El propósito es indubitable, por lo mismo, los ojos y los oídos deben estar siempre atentos para, cualquier agresión que se organice, estimule y fomente, con visos de perversidad de suyo inobjetable o de dudosa procedencia, se ataque de inmediato, duro y a la cabeza y más cuando está de por medio el prestigio y la honorabilidad.
Es de todos conocidos que la hacienda pública- los recursos de los mexicanos- y la persecución de los delitos- la impartición de la justicia-, se instrumenta e instruye desde arriba, es decir, el presidente de la república, porque nada se mueve si no existe la disposición de quien paga y manda; lo mismo acontece a nivel de los gobernadores que, sumisos con los de arriba, aplastan a los de abajo, es ley de la vida.
Los crímenes de estado, tienen su origen en el alto poder político, pues nadie de abajo se va a lanzar al vacío, porque si los ministros de la Corte atendieran a la interpretación y observancia de la ley y, a lo que el derecho nacional e internacional postula , el Estado mexicano no hubiera sido sentenciado en más de cinco ocasiones por actos u omisiones que son su responsabilidad y el caso más elocuente es el de Ayotzinapa, cuya sentencia dictada por un colegiado mexicano que resulta impecable, no se ha podido cumplir en virtud “de existir imposibilidad material y jurídica para hacerlo”, es decir, para conocer la verdad real de los acontecimientos, no lo de los procuradores Murillo, Gómez y Cervantes.
Nunca se sabrá la verdad en el caso de la campaña que emprendió Peña Nieto- por conducto de su encargado de la procuraduría general de la república- en contra del candidato presidencial de la coalición por México, Ricardo Anaya, por lavado de dinero, si, el agredido, no exige que se profundice, porque si bien no tiene el número de representantes populares para reclamar el caso, si puede contar con la fracción parlamentaria de MORENA, que es víctima de lo mismo en fecha reciente y se finque la acción respectiva contra quien instrumentó esa agresión criminal en uno y otro caso, porque ahora se exigen consecuencias.
Sin duda, por la salud de la república, por el bien de la patria, debe profundizarse en este caso de Ricardo Anaya,- esta misma política se aplicó contra López Obrador en 2006 y 2012- pues el complot que se armó fue de tal magnitud que poco faltó para que se redujera a cenizas a ese candidato, y hoy vemos cómo, el Instituto Nacional Electoral, a través de dos consejeros propuestos por el PRI,-Murayama y Baños- sin el menor recato, se pronuncian para que se aplique una multa descomunal al partido triunfador por un fideicomiso creado para apoyar a los damnificados del temblor de septiembre, todo con el propósito de ocasionar una daño moral al candidato López Obrador que, si bien no afecta la elección presidencial si exhibe a quien pretende crear la transformación del país, mediante reformas que destruyan para siempre la corrupción y la impunidad y que el gobierno deje de ser botín de piratas que se enriquecen con el dolor y la miseria de cerca de cincuenta millones de mexicanos.
Si se exige la comisión de la verdad en el caso de Ayotzinapa, igual exigencia debe promoverse para que se sepa la verdad en el caso de Ricardo Anaya y el uso faccioso de la Institución
del Ministerio Público en su contra y lo mismo debe exigirse en el caso del Fideicomiso que tanto escándalo ha producido, casi similar al Pemexgate o a los amigos de Fox, de manera de fomentar el desprestigio de quien será el presidente, esto, crea la imagen que todo será igual.
Sin contemplaciones de ninguna especie debe irse al fondo de estos casos para que la sociedad crea realmente en sus instituciones, pues si por un lado la Corte Interamericana condena al país por los actos y omisiones que sus autoridades internas han incurrido , estos casos paradigmáticos,-Anaya y López Obrador- ahora que se habla de la cuarta transformación-, no debe permitirse más simulación y castigar severamente a quienes han incurrido en responsabilidad, y el caso de la Corte de Justicia de Perú que fue destituida por corrupción, debería ser punto de referencia para que el congreso mexicano asuma su papel de dignidad y no de simple cómplice y acompañante de lo que acontece con la impartición de la justicia. limacobos@hotmail.com
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