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MEMORANDUM 1: El economista Hilario Barcelata Chávez, titular del Observatorio de las Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana (UV), explica que “es una salida fácil asegurar que el paro de trabajadores de la Sefiplan es ilegal, cuando hay irregularidades administrativas en el manejo de los ingresos, a través de multas al Estado”, y agrega que como parte de las prestaciones laborales de los trabajadores de la Subsecretaría de Ingresos “se les otorga un estímulo por su participación de la recaudación de algunos ingresos extraordinarios para el gobierno, ya que la administración estatal recauda impuestos y multas por esos gravámenes con lo que se financia parte del gasto de las dependencias estatales, pero aquí son recursos adicionales que vienen de la participación del gobierno federal que les da una participación por colaboración administrativa, porque el Estado le ayuda a cobrar a los contribuyentes y a cambio se queda con las multas; es un incentivo económico para el gobierno estatal y a veces lo reparten entre los trabajadores”. Barcelata Chávez explica que esos ingresos se acumulan en un fondo que incluye el 100 por ciento de las multas, lo mismo que el 2 por ciento de impuestos estatales y las multas por derechos vehiculares, y luego se distribuye entre los trabajadores. Sin embargo, en este momento no se ha transparentado el manejo de los ingresos y a pesar de que se ha requerido una explicación al subsecretario de Ingresos, Arturo Jaramillo Díaz de León, no ha explicado cómo se ha manejado el dinero. El catedrático y analista universitario considera que “en este momento no se está declarando los ingresos por multas, ni cómo es el procedimiento de reparto para los más de 930 trabajadores de la dependencia. Es una cosa muy opaca y los trabajadores ya se dieron cuenta, porque ellos son los que hacen las recaudaciones, que el fondo lo están constituyendo con menos del dinero que se ingresa”. Y la explicación, detalla Barcelata Chávez, es muy sencilla: “se reportan multas por más de 80 millones de pesos en el primer cuatrimestre del año y sólo se les quiere repartir un millón de pesos, y ante los cuestionamientos de los trabajadores el subsecretario de Ingresos, Arturo Jaramillo les agrede con acoso laboral e intimidación entre los trabajadores”. Todo se reduce, precisa Barcela Chávez, a que “ante la escasez de recursos que tiene el Estado, evidentemente se está tomando dinero que se ingresa para el financiamiento de otras cuestiones, pero no se puede comprometer porque es un derecho de los trabajadores a lo largo de los años”. Detalla que los trabajadores calculan un bono de poco más de 30 mil pesos, y en cambio les han dado un monto mucho menor y a algunos otros no se les ha hecho la transferencia que les corresponde. Por ello, dice que “se tendría que revisar si se configura algún delito, pero existe una falta administrativa de parte del subsecretario Jaramillo que está decidiendo una nueva forma de reparto, y no estar cumpliendo con alguna prestación”. Barcelata Chávez añade que “he estado con algunos trabajadores y los conozco de manera personal y he tenido la posibilidad de darle seguimiento al asunto desde antes que esto estallara, solo que no sabían bien como entrarle al asunto legalmente”, por lo que señala que el secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín “está buscando motivos distintos al conflicto, para no responder a la demanda laboral, y no atender el pago de esta prestación (…) es una justificación (al decir que es ilegal), por lo que me parece que es algo muy delicado porque los trabajadores afectados son desde secretarias hasta jefes o directores de área y de Hacienda estatal. No es cosa menor esto que está sucediendo”. En pocas palabras, Gómez Pelegrín y su pandilla se quieren quedar con un dinero que, en efecto, les corresponde legalmente a los trabajadores, y han recurrido a la táctica favorita del Gobierno del Estado: el ataque, el golpe bajo, la amenaza, la descalificación. Vaya con estos bandoleros disfrazados de “servidores públicos”. MEMORANDUM 2: Lo advirtió la organización ecologista Greenpeace a tiempo, aunque intentaron soslayar sus dichos, y ahora la Profepa lo confirmó a medias al anunciar la clausura temporal de la planta Clorados III del Grupo Mexichem a través de su filial Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), aunque la primera ha exigido mayores sanciones por la explosión del pasado 20 de abril, y un cierre “definitivo”, pues advierte que aunque las autoridades de Protección Civil aseguraron inicialmente que no había contaminación en la zona, Greenpeace advirtió desde el primer momento sobre la posible liberación de tóxicos al ambiente y demandó que se tomaran las medidas pertinentes. La organización defensora del ambiente señala que “con este anuncio vemos que las autoridades empiezan a tomar en serio el impacto de este accidente sobre las comunidades locales y el medio ambiente (...) ahora, necesitamos que Mexichem asuma su responsabilidad en esta tragedia y actúe en la remediación con el respeto y transparencia que merece la gente de Coatzacoalcos”. También ha señalado que un equipo de especialistas que colaboran con esta instancia tomó muestras de agua y tierra del ambiente en la zona para analizar la presencia de sustancias tóxicas después de la explosión, y fueron enviadas a laboratorios especializados y se espera tener los resultados dentro de un mes o menos, si fuera posible, y serán dados a conocer a las comunidades impactadas y a la población en general de manera inmediata a su obtención. Pero al margen de lo que digan esos resultados, Greenpeace urge a que “Clorados III debería ser cerrada permanentemente, y con ella todas aquellas industrias que manejan sustancias químicas peligrosas, o por lo menos eliminar el uso de compuestos tóxicos que son en sí, un riesgo permanente (...) habría que preguntarnos por qué el gobierno dejó seguir funcionando -al lado de un río y una comunidad-, a una empresa con una historia de accidentes, que manejaba químicos altamente tóxicos, cuando había un riesgo tan alto. Pero ahora, más que nunca, tenemos que revisar radicalmente el manejo de sustancias peligrosas en nuestro país para evitar que tragedias como la de Pajaritos se repita”, señala Robin Perkins, líder del Proyecto de Tóxicos de Greenpeace. MEMORANDUM 3: Prácticamente resignados a que nunca volverán a ver a sus hijos como el 8 de enero pasado, cuando se despidieron de ellos porque iban al puerto de Veracruz, los padres de los 5 jóvenes de Playa Vicente desaparecidos en Tierra Blanca a manos de policías estatales adscritos a la región VIII de la Secretaría de Seguridad Pública, dicen que sólo esperan una respuesta de las autoridades que les digan cuál fue el último paradero conocido de los jóvenes, aunque parece que ni la misma autoridad lo sabe. “Ya no tenemos ni una pizca de esperanza de encontrarlos vivos”, dice la señora Carmen Garibo, mamá de Susana Tapia Garibo, la joven de menos edad desaparecida cuando contaba con apenas 16 años, y lo mismo externan Dionisia Sánchez, madre de Mario Arturo Orozco Sánchez, y José Benítez, padre de José Benítez de la O, junto con los padres de Alfredo González Díaz y Bernardo Benítez Arróniz. “Vamos a ver hasta qué porcentaje vamos en el caso de nuestros cinco muchachos”, dice José Benítez, quien añade que ya no tienen esperanzas de encontrarlos con vida, solo desean conocer qué fue lo que pasó con ellos realmente. “Solo confiamos en Dios y lo que Él nos haya destinado, eso es lo que queremos escuchar, pero sí queremos saber realmente qué fue lo que pasó”, en tanto que la mama de Susana Tapia Garibo resalta que “a estas alturas, lo que nos digan o lo que encontremos, creo que es bueno”. Pero aclara que “nunca vamos a aceptar el hecho, realmente no esperamos ya gran cosa, lo que encontremos pensaremos que es la voluntad de Dios y yo creo que con eso nos quedaremos. No estamos en paz, somos como muertos en vida, pero de esta reunión esperemos saber o tener algo de nuestros hijos”. MEMORANDUM 4: Aunque a inicios de mayo próximo se esperan lluvias fuertes, para la segunda quincena se iniciará una fuerte sequía en la mayor parte de la entidad veracruzana, indica José Llanos Arias, del área de meteorología de la Secretaría de Protección Civil estatal. Esto significa que a partir de la próxima semana podría haber precipitaciones fuertes, pero luego vendría una seca que abarcará gran parte de Veracruz. Llanos Arias indica que junio será el mes más seco durante este año. El pronóstico de lluvias hecho a principios de este 2016, en el sentido de que iba a haber baja capacidad de precipitaciones no ha cambiado, y por ello hay que cuidar el agua y evitar el brote de incendios forestales. Finamente, Llanos Arias dijo que este fin de semana podría ser muy caluroso, por lo que SPC llama a protegerse de exponerse mucho tiempo a los rayos solares y mantenerse hidratado… MEMORANDUM 5: Se han encendido las alertas en el estado de Guerrero ante la denuncia de integrantes del Consejo de Autotransporte de la Zona Centro y la Unión de Pueblos de la Sierra de Guerrero, que esta tarde han dado a conocer que por lo menos un centenar de miembros de ambas organizaciones están desaparecidos. Se sabe que los militantes de esas agrupaciones fueron detenidos y llevados a alguna parte luego del desalojo de la Autopista del Sol efectuado por fuerzas del gobierno estatal. María Eugenia Salgado, familiar de uno de los dirigentes de esas organizaciones, señaló que su hermano Servando Salgado se encuentra entre los desaparecidos, y responsabiliza al gobierno que encabeza Héctor Antonio Astudillo Flores de las desapariciones y lo que le pase a los detenidos. El secretario de Seguridad Pública del gobierno guerrerense, Pedro Almazán Cervantes, informó que 64 manifestantes fueron detenidos tras el desalojo de la autopista la tarde del jueves luego de estar cerrada a la circulación vehicular durante 8 horas por los manifestantes. El funcionario policiaco acusa a integrantes del Consejo de Autotransporte de la Zona Centro y la Unión de Pueblos de la Sierra de Guerrero de disparar a policías federales, cuatro de los cuales resultaron heridos y uno es reportado como “muy grave”, por lo que se ordenó a la policía estatal intervenir y desalojar a los manifestantes. El fantasma de Cocula, donde presuntamente desaparecieron los 43 estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, ronda sobre esta noticia. MEMORANDUM 6: En la víspera del Día del Niño, que se celebrará este sábado 30 de Abril, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) da a conocer cifras que ubican a Veracruz con altos casos de padecimientos gastrointestinales que provocan la muerte a un gran número de menores, y que señalan que por lo menos 134 mil niños trabajan para subsistir o apoyar económicamente a sus familias, y el dato más deprimente es que más de 100 mil menores de edad de los 26 millones que hay en el estado entre niños y adolescentes, no van a la escuela. Dentro de esas cifras, el Inegi indica que el Módulo de Trabajo Infantil (MTI) muestra que en 2013 la tasa de ocupación de la población de 5 a 17 años es de 6.9 por ciento, que corresponde a 134 mil niñas, niños y adolescentes que realizan alguna actividad económica, y de ellos, 67.0 por ciento son niños y 33.0 por ciento son niñas. Asimismo indica que en Veracruz, el 60 por ciento de los egresos hospitalarios corresponden a niños entre 0 a 17 años que se recuperan de enfermedades infecciosas gastrointestinales como diarrea y gastroenteritis. Esta Encuesta Nacional elaborada por el Inegi con motivo del Día del Niño, revela que de 2013 a 2015, del total de egresos hospitalarios por enfermedades infecciosas intestinales, 57.7 por ciento corresponden a la población de 0 a 17 años. Por sexo, el dato es ligeramente superior en los varones (86.7 por ciento contra 84.3 por ciento de las mujeres); también destacan otras infecciones bacterianas con 3.4 por ciento, infecciones debidas a Salmonella con 3.0 por ciento y Amebiasis con 2.5 por ciento, que en conjunto representan 8.9 por ciento de estas enfermedades. Y con respecto a la morbilidad hospitalaria, la diarrea y gastroenteritis se presentan con mayor prevalencia en los menores de un año (320 de cada 100 mil niños y 221 de cada 100 mil niñas), por lo que este grupo de edad es de interés para la salud pública, ya que por ejemplo, la lactancia materna, una alimentación adecuada y medidas de higiene, impactan de forma tal que “los niños que reciben leche materna de manera exclusiva, tienen menos posibilidades de contraer diarrea y neumonía, y 14 veces más probabilidades de sobrevivir que los niños que no la reciben”. Según un estudio de la Secretaría de Salud, en México de 2000 a 2004, cerca de la mitad (48.1 por ciento) de las muertes en niños de 0 a 14 años se pueden atribuir a padecimientos relacionados con enfermedades infecciosas intestinales, las cuales se originan por alguna bacteria, sustancia, parásito o virus al consumir alimentos y/o agua contaminados, alimentos en descomposición, y la presencia de rotavirus durante los meses fríos y secos. No obstante el importante descenso en las defunciones de niñas y niños de 0 a 17 años en el estado, 5.8 por ciento de muertes reportadas en 2013 se deben a enfermedades infecciosas y parasitarias, y de éstas, 45.3 por ciento son ocasionadas por alguna enfermedad infecciosa intestinal. Estas enfermedades son prevenibles con medidas como el correcto lavado de manos y la preparación adecuada de alimentos, la aplicación de la vacuna contra el rotavirus (que se proporciona a niños menores de siete meses de edad por vía oral), la promoción de la lactancia materna, así como una mejora en materia de saneamiento y acceso al agua potable. A pesar de todo ello, el Inegi asegura que la mortalidad infantil ha registrado un importante descenso en las últimas décadas en Veracruz: en 1970, morían 55.8 menores de 1 año de edad por cada mil nacimientos; en la actualidad, la tasa estimada para el trienio 2011 a 2013 es de 24.1 por ciento. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, en Veracruz residen 2.6 millones niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, lo que en términos relativos representa 31.8 por ciento de la población total y en cada uno de ellos se identifican necesidades y derechos en momentos muy particulares de su desarrollo. El monto de niños ha aumentado ligeramente en las últimas décadas aunque su participación porcentual ha disminuido: en 1990 el número de niños ascendía a 2.8 millones y su proporción respecto del total era del 45.6 por ciento. Otros datos de la Encuesta Intercensal 2015, destacan que 3.6 por ciento de los hijos nacidos vivos de 2011 a 2013 no se asentaron ante el Registro Civil, y del 96.4 por ciento de los registrados en Veracruz, 78.2 por ciento fue registrado antes de cumplir los 6 meses de edad; 15.3 por ciento fueron registrados con más de 6 meses, pero menos de 1 año, y 6.5 por ciento se registró con 1 o más años de edad. Conforme a los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, en Veracruz habitan 1.3 millones niños de 6 a 14 años, y requieren recibir una educación básica de calidad a fin de que amplíen sus oportunidades futuras y mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, 4.1 por ciento de esta población no asiste a la escuela. El no recibir la educación elemental para que la población adquiera la habilidad de la lectoescritura atenta contra un derecho universal y los efectos resultan negativos para quien lo padece. En Veracruz, a los 6 años cumplidos se ingresa al primer año de primaria, y es a los 8 años de edad cuando se considera que los niños han adquirido la habilidad de la lectura y la escritura. De acuerdo a datos de la Encuesta Intercensal 2015, de la población de 8 a 17 años 2.7 por ciento no ha desarrollado esta habilidad y, de estos, 42.1 por ciento no asiste a la escuela por lo que resulta probable que no adquieran esta habilidad o la adquieran tardíamente. Respecto de la población adolescente de 15 a 17 años (436 mil), resultados de la Encuesta Intercensal 2015 indican que en promedio los adolescentes tienen 8.6 años de escolaridad, 13.3 por ciento de los adolescentes no han cursado ningún grado en nivel secundaria y 25.9 por ciento no asisten a la escuela… MEMORANDUM 7: Sí que están amolados muchos empresarios veracruzanos porque el Gobierno del Estado ha dejado de pagarles adeudos pendientes, y ante la crisis que enfrentan muchos se han visto obligados a vender vehículos, maquinaria, y otros activos para cumplir con el pago de los impuestos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), asegura el presidente de la delegación Orizaba de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Juan Manuel Vega López, quien dice que “aunque los problemas no han surgido en la zona centro del estado, en municipios como Coatzacoalcos, Minatitlán, o estados como Campeche y Tabasco, sí enfrentan esta severa problemática que los lleva a perder grandes cantidades de dinero”. Añade que muchos agremiados a Canacintra en diversas zonas del país han puesto en peligro la supervivencia de sus activos y eso es reflejo de la mala economía gubernamental por pagar las deudas como la existente en Veracruz. Para el representante empresarial “resulta increíble que por los impuestos, los empresarios, quienes mueven la economía, tengan que realizar la venta de propiedades, vehículos, maquinaria y muchas otras cosas, pero no es morosidad, sino son una serie de problemas que se están teniendo con el SAT, pero afortunadamente van saliendo poco a poco”. MEMORANDUM 8: Mientras la directora de Transversalización de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, María Guadalupe Díaz Estrada considera que es la sociedad la que deberá reaccionar a las demandas de la multitudinaria marcha contra el machismo del pasado domingo, Alejandra Lagunes, coordinadora de Estrategia Digital de la Presidencia de la República considera que “las mujeres estamos de moda ahorita. Vemos marchas, vemos cada vez más voces de mujeres hablando” pero, pese a ello, lamenta la poca participación de mujeres en ámbitos como la toma de decisiones y su escasa inmersión en el mundo de la tecnología como creadoras, pues hasta ahora sólo son consumidoras. “Tenemos que cambiar esto”, exhortó, pues esa marginación femenina en el universo tecnológico se genera a partir de la “triple hélice”, de la carga cultural de hogar, trabajo y pareja. Luego de presentar la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, señaló que el presupuesto federal para combatir el machismo es suficiente, pero hace falta “el compromiso” de los estados, pues “no es posible que operen” sólo con el dinero que se les envía. En ese sentido, y para lograr la finalidad de “empoderar a las mujeres” en la nueva revolución tecnológica, Alejandra Lagunes pidió luchar por un trato igualitario en sus casas, tener buenos jefes y ambiente laboral y poner atención en “la pareja que eligen”, y habló de la cuarta revolución industrial –la tecnológica–; adelantó que toda la población del mundo estará conectada a Internet dentro de 15 años y pronosticó el advenimiento de un nuevo orden social con una comunidad global “hiperconectada y muy competitiva”. “Elijan bien, eso es fundamental. Es un consejo, de verdad, que les puedo dar. La pareja nos puede impulsar o nos puede detener. ¡Elijan muy bien!”, reiteró. Como fuera, María Guadalupe Díaz Estrada, insistió en que el presupuesto federal para combatir el machismo es suficiente, pero hace falta “el compromiso” de los estados, pues “no es posible que operen” sólo con el dinero que se les envía. Así las cosas… MEMORANDUM 9: En el caso del presunto hackeo del padrón electoral 2015 guardado en un apartado de Amazon, tal y como lo ha señalado el dirigente nacional del Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, sale a relucir que este partido ha beneficiado con contratos millonarios al grupo empresarial al que pertenece Indatcom, la firma que entregó a Amazon esa lista nominal de electores a través del actual alcalde de Guadalajara, Jalisco, Enrique Alfaro, quien desde que fue alcalde de Tlajomulco encargó a esa empresa llevara sus campañas de manejo de redes sociales y estrategias de marketing político. Una muestra del vínculo tan cercano entre el alcalde tapatío e Indatcom es que en octubre del año pasado éste nombró a Mario Roberto Arauz Abarca, uno de los socios fundadores, director de Informática del ayuntamiento de Guadalajara, por lo cual percibe un sueldo de 70 mil 920 pesos mensuales como director “A” en la Dirección de Innovación Gubernamental de esa municipalidad, no obstante que en su perfil en Linkedin sigue apareciendo como director de Indatcom, fundada originalmente por Ismael Sánchez Anguiano. También, Arauz Abarca fue entre 2002 y enero de 2007 director de investigación y desarrollo de TV Azteca Jalisco, y luego, de 2008 a marzo de 2009, consultor de Mejora de procesos y aplicación de modelos de gestión del conocimiento en la Secretaría de Educación de Jalisco, cuando gobernaba el tristemente célebre panista Emilio –“Etilio” le decían sus malquerientes por su afición al vino- González Márquez, y de allí pasó a ser cofundador de Indatcom. Siguiéndole la huella, Mario Roberto Arauz Abarca fungió, de julio de 2010 a diciembre de 2011, como encargado de la estrategia de redes sociales, servicios web, monitorización de marca y marketing electrónico en el comité organizador de los Juegos Panamericanos de Guadalajara, mientras que su socio en Indatcom, Sánchez Anguiano, dirigió el área de cultura durante la gestión como alcalde de la capital tapatía de “Etilio” González Márquez, quien posteriormente se convirtió en gobernador de Jalisco. Junto a Indatcom también aparecen La Covacha, Gabinete de Comunicación y Euzen Consultores, como parte del grupo empresarial que encabeza Rafael Valenzuela y se encuentran en el padrón de proveedores de los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, gobernados por Movimiento Ciudadano, y precisamente un reporte de gastos en materia de comunicación social de ese partido en Jalisco señala los pagos hechos entre octubre de 2014 y diciembre de 2015 a esas firmas por estrategia digital, cápsulas audiovisuales, herramientas tecnológicas y campañas, por más de 10 millones de pesos. El alcalde tapatío Enrique Alfaro ha reconocido el jueves, tras estallar el escándalo del padrón electoral subido a Amazon, que Idatcom “es una empresa que me ha manejado desde hace muchos años el tema de las redes sociales y de plataformas digitales”, aunque irritado por los cuestionamientos de reporteros sobre este tema, ha dicho que Idatcom “nada tuvo que ver con que la base de datos de la lista nominal se hiciera pública”, y ha insistido, al igual que el dirigente nacional del Movimiento Ciudadano y exgobernador de Veracruz, Dante Delgado Rannauro, que todo se debió a “una violación a un sistema de seguridad de Amazon”, aunque muchos siguen pensando que allí hay gato encerrado, pues aunque el INE dice que los datos de ese padrón “no están actualizados”, esa base de datos podría servir de mucho para muchos. Por lo pronto, lo dicho por Delgado Rannauro ha convencido a muy pocos… MEMORANDUM 10: Mañana se celebra el “Día del Niño”, pero en México no hay nada que celebrar. Y es que la población infantil del País, tal vez porque sus derechos ciudadanos son reconocidos hasta los 18 años, sigue siendo uno de los sectores más olvidados por el Gobierno, pese a lo que se diga en el discurso. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la población de menores de entre dos y cinco años de edad es la que más sufre de pobreza, pues 55.2 por ciento está en esa condición y 13.1 por ciento vive en pobreza extrema. Los niños de ese rango de edad enfrentan mayor rezago educativo, ya que asciende a 26.2 por ciento, mientras en el promedio general de menores y adolescentes es de 18.7 por ciento, esto debido a que en el nivel preescolar no hay oferta suficiente y en muchos hogares tampoco los llevan a la escuela, en tanto que la carencia de seguridad social afecta a 62.6 por ciento. Los indicadores de la pobreza en la población en general son más bajos; en esta condición se encuentra 46.2 por ciento (55 millones de personas), mientras en pobreza extrema está 9.5 por ciento (11.4 millones), indica el documento. En la medición de pobreza se incluye el ingreso, acceso a la alimentación, salud, seguridad social, servicios, calidad de la vivienda y educación. En esa medición, el indicador del ingreso es el más relevante, ya que “los niños que viven con familiares de percepciones bajas tienen problemas para asistir a la escuela, tener buen sistema de salud y una vivienda digna. De acuerdo a Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, el hecho de que se carezca de una solución definitiva al ingreso de las familias sigue siendo un reto importante, por lo que estimó positivo que la cobertura educativa mejore, pero si no es una escuela de calidad, mañana será más complicado competir en el mundo. Junto con la cobertura de educación y salud, el reto de la calidad es muy importante en clínicas de salud rural y escuelas de ese sector, sobre todo de educación indígena. Si un niño no tiene acceso a salud y nutrición, le costará mucho trabajo salir del círculo vicioso de la pobreza. El informe indica que en un contexto económico adverso en los ámbitos nacional e internacional, depender de los programas de transferencias monetarias para disminuir los niveles de pobreza y desigualdad resulta insuficiente, además de que la continua expansión de diversos programas se ha convertido en una “red de protección social que actualmente abarca a más de 6 millones de hogares, alrededor de 20 por ciento del total, sin embargo, aunque contribuyen a aliviar las condiciones de pobreza, elevar niveles de educación y salud, “al estar desconectados de las actividades productivas y generadoras de ingreso, no han logrado romper con el ciclo de pobreza de estos hogares”. Así las cosas… MEMORANDUM 11: Según la reciente encuesta de OCC Mundial, organismo que opera en al menos una decena de Estados mexicanos y algunos de Estados Unidos, y que se proclama el mayor medio de reclutamiento al ofrecer más de un millón de vacantes en 135 países vía Internet, 42.4 por ciento de obreros y empleados mexicanos dijeron trabajar entre ocho y 10 horas diarias, mientras 24.6 por ciento de los consultados refirieron hacerlo más de 10 horas al día. Peor aún, 67 por ciento de los profesionistas que fueron encuestados afirmaron no recibir un pago compensatorio, tal como lo señala la ley, cuando trabajan más de ocho horas diarias o cuando laboran en días festivos obligatorios. En cuanto a las condiciones laborales, seis de cada 10 profesionistas aseguran que la empresa en la que trabajan no se preocupa por crear un entorno seguro contra accidentes, por favorecer que los empleados tengan tiempo de esparcimiento y para hacer ejercicio o establecer programas para cuidar su salud”. En ese sentido, sostiene el organismo, las condiciones laborales en México no son las mejores: al menos siete de cada 10 trabajadores mexicanos afirman que su salud está o ha estado en riesgo debido a su empleo y 30 por ciento aseguran no tener acceso a servicio médico en el lugar donde desempeñan sus labores. Los problemas de salud más recurrentes que, según el estudio, se presentan durante las jornadas de trabajo son: dolor de cabeza, en 36 por ciento de los casos; dolor de espalda, 31 por ciento; problemas de la vista, 24 por ciento; problemas respiratorios, asma o alergia, 23 por ciento, y problemas del estómago, 15 por ciento. El sondeo se realizó en marzo y abril con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebró este 28 de abril, y en cuanto a los problemas físicos y emocionales que se han presentado a raíz del trabajo, (los trabajadores) destacaron el estrés (62 por ciento), cansancio (42), tensión (39), agotamiento (36), problemas para dormir e insomnio (25), ansiedad (24) y bajo estado de ánimo (23)”. De acuerdo con la información obtenida, los principales riesgos que los profesionistas mexicanos detectan durante su jornada laboral están divididos en riesgos de postura o sicomotrices y ambientales, de naturaleza química, térmica y física. En la primera categoría se presentan problemas físicos por permanecer en la misma posición mucho tiempo, identificado por 55 por ciento de los encuestados; realizar movimientos repetitivos, bruscos o dolorosos fue mencionado por 35 por ciento de los encuestados; levantar o desplazar objetos pesados o personas fue mencionado por 30 por ciento, y permanecer de pie mucho tiempo lo refirió 29 por ciento. En cuanto a los riesgos ambientales de naturaleza química, térmica y física que enfrentan, se mencionó: respirar humo, gases o polvo (32 por ciento); ruido excesivo (30); altas temperaturas (26) y manejo de maquinaria o piezas que puedan producir lesiones graves (23). Así las cosas… MEMORANDUM 12: Alrededor de 470 mil niños, niñas y adolescentes tienen, actualmente, a su madre o padre en prisión por diversos delitos, lo que les coloca en situación de vulnerabilidad, ya que son estigmatizados, sufren abandono, exclusión social y discriminación, y por lo general viven en comunidades de alta marginación y con severos niveles de violencia y pobreza. La cifra en general, se eleva en América Latina y el Caribe hasta los más de 2 millones de menores y, lo peor, de acuerdo a Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim); Alicia Vargas, presidenta del consejo directivo de la Redim y directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social (Cides); Andrea Barrios, de la agrupación Artesana de Guatemala, y Gonzalo Salles, de la Plataforma Regional por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con Referentes Adultos Privados de Libertad, es que en la mayor parte de los países de la región los gobiernos carecen de políticas destinadas a la atención de ese sector. La cifra de personas recluidas aumenta año tras año debido, entre otros aspectos, a las actividades ligadas al narcotráfico, señalan los defensores de derechos de la infancia, y exponen que aunque los menores no han cometido ningún delito, sufren generalmente el estigma de la criminalidad. Como si existiera y hubieran heredado el “gen de la maldad”, lamentó Juan Martín Pérez, quien refirió que también estos infantes y adolescentes quedan vulnerables a ser captados por estas mafias. En la región en 2013 había aproximadamente 1 millón 300 mil personas encarceladas y entre 70 y 75 por ciento de ellas eran padres o madres, con un promedio de dos a 2.5 hijos. Es frecuente que estos menores sufran “discriminación y estigma”, porque “juzgamos a priori; aunque no haya investigación y hayan sido torturados (los padres para admitir culpabilidad), ya fueron sentenciados por los medios y la sociedad, y eso se extiende sus hijos; entonces ya no es Pedro, Juan o Lupita, sino es la hija del narco, el hijo del asesino. Este estigma genera exclusión y cuando quieran ser parte de la comunidad van a ser rechazados”, refieren. Los expertos consideran que la detención de alguno de los padres o de ambos genera importantes impactos emocionales en los niños, tanto así que estudios realizados en Estados Unidos equiparan la situación a que se les “colocara un revólver en la cabeza”, por lo que la intención de la plataforma que operan y que aglutina a organizaciones de nueve países, es hacer visible el tema y generar en cada uno de las naciones del área una política de atención y acompañamiento. Como fuera, la Cámara de Diputados ya reformó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para agilizar el proceso de adopción de menores de edad en situación de desamparo familiar, con distintas excepciones, entre éstas la promesa de entrega durante el proceso de gestación. Durante la sesión de ayer, los legisladores alertaron que en México existen al menos 30 mil menores de 18 años que se encuentran en centros de asistencia social sin posibilidad de ser adoptados debido a que el papeleo hace imposible cubrir todos los trámites. Con el cambio a la ley, después de un plazo de 60 días sin que se reclamen derechos sobre menores acogidos en centros de asistencia social, o no se cuente con información que permita conocer su origen, éstos serán considerados expósitos o abandonados, salvo que la Procuraduría de Protección al Menor respectiva no cuente con elementos que den certeza sobre su situación. En este último caso se dará una ampliación de 60 días naturales. MEMORANDUM 13: En lo que pareciera un mensaje contundente de la Secretaría de la Defensa Nacional de que las cosas van en serio, y que no permitirá la tortura o detenciones basadas en esos métodos, el juez René Ramos, con sede en el estado de Chihuahua, condenó a 52 años y seis meses de prisión al general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, al comprobarle su responsabilidad en los delitos de tortura, homicidio y destrucción de cadáver en agravio de una persona, en lo que constituye una de las primeras sentencias contra un militar de ese rango por abusos y violación a derechos humanos de un detenido. El juez ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a ofrecer una disculpa pública por las acciones ilícitas en que incurrió el mando militar. La resolución condenatoria refiere que cuando el mando castrense estaba adscrito a la guarnición militar de Ojinaga, Chihuahua, entre 2008 y 2009, impuso un régimen de terror en la zona, que incluyó varias ejecuciones, allanamientos, secuestros y tráfico de droga asegurada, indicaron fuentes del Poder Judicial Federal que tienen acceso al expediente judicial. En ese sentido, el Consejo de la Judicatura Federal emitió una tarjeta informativa en la que precisó que además de los 52 años de cárcel, el juzgado décimo de distrito con sede en Chihuahua, bajo la causa 49/2012, impuso al general el pago de una multa de 410 días de salario, equivalente a 20 mil 295 pesos, y 15 años de inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos. El juez condenó a Moreno Aviña y a la Sedena al pago de la reparación del daño por un monto de 250 mil 470 pesos a favor de quien acredite los derechos sucesorios de la víctima, pero la sentencia del juez Ramos Pérez también es contra la Secretaría, a la que condenó a ofrecer una disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía de no repetición del hecho delictivo que se cometió por un servidor público. Bien… MEMORANDUM 14: Petróleos Mexicanos informa en su reporte financiero del primer trimestre del año que se encuentra a la espera de una posible aportación de 136 mil millones de pesos de la Secretaría de Hacienda, adicionales a los 73 mil 500 millones de pesos que ya recibió, tomados de una parte de las ganancias obtenidas en 2015 por el Banco de México. Y es que la reducción de la producción de crudo ha afectado el crecimiento de la petrolera, aun cuando la reciente reforma del sector energético ha atraído la inversión privada, pero los resultados han sido diversos en medio del entorno de bajos precios, lo cual ha limitado las expectativas de inversión hasta 2017 y en adelante. En ese sentido, los desafíos que enfrenta el gobierno incluyen menores ingresos fiscales, ya que el crecimiento continúa siendo tenue y los precios del petróleo se encuentran en niveles históricamente bajos. La calificadora Moody’s Investors Service asegura que un estancamiento en la reducción del déficit fiscal y la deuda pública, y “una potencial” materialización de pasivos contingentes para el gobierno federal proveniente de mayor apoyo para Petróleos Mexicanos, “podrían generar una presión a la baja en la calificación” de la deuda avalada por el Estado. La calificación del gobierno de México, actualmente en A3, dentro del “grado de inversión”, se encuentra sustentada por una gran y muy diversa economía, un alto grado de integración con Estados Unidos y las perspectivas de crecimiento que se espera que generen las reformas estructurales, dijo Moody’s. En marzo pasado, la agencia movió de “estable” a “negativa” la perspectiva de calificación de la deuda emitida por el gobierno mexicano. A mejor calificación es mejor el costo que se paga por el financiamiento. La calificación de A3 de México considera la expectativa de Moody’s que las recientes reformas estructurales mejoren el potencial de crecimiento económico del país a mediano plazo al rango de 3 a 3.5 por ciento, en comparación con un nivel pre-reformas de 2 a 3 por ciento. Sin embargo, la perspectiva económica se ha visto afectada por la combinación del choque de los precios del petróleo y la disminución de la producción petrolera de Pemex, aunada al crecimiento más lento de lo esperado, apunta Jaime Reusche, vicepresidente y analista sénior de la empresa. Moody’s estima que los ingresos del gobierno federal en general bajarán a 18.5 por ciento del producto interno bruto en 2016, luego de haber representado 19.3 por ciento en 2015. “A pesar de la caída, las autoridades comenzaron la implementación de medidas para la reducción de gastos y así disminuir el déficit del gobierno federal de 2.8 por ciento del PIB en 2015 a 2.5 en 2016. Así las cosas… MEMORANDUM 15: En lo oscurito, el PRI y su nuevos aliados, los dizque representantes de la sociedad civil que impulsaron la iniciativa ciudadana Ley 3de3, han decidido ajustarla –sin el consenso del PAN y el PRD-, incorporando una figura que califica como cohecho el pago de favores de un funcionario público a un particular que lo haya apoyado durante su campaña. En ese sentido, incurrirá en cohecho, delito que incluso está castigado penalmente, quien exija u obtenga un beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público y que beneficie a él, a su cónyuge o a parientes consanguíneos, entre ellos la obtención de bienes muebles o inmuebles en precio notablemente inferior al del mercado. Serán “actos particulares en situación especial vinculados con faltas administrativas graves” aquellos realizados por candidatos electorales, miembros de equipos de campaña electoral o de transición entre administraciones del sector público y líderes de sindicatos del sector público, que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir algún beneficio para sí, para su campaña electoral o para alguna de las personas cercanas, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro, en caso de obtener el carácter de servidor público. En ese sentido lo establece la propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas que trabajaron los senadores del PRI y PVEM con representantes del gobierno federal y organizaciones que representan la misma iniciativa Ley 3de3, sin considerar las opiniones ni del PAN ni del PRD. Respecto a la ley 3 de 3, se propone que todos los servidores públicos presenten su declaración patrimonial y de interés, bajo protesta de decir verdad; la fiscal, sólo en los términos aplicables por las leyes en la materia, es decir, los que ganen más de 400,000 pesos anuales. No serán considerados funcionarios los consejeros de Pemex ni de CFE. En la declaración patrimonial se pusieron candados para prevenir que los funcionarios sean sujetos de la delincuencia organizada. Y es que los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos por la declaración patrimonial sólo pueden ser públicos con la autorización expresa del funcionario, al igual que la información de su cónyuge y sus dependientes. La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos, puede ser solicitada y utilizada para investigaciones penales. La secretaría ejecutiva del sistema nacional anticorrupción es la encargada de manejar el sistema de evolución patrimonial y de declaración de interés a través de una plataforma digital nacional, la cual tendrá una lista negra de servidores públicos y particulares que hayan sido sancionados por actos anticorrupción. En ese sentido, “las secretarías (de la Función Pública) y los órganos internos de control, según sea el caso, deberán realizar verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses, así como de la evolución del patrimonio de los servidores públicos. De existir alguna anomalía, expedirán una certificación”. Las faltas administrativas graves de los funcionarios son cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, conflicto de interés y contratación indebida, mientras que las faltas administrativas graves de particulares son soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa o alterada, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de exfuncionarios. Las sanciones para funcionarios son suspensión o destitución de empleo, sanción económica, multa de hasta dos tantos de los beneficios obtenidos y pago de daños. Para las personas morales, las sanciones son la inhabilitación hasta de ocho años para participar en contrataciones públicas, suspensión de actividades, disolución de la sociedad e indemnización. Además de la ley de responsabilidades administrativas, el grupo redactor dio a conocer la ley general del sistema nacional anticorrupción, la ley orgánica del tribunal federal de justicia administrativa, la ley orgánica de la administración pública federal y reformas en materia de fiscalización superior. En fin, a espaldas del pueblo como siempre… MEMORANDUM 16: El voto por voto, casilla por casilla que hace años fue bandera de Andrés Manuel López Obrador cuando la elección presidencial de 2006 fue muy apretada, podría llevarse a cabo en Veracruz si la elección del próximo 5 de junio tuviera las mismas características y la diferencia entre candidatos fuera del uno por ciento, determinó el Organismo Público Local Electoral (OPLE) a través de su consejo general. La tarde del jueves pasado fue aprobado el acuerdo por el que se decreta esa determinación de la votación aplicable para el cálculo de la diferencia porcentual entre el candidato ganador y el segundo lugar, para efectos de procedencia del recuento total. El consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, señala que esa decisión de recontar todos los votos puede darse al principio y al final del proceso de cómputo distrital que se hace el miércoles siguiente al día de la elección. Ello permitirá a los actores políticos mayor confianza respecto a los resultados y certeza además a los electores que acudan a las urnas el próximo 5 de junio… MEMORANDUM 17: Académicos del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-Golfo), de la Universidad Veracruzana (UV), y ambientalistas de diversas organizaciones que participaron en la mesa de diálogo “Medio ambiente, defensa del territorio y construcción para la paz”, advierten que Veracruz vive un auge de empresas que buscan saquear sus recursos naturales, por lo que si los ciudadanos creen que el gobierno buscará hacer valer la ley y preservar el medio ambiente están en un error, ya que es un hecho que las autoridades trabajan en contubernio con las empresas que buscan sacar provecho de los bienes de la naturaleza. El investigador del Ciesas-Golfo, Hipólito Rodríguez, explica que hay muchas empresas que buscan los recursos naturales de países como México y estados como Veracruz, sobre todo aquellos que están bajo tierra, y por esta razón, en estos casos, “los ciudadanos tienen todo el derecho a ir en contra de los proyectos de las transnacionales o grandes empresas que los puedan perjudicar (...) hay que recurrir al conflicto cuando es justo, es la solución al atropello y no es el problema, sino el remedio a una injusticia (...) hace 500 años, ocurrió una situación similar con la colonización que realizó España, y a pesar de que en el siglo XIX existió un esfuerzo por dejar atrás el colonialismo, ahora se vuelve a presentar, aunque bien podría llamársele un “neocolonialismo” al hecho de que extranjeros busquen beneficiarse de las bondades del territorio nacional, por eso hay que recurrir a los principios nacionalistas, aunque esto no es fácil luego de acciones gubernamentales como la reforma energética. Es urgente un nuevo nacionalismo en ese sentido, quizá no como una nación entera defendiendo sus recursos, pero sí como un pueblo o comunidad que defiende su suelo, su agua o su atmósfera frente a las intenciones de empresas extranjeras o nacionales que están siendo apoyadas por el sistema para manejar los recursos naturales”. Rodríguez recordó los intentos que ha buscado realizar el actual gobierno estatal con empresas como la trasnacional Odebrecht, entre otras. Por su parte, la integrante de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, Beatriz Torres Beristain, dijo que ante las arremetidas del capital privado es difícil pensar en la paz como una solución, sobre todo cuando los gobiernos locales hacen todo por apoyar la llegada de las trasnacionales que buscan aprovechar las zonas mineras, los recursos petroleros, los ríos y la tierra buscando un beneficio económico sin detenerse ante efectos secundarios como la contaminación (...) los gobiernos hacen las leyes sin informar a los campesinos o a los ciudadanos involucrados, generalmente ocurre una simulación de un proceso legal para abrirles las puertas”. La también integrante de la organización La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) observa que “aunque no se respeten siempre se tiene que apelar a las leyes y se tienen que utilizar todas las cuestiones legales en caso de un conflicto”. Otra idea en la que la sociedad tiene que reflexionar, dice, es en que los problemas socio ambientales son de todos y no sólo de la comunidad en donde se desarrolla, pues siempre se tratan de bienes comunes, y con ello podrían evitarse las injusticias a las que son propensas las grandes empresas, pues son varios los activistas, poco conocidos o incluso los reconocidos, quienes han sido asesinados por defender un determinado bien común (...) A los ambientalistas los pueden matar pero los ambientalistas no pueden violar la ley”. Finalmente, Gerardo Alatorre Frenk, integrante del Instituto de Investigaciones en Educación de la UV, precisó que es necesario encaminar a las legislaciones para construir una realidad más justa en este ámbito, ya que la legislación actual es la que está generando más y más conflictos, retomando en este aspecto el caso de la reforma energética y situaciones como la reciente explosión en la planta Clorados III del Complejo Parajitos en Coatzacoalcos, al sur de la entidad” donde se han registrado más de 30 fallecimientos y casi un centenar y medio de heridos. Por ello, se cuestiona “¿qué legitimidad tiene la ley si no genera beneficios para la sociedad, cuál es la estrategia que permite defender los territorios, el ambiente y la paz?” La pregunta sigue en el aire para todos... MEMORANDUM 18: Dentro de la guerra de lodo que actualmente se desarrolla en todo los rincones de Veracruz por las campañas electorales, sale a relucir que la alcaldesa de Río Blanco, Ángeles Martínez Martínez, asistió en horario laboral a un evento político partidista del candidato del PAN-PRD a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares, efectuado en un hotel de la vecina Orizaba, el Fiesta Cascada, y allí fue captada el pasado jueves. Igualmente, estuvieron presentes los legisladores locales panistas Alejandro Zairick Morante y Hugo Fernández Bernal, pero se colocaron fuera del alcance de los fotógrafos y camarógrafos… MEMORANDUM 19: Debe de recordarse que el gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, prometió que antes de concluir su mandato entregaría terminada y funcionando plenamente la llamada Torre Pediátrica en el puerto de Veracruz, sin embargo, es el propio secretario de Salud Estatal, Fernando Benítez Obeso, quien ha señalado que “se requieren 250 millones de pesos para que inicie operaciones” esa instalación, y ni en sueños se tiene esa cantidad que se utilizaría, principalmente, para el equipamiento que se requiere, y atender a la población infantil de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y otros municipios. Agrega Benítez Obeso que se requiere acondicionar todavía la mitad de los pisos del inmueble, y aunque afirma que se está haciendo un esfuerzo para reanudar los trabajos, reconoce que el Gobierno Estatal “es el responsable de aportar los 250 millones de pesos que se requieren para que la Torre Pediátrica inicie operaciones”, lo que significa que no se va a terminar, pues simplemente no hay dinero, aunque Benítez Obeso argumenta que “se podría buscar el apoyo del Gobierno Federal, a través de un fondo, para que se concluyan los trabajos y se equipe el inmueble”. Sin embargo, conociendo “la distancia” que interpone el presidente de la República al Mandatario Estatal, ello prácticamente suena imposible. MEMORANDUM 20: Mientras en México se sigue teniendo la idea de que la fuerzas armadas son “intocables”, desde el extranjero se informa que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho llegar al Congreso de la Unión un pliego de observaciones que garanticen el pleno respeto a los derechos humanos en las disposiciones del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales. El texto ha sido entregado por el representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, José Peña Palacios. Se sabe que la minuta con los dos códigos está lista para su discusión y votación en el pleno, tras ser aprobada el pasado miércoles durante una reunión de comisiones que tan sólo duró 15 minutos, y donde el Partido de la Revolución Democrática acusó y mostró su preocupación porque esas nuevas normas contemplan entre otras disposiciones, una que faculta a los órganos judiciales militares a realizar cateos en propiedades civiles. En el texto enviado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se señala que “es importante establecer criterios claros y consistentes que garanticen seguridad jurídica (a las personas e instituciones civiles), y el respeto a los derechos humanos”, y también hace la recomendación de “excluir la posibilidad de que las autoridades militares puedan realizar directamente investigación o procesamiento cuando afecten o pudieran afectar a civiles”, y apunta que en caso de que ello fuera necesario, que sean llevadas a cabo por medio de las autoridades civiles. Además, pide que se precise que en delitos en los que haya competencia militar, federal y común se establezca “con mayor precisión la obligación de colaboración” entre las autoridades militares y civiles, y abunda que “cuando se detecten delitos que no sean de competencia militar, se debería reforzar la obligación de dar traslado sin demora a las autoridades civiles de procuración de justicia competentes en cada caso”. Sólo en México se siguen cerrando los ojos a una realidad que se sabe en otros ámbitos internacionales: la imagen que tiene el Ejército es la de un poder omnímodo que no acepta ser cuestionado por nadie, y eso es muy peligroso en un país que se jacta de ser una democracia...
Detiene AVI a presunto violador en Tlacotalpan.
La segunda comandancia de la AVI en Cosamaloapan, en operativo coordinado por la delegación regional y primera comandancia de la Agencia Veracruzana de Investigaciones, lograron la captura del individuo Christian García García
Miércoles 19 de Septiembre de 2012
Por: Guillermo Carvallo Cano
Foto: Guillermo Carvallo Cano .
Tlacotalpan, Ver.- Como probable responsable del delito de violación, cometido en agravio de una joven estudiante, ocurrido en el municipio de Tacotalpan, Ver.

por tales hechos el día 17 de septiembre del año en curso, se recibió oficio de investigación no 1284, de esa misma fecha, derivado de la I.M 243/2012, signado por la Agencia del MP. investigador especializada en delitos contra la libertad y seguridad sexual de este distrito judicial, señalando la agraviada que el día 16 de septiembre en curso y con motivo de las fiestas patrias, asistió a un baile disco celebrado en Tacotalpan, cuando termino llego a su domicilio acompañada de un amigo y fueron sorprendidos por este sujeto, quien sometió a su amigo atándolo de pies y manos y atacándola a ella sexualmente, logrando percatarse que dicho individuo tiene el cuerpo completamente tatuado, es delgado y como de 1.80 de estatura.
al contar con las características de dicho individuo la corporación se aboco a su localización y precisamente al ir circulando por calle pípila de la colonia los pinos de Tacotalpan, se sorprendió a un individuo con características similares, mismo que al v intento darse a la fuga siendo intervenido y dijo responder al nombre de Christian García García (a) “el mestizo” , de 29 años de edad, con el cual al dialogar en relación a los hechos dijo que conoció a la denunciante, en un baile disco celebrado en Tacotalpan, ver., el día 16 de septiembre del año en curso y que tuvo relaciones sexuales con ella, pero con su consentimiento.

Al entrevistar nuevamente con la joven agraviada y tener a la vista a Christian García García, dijo que lo reconoce sin temor a equivocarse como el sujeto que bajo amenazas la ataco sexualmente.

por todo lo anterior, el sujeto Christian García García, de 29 años de edad, de estado civil soltero, empleado, originario y vecino de Tacotalpan, Ver., con domicilio en calle pípila sin número de la colonia los pinos, quedo a disposición de la agencia del M.P. investigador especializada en delitos contra la libertad y seguridad sexual de este distrito judicial

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