HIELA LA piel cuando un militar de alto rango al servicio del Ejecutivo, desafía al Poder Judicial y lo increpa con una frase que no tiene desperdicio: “parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”. La postura –pese al respeto que le tenemos a las fuerzas armadas por razones de origen-, nos trasladan automáticamente a Venezuela en tiempos de Hugo Rafael Chávez Frías; Panamá, con Manuel Antonio Noriega; Chile, con Augusto José Ramón Pinochet Ugarte; los seis golpes de Estado perpetrados en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976 en Argentina y las subsecuentes dictaduras e, incluso, a la República Dominicana y el ascenso del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina que gobernó a aquella nación desde 1930 hasta su asesinato en 1961, dejando tras de sí una estela de desolación y muerte. Y es que en México ha quedado de manifiesto, salvo por el caso respetabilísimo del General Lázaro Cárdenas del Río-, que los militares no deben estar en tareas de Gobierno, sino en las que dicta la Constitución que rige los destinos del País: la defensa de la soberanía y la integridad territorial, y no realizando tareas policiacas, de ministerio público o investigación que corresponden a la procuración de justicia, aun cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador les ha otorgado todo el poder en aras de acuerparse para seguir cometiendo toda suerte de violaciones a la ley pretextando el combate a la corrupción. AMLO les ha dado tanto y semejante poder, que el almirante Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán se refirió a las complicaciones que enfrenta esa dependencia para cerrar sus investigaciones, por ejemplo, contra ‘narcos’ (cuando investigar no debería ser función de la SeMar sino de los Ministerios Públicos o Fiscalía General de la República), y en ese contexto no tuvo empacho en decir que, “es penosa la actuación de algunos jueces cuando colocan obstáculos a los operativos y detenciones de presuntos narcotraficantes, al grado que los juzgadores parecieran ser los enemigos. Hay muchos casos que hasta pena nos da que actúen de esa manera, que parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención. Tenemos varios casos, pero los tenemos que hacer muy bien hechos”. Y uno se pregunta: ¿Qué acaso la Marina o las fuerzas armadas ahora son las responsables de procurar justicia?. Sin duda, algo que enciende focos de alerta para una sociedad que no tiene defensa ante esas instancias.
EL MILITAR explicaba las dificultades a las que se enfrentan para cerrar sus investigaciones y consignar, por ejemplo, a probables traficantes de fentanilo, quienes ahora están metiendo esa peligrosa droga no sólo por los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, sino más al norte del Pacífico, por Ensenada y Guaymas. Y es que el Presidente López Obrador ha dado el control de las aduanas y puertos a la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte del acuerpamiento que tiene en la milicia, y por ello el titular de Marina revela el hallazgo en la víspera, en Guaymas, de una carga de metanfetaminas en líquido, transportada en sacos de carbón, que iba a ser llevada a Barcelona. En ese contexto explicó que están en pleno seguimiento técnico de todo el entramado a fin de no darse por satisfechos sólo con decomisar la droga, sino ubicar toda la red, motivo por lo cual no podía dar más información a la prensa, aunque sí establecería coordinación con España para “ir cerrando el círculo”. Y uno se pregunta: ¿Qué acaso las labores de investigación no corresponden a la Fiscalía General de la República, en tanto la Marina debería dar parte de inmediato o consignar? Y es ahí donde comienza la puerca a torcer el rabo, porque la declaración del almirante permite deducir que se están dualizando funciones con la FGR, algo que se torna peligroso ya que el militar también descalifica a los ministerios públicos que dependen de la Fiscalía General de la República.
NO ES secreto que las Fuerzas Armadas de México son el conjunto de instituciones militares constituidas legalmente para garantizar la soberanía, integridad territorial, independencia y seguridad interior del País, además de colaborar con las autoridades para auxiliar a la población en situaciones de emergencia social, así como promover acciones cívicas o de beneficio comunitario, pero no de seguridad pública, pero el Presidente que antes despreciaba su labor de seguridad ahora lo multiplica. Sin duda, el presidente de México es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, lo que lo convierte en el único facultado para disponer de ellas, sin embargo la legislación normativa y la autorización de sus acciones están supeditadas al Senado de la República. Las FAR están integradas por tres instituciones militares permanentes agrupadas en dos Secretarías de Estado que son: Defensa Nacional (a cargo del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana) y Marina (a cargo de la Armada de México). El Ejército y la Fuerza Aérea Nacionales tienen la misión de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación mexicana; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; en casos de desastre, presentar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio a las personas, sus bienes y la reconstrucción de zonas afectadas, pero no deben estar en tareas de seguridad que debería corresponder a la policía.
Y FUE precisamente ante el exabrupto del titular de la Marina que el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (que no tiene nada de Lelo, y que presupone que el Presidente López Obrador le extendió el mandato dos años en aras de manipularlo-, quien decidió salir en defensa de la autonomía de jueces, y en su cuenta de Twitter le respondió al militar que la función de los jueces y magistrados federales seguirá siendo defender los derechos humanos y la Constitución, y la SCJN defenderá su autonomía, algo que era necesario ante el desmedido poder que el mandatario nacional dispensa a las fuerzas armadas, con las que, seguramente, intentará extender su mandato en el 2024 siguiendo el ejemplo de sus admirados Evo Morales, en Bolivia; Daniel Ortega en Nicaragua; Nicolás Maduro, en Venezuela, y los Castro en Cuba, algo que no debe permitirse.
YA LA Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Poder Judicial de la Federación emitió un pronunciamiento en el que sostiene: “Ante las serias implicaciones que pueden tener las palabras expresadas por un funcionarios de otro Poder del Estado, la asociación se ve en la necesidad de aclarar que las y los juzgadores federales no son ni enemigos ni amigos de nadie, sino que obedecen únicamente a la Constitución y actúan en defensa de los derechos humanos de las personas”. Tal vez el origen del exabrupto del Almirante Rafael Ojeda Durán se deba a que el pasado 14 de abril un juez federal decretó vinculación a proceso en contra de 30 integrantes de la Secretaría de Marina, acusados de incurrir en violaciones a derechos humanos, tortura y desapariciones forzadas cometidas en Tamaulipas. Pero aunque fuera por eso, nadie debe estar por encima de la ley. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com
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