“Mientras coman en mi casa, los demás que importan”, así se podría resumir la insensibilidad de la suprema Corte de Justicia ante la miseria galopante que atosiga y aterra en la población en general, ante la existencia de cincuenta millones de mexicanos que carecen de lo indispensable, en tanto hay derrote en las altas esferas del gobierno federal, con sueldos y prestaciones descomunales que, además , no el fondo no contribuyen a resolver los problemas que se generan internamente y que , por el contrario, se aumenta la impunidad.
Es criminal la riqueza acumulada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia que han sido designados para ocupar el cargo durante quince años inamovibles, con un sueldo, compensaciones y privilegios, que rondan los seiscientos mil pesos mensuales y que al final de la jornada tendrán un capital no menor de cien millones de pesos, algo que ningún ministro de justicia de país alguno del mundo podrá acumular y que tampoco les alcanzará la vida para consumirlo o derrocharlo, en tanto el país se debate en la miseria, la desesperación y el abandono.
El cobre se enseñó muy rápido, pues el ministro presidente Luis María Aguilar , ante el régimen de austeridad que se ha anunciado por el presidente electo López Obrador,- para salvar a la república del despilfarro más descomunal de que se tenga memoria y de no nos hundamos más-, expresó su consentimiento para recortar su presupuesto en cinco mil millones de pesos, lo que significa y acredita, en el buen lenguaje jurídico, que no se tenía necesidad de esos recursos y que se dilapidaron en la mayor de las irresponsabilidades por quienes imparten justicia, que, se presumen, deben demostrar la mayor de las prudencias con los recursos de la nación.
El espíritu de solidaridad con los más desvalidos requiere de una decisión terminante de quien ejercerá el poder a partir del 1 de diciembre, como es de terminar para siempre, que jamás se vuelvan a repetir las infamias que se producen en el ejercicio del servicio público como es el dispendio que genera la complicidad y el contubernio y que la sociedad está necesitada de conocer la verdad del endeudamiento endemoniado que tiene la nación en tanto las carreteras , y los servicios públicos de todos los niveles como salud, educación, etcétera, están abandonados o viven en el cercano colapso, en tanto una minoría rapaz , devora, en la mayor opacidad, el presupuesto nacional.
Es cierto que el artículo 94 de la constitución política expresa que la remuneraciones que perciben por su servicios los ministros, magistrados, los jueces de distrito y los consejeros de la judicatura federal, así como los magistrados electorales no podrán ser disminuidos, sin embargo, el artículo 127 constitucional también señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración….mayor a la establecida para el presidente de la república, pero más aún precisa que la remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos que aprueba la cámara de diputados y , a mayor abundancia, el artículo 123, apartado B ,fracción IV “ los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos…….sujetándose a lo dispuesto el artículo 127 de esta constitución y en la ley, es decir, tiene que prevalecer el criterio que más beneficie a la nación, ante la existencia de un presidente con decoro y vergüenza histórica.
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En base a lo anterior, se puede afirmar que con la reglamentación al artículo 127 constitucional se puede resolver el conflicto o la discordancia que pueda darse entre dos artículos constitucionales y para ello, es decir, dirimirla, tendrá que existir un tribunal constitucional,-lo que no existe en nuestro país-, habida cuenta que una de las partes tiene interés especial por ser interesa, como lo expresó el ministro presidente al puntualizar que no son “ privilegios inconfesables” y “ pues tener buenos jueces independientes y confiables, hace que la democracia sea real y efectiva y el estado de derecho deje de ser una utopía”, lo que está a discusión cuando el estado mexicano ha sido condenado en reiteradas ocasiones, luego entonces, lo que procedería dictar un decreto, ante la emergencia económica y el endeudamiento que sufre el país y la carencia de cientos de servicios y la pobreza, por demás deleznable que vive la población, es decir, la emergencia es real y urgente su observancia.
Así, los más de treinta millones que eligieron al congreso de a la Unión y al presidente de la república están obligados a responder a los reclamos de la sociedad, que no solo exige que no exista una gobierno rico ante un pueblo que raya en la miseria, sino que, además, se quiere conocer la verdad de los crimines que engrando la corrupción y la impunidad, para que se tenga una esperanza sólida en el futuro de la nación, de lo contrario, la decepción será el signo el la historia y la ignominia de no haber producido los cambios de una auténtica cuarta transformación.
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