra recluido, pero tales servidores públicos no son los autorizados para notificar cuestiones de procedimiento”. Agregó que tampoco corrobora la pretensión del justiciable las notas periodísticas de circulación nacional, pues no se advierten que exista procedimiento de extradición en su contra. Detalló que Bermúdez Requena no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, “lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados”. Añadió que el sólo temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que el promovente de amparo tenga obligación de interponer juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación surge en el momento en el que tiene conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal, y no por inducciones, tal como acontece en este caso.
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En medio de un panorama nebuloso para la reforma electoral, regresan al Senado Beltrones y Yunes Linares ¿habrá más traiciones? MEMORANDUM 2.- El martes Manlio Fabio Beltrones y Miguel Ángel Yunes Linares se reincorporaron al trabajo legislativo del Senado. El primero lo hace tras disfrutar de una licencia que solicitó desde junio de 2025 por tiempo indefinido y el segundo para cubrir una licencia de ocho días de su hijo, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez. Este último solicitó permiso para ausentarse del Senado del 9 de marzo al 17 del mismo mes, el cual fue aprobado por el pleno senatorial. Manlio Fabio Beltrones se reintegró en su calidad de senador independiente, posición que adoptó desde que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional decidió excluirlo de la bancada en agosto de 2024 por diferencias con el dirigente Alejandro Moreno. Al término de la Sesión y al ser cuestionado por el voto de su hijo en favor de la reforma al Poder Judicial, el senador suplente sólo se limitó a decir: “Lo importante es lo que se está viendo hoy. Lo de ayer ya pasó”. Cabe recordar que, en septiembre del 2024, el voto a favor de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien era parte de la bancada panista, fue determinante para que el bloque oficialista alcanzará la mayoría calificada para aprobar la reforma al Poder Judicial.
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Juez federal concede suspensión provisional a Diego Rivera, exalcalde de Tequila; pero seguirá en la cárcel, buena noticia para los tequilences MEMORANDUM 3.-
El exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro obtuvo una suspensión provisional contra la vinculación a proceso que se le dictó por delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro. La medida cautelar no implica su libertad, por lo que permanecerá preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México. Jorge Adrián Cruz Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia Penal con residencia en Toluca, Estado de México, señaló que el efecto de la suspensión es para que detenga la apertura del juicio oral hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva, cuya audiencia programó para el 17 de marzo. Indica que con la concesión de la suspensión no se causa un perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y, por el contrario, de no otorgarse se podrían causar daños o perjuicios de difícil reparación. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Diego Rivera Navarro lideraba una red de corrupción gestada dentro del ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionaban a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario público, además de estar relacionado con una célula delictiva, por ello al informarse su detención algunos comerciantes realizaron un baile para celebrar. Investigaciones sostiene que el ex alcalde recurría al nombre de “El Mencho” como advertencia ante cualquier negativa a cumplir con sus exigencias económicas. Esa mención funcionaba como mensaje de intimidación para quienes se resistían a sus peticiones. Por unanimidad, avanzó en el Senado la reforma constitucional propuesta por la presidenta, Claudia Sheinbaum, que pone un límite a las pensiones de altos mandos de empresas estatales, organismos públicos y banca de desarrollo y ajusta las jubilaciones millonarias actuales de los ex funcionarios de esos organismos, con lo que ese espera un ahorro de 5 mil millones de pesos al año. La reforma al Artículo 127 Constitucional se aprobó con los 32 votos de los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, que presiden los Morenistas Oscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza, quienes detallaron que mañana se discute ante el pleno del Senado. En cuanto comenzó la sesión se dio primera lectura al dictamen aprobado, por el que ex funcionarios del sector paraestatal, que reciben pensiones de hasta un millón de pesos, pasando por 900 mil, y medio millón, en cuanto se promulgue la reforma, quedarán en 70 mil pesos, que es la mitad de la remuneración que ahora percibe “la persona titular del Poder Ejecutivo”. Aunque PAN, PRI Y MC votaron a favor, criticaron la modificación constitucional, especialmente que deje fuera de la reducción de pensiones para los integrantes de las fuerzas armadas y del Poder Judicial. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, expuso que votarían a favor de “eliminar esas pensiones escandalosas", pero exigió cambios al dictamen, entre ellos que el monto de las pensiones en Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera, en fideicomisos y demás entes públicos no se fije en la mitad de la remuneración de quien esté al frente de la presidencia de la República, sino en UMAS. Argumentó que ello es previsión de que a futuro otro Presidente de la República modifique la Constitución y reduzca más su salario. A nombre del PRI, Carolina Viggiano fue más allá, criticó también la iniciativa, ya que a su juicio el aplicarla con efectos retroactivos perjudica a las personas. Sostuvo que las pensiones de los ex funcionarios provienen de un contrato con cláusulas, “que ahora el gobierno se rehúsa a cumplir.” Los defendió también al señalar que “se les ha exhibido, con nombre en la mañanera, sin que se compruebe que las jubilaciones millonarias se obtuvieron de forma fraudulenta o ilícita”. Por “unos cuantos pesos se está poniendo en riesgo el principio de legalidad”, porque, dijo, los 5 mil millones de pesos que se ahorrarán, si Pemex “dejara de perder en 16 días”. En respuesta, el senador de Morena, Pável Jarero, explicó que es inaceptable que la mayoría de los mexicanos tengan pensiones de en promedio 7 mil pesos, mientras un grupo de “privilegiados” obtiene desde hace años pensiones millonarias, pagadas con recursos públicos. “Hoy le estamos regresando a los trabajadores lo que el prianismo robó durante décadas de malos gobiernos”. Agregó que muchas de esas “jubilaciones doradas están muchos técnicos que les hicieron la tarea esos malos gobiernos del viejo sistema tradicional, con lo que saquearon al país y los ayudaron a enriquecer sus carteras”.
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