Las fiscalías, o las procuradurías estatales o de la república, acusan una gran desconfianza, digna de quienes las presiden realmente, como es el presidente de la república, de la general de la república, o los gobernadores de los estados, pues sabido está que no se da curso a ninguna carpeta de investigación,- de casos sonados o políticos, por supuesto- sin el aval de quien manda realmente, pues el encargado de ellas es quien simula que determina y solo firma.
Está evidenciado en nuestro país que esto acontece en todo tiempo y momento, pues un encargado del despacho, sin reunir los requisitos constitucionales, cesó al fiscal electoral, cuando su mandato concluía, constitucionalmente, el 30 de noviembre y, lo propio se vivió en Veracruz con Yunez Linares, al cesar al fiscal por nueve años y hoy está en prisión acusado del delito de desaparición forzada de personas, sin juicio previo ante el congreso del estado y la juez, en su reflexión tan profunda,- presunción de inocencia , debido proceso y legalidad de la detención- que asombra , lo vincula a proceso y lo priva de su libertad.
Pero lo peor de todo es que, los procuradores generales de la república responsables de la investigación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.- Murillo Karam, Arely Gómez y Cervamtes- que ya deberían estar vinculados a proceso por acción u omisión en ese caso tan doloroso, ni sudan ni se acaloran, pues si la impunidad permea al país, no tienen por qué sufrir consecuencias, aunque se prueba que hay omisión en la investigación y existe una verdad legal irrevocable, lo que no tiene similitud con el ex fiscal veracruzano. .
El tribunal Colegiado de Circuito que condena a que se finque responsabilidad, no hizo otra cosa que cumplir con los acuerdos que México ha firmado con antelación, es decir, nada es nuevo, y antes de esperar otra condena más- ya van como siete- prefiere dar la carga la Suprema Corte de Justicia para dejar de ser el patito feo de la película, es decir, basta del ridículo jurídico por sumisión o el silencio cómplice.
Las declaraciones del encargado de la procuraduría general de la República- que incumple con lo que la constitución expresamente señala de los requisitos que debe cumplir y satisfacer el procurador- , ante su ignorancia elocuente habla de la imposibilidad para crear una comisión que investigue la verdad de los acontecimientos, y lo dice en estos términos “real, jurídica y material”, cuando, como afirma el colegiado “ el éxito de dicha comisión será también el éxito del propio Estado, y de sus instituciones, pero sobre todo, constituirá la materialización de la verdad y la justicia, en el marco del estado de derecho que debe prevalecer en todo país democrático, como el nuestro”.
En resumidas cuentas, se ha condenado al presidente de la república, por ser el jefe del ejército, marina, fuerza aérea y procuraduría, como responsable directo de todas esas dependencias para que se deje en plena libertad a la comisión de la verdad en la investigación y se limpie, un poco a la nación de la ignominia en que está inmerso, pues poner en entredicho la sentencia, es grave y peligroso, pues se trastoca el orden jurídico cuando, una resolución de ese nivel, que ha causado ejecutoria, no la cumple del Estado, porque no se quiere aceptar que todo lo realizado durante tantos años en ese caso, es una auténtica farsa.
Por ese mismo camino va el gobernador de Veracruz que ante las desapariciones forzadas de personas que ha acontecido en el Estado, en lugar de cumplir con el protocolo de Estambul como es evitar las autoincriminaciones u obtener confesiones coercitivas o premiadas, no hubiera destituido al procurador Contreras Bravo y en aras de la limpieza de toda investigación creíble, acatar el acuerdo de Minnesota que en lo que interesa señala “ cuando se trate de investigaciones acerca de violaciones a los derechos humanos, como desaparición forzada, tortura o ejecuciones extrajudiciales y haya irregularidades en la investigación, se procederá a crear una comisión independiente”.
En las relatadas condiciones – aquí se ha dicho y se dice ahora- que lo Ayotzinapa estaba cantado que se caería, como se cayó, y lo mismo sucederá con Veracruz, por ello, antes de que abandone el gobierno Yunes Linares, deberá designarse una comisión independiente, tal como lo resolvió el colegiado en el caso que se comenta, que profundice en el caso, en que, el fiscal, sea independiente, cuente con los medios económicos necesarios y que, acompañado de las víctimas se llegue al fondo del asunto y entonces sí, quien resulte responsable que la pague, y que la justicia satisfaga a todos. limacobos@hotmail.com
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