Si se continua con la simulación, el engaño y la mentira, en la impartición de la justicia, sin duda alguna que la corrupción y la impunidad ondearán con orgullo en la nación y el gatopardismo seguirá siendo el pan nuestro de cada día, en tanto la criminalidad aumentará de manera exponencial, por no ser más que resultado de lo mismo, porque hay paz y bienestar para todos o no existirá para nadie.
Los casos emblemáticos recientes de la maestra Elba Esther Gordillo o de Napoleón Gómez Urrutia tienen anonadada a la sociedad y la credibilidad en las instituciones cada vez es menor, pues de verdad siempre se pensó y se piensa aún, que ambos son bandidos de siete suelas ,al disponer de manera criminal de los recursos de los trabajadores y ahora gozan de libertad, en tanto hicieron uso de más de cuarenta amparos cada uno, para demostrar su inocencia, porque quienes resolvieron, solo tocaron la epidermis sin resolver de fondo.
Los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la nación, en síntesis, el poder Judicial de la Federación, guardián de la constitución y de sus leyes, los eximió de toda responsabilidad, pues ni siquiera se comprobó que su enriquecimiento es ilícito, para decomisarles sus bienes y reintegrarlos a la nación, por el contrario, son y se le verá como personas honestas y entretanto, litigaron o estuvieron injustamente enjuiciados, en claro ultraje y negación a la justicia.
En tanto eso aconteció con estos ya no imputados, quienes administran la justicia jamás fueron sancionados, pues tampoco incurrieron en actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, sin embargo, la maestra estuvo más de cinco años en la cárcel, en tanto, Gómez Urrutia, estuvo exiliado en Canadá casi doce años, es decir, los más de cuarenta amparos promovidos fueron tan simplistas que fueron para efectos, esto es, los jueces y magistrados, no tomaron decisiones de justicia de fondo si no de mero trámite, hasta que se agotó el tiempo de la impunidad o corrupción de la que fueron participes, porque lo correcto, en el primer acto , era haber impartido justicia completa , rápida y expedita.
Un país sin consecuencias para quienes aplican la ley, es lo mismo que la negación de la justicia, por lo mismo permea la inseguridad y la criminalidad, y la desconfianza se hace más profunda y ahora que se tiene el caso de la draconiana sanción impuesta al partido MORENA por el Instituto Nacional Electoral por cerca de doscientos millones de pesos por la supuesta triangulación de recursos de un fideicomiso para ayudar a los damnificados del sismo al l proceso electoral, infamia que solo tenía de propósito de manchar seriamente la imagen de su candidato Andrés Manuel López Obrador, en una actitud de auténtica agresividad, a efecto de restarle prestigio y crear la percepción , como se creó, de que sus promesas de campaña rayan en lo mismo de siempre, más y mayor corrupción.
Al resolver por unanimidad el tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocar ese acuerdo de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, obliga., por la trascendencia de la
limpieza de la democracia se debe de fincar responsabilidades, sin contemplación alguna, porque lo que está en juego es la tranquilidad de la nación y si se quiere que confianza en esa institución de la mayor trascendencia y prestigio merece, procede que se actué de la manera severa y enérgica contra los que, después de una votación de más de treinta millones de ciudadanos pretenden empañar ese proceso , es decir, peligroso permitir que se juegue con lumbre , como es el caso electoral, cuyos antecedentes graves se tienen en 1988,2006 y 2012 en que el fraude electoral esos años, abrió la ruina del país, del que pasaran años para que salga.
Si el daño está causado, solo la aplicación de sanciones puede hacer que se sienta un poco de confianza para escarmiento de todos, pues no es nada más “robar poquito”, sino dejar de robar y al resolver cuestiones legales, es hacerlo a conciencia y hay obviedad que salta a la vista, de calumniar o difamar para que se piense que es más de lo mismo, ya se vio , por ejemplo, el caso de Ricardo Anaya que el presidente Peña Nieto maniobró para restarle prestigio en la contienda electoral al señalarlo de lavado de dinero.
Ahora bien, si nada se hace contra los consejeros del INE en este caso de por si abominable, no esperemos elecciones limpias, democráticas y transparentes de los gobernantes, que tampoco se dan en los comisariados ejidales o sindicatos.
Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia están en su derecho de demandar al estado mexicano por el daño patrimonial que les causaron los jueces, magistrados y ministros lo que está en la constitución por una actividad administrativa irregular y, en el caso de MORENA, cuenta en la cámara de los diputados- y todos los partidos apoyarían- con elementos para hacerlo, de manera que no se repitan estos actos que empañan y denigran la incipiente democracia. limacobos@hotmail.com
Twitter:@limacobos1 |
|