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MEMORANDUM 1: La muestra más clara de la crisis de confianza que hay en Veracruz y sus autoridades queda plenamente demostrada al conocer que en el último año, la Inversión Extranjera Directa (IED) en la Entidad cayó un 78.47 por ciento, al pasar de 257.8 millones a sólo 55.5 millones de dólares entre el primer semestre de 2013 y el mismo periodo de 2014, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía del gobierno federal, que señala en el reporte dado a conocer que las naciones que más han dejado de invertir en el estado son Estados Unidos de Norteamérica, Panamá, Venezuela y Suiza. La SE señala un caso concreto, Estados Unidos, que de invertir 109.3 millones de dólares en el primer semestre de 2013, ha pasado a invertir sólo 3.7 millones de billetes verdes en todo lo que va de este 2014.También es el caso de Panamá, que invirtió 13 millones de dólares durante el primer semestre del 2013, y ahora no ha realizado ninguna inversión durante este año, y no se vislumbra que lo haga durante los cuatro meses que faltan para que concluya 2014, mientras que Suiza, ha pasado de invertir 61.9 millones de dólares en el primer semestre del año anterior, a solamente invertir 21.1 millones de dólares, durante este 2014. Quizá sea comprensible el caso de Venezuela, actualmente convulsionado por una crisis que cada vez se ahonda más y le hace tener la inflación más alta del mundo, y por ello pasó de invertir 0.5 millones de dólares en 2013 a destinar sólo 0.2 millones de dólares en el presente año. La Secretaría de Economía señala en su reporte que la caída de la IED en Veracruz ha golpeado fuertemente a sectores como minería, industria de la construcción, de la manufactura y el comercio. En minería, la inversión pasó de recibir 84.2 millones de dólares en el primer semestre de 2013 a sólo recibir 7.5 millones de dólares en el primer semestre de este año, en tanto que en el sector de la construcción, la inversión que en el primer semestre del año anterior alcanzó los 35.9 millones de dólares, para el presente 2014 se redujo a valores negativos, y por cuanto hace a manufactura, la inversión también se ha reducido drásticamente, pasando de 71.9 millones de dólares a sólo 7.1 en el término de un año. Finalmente, la tendencia en el comercio fue la misma en cuanto a reducción, pues de 70.3 millones de dólares invertidos en el primer semestre de 2013, ahora sólo llegó a 31 millones de dólares. El reporte indica que los pronósticos para la segunda mitad de 2014 son “reservados”, pues se antoja difícil que se presente un repunte. Mientras eso ocurre, el secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Erik Porres Blesa, mejor se ha dedicado a sus “rollos” de “la jarocha próspera” y “Secretario en tu empresa”. MEMORANDUM 2: Otro record negativo para Veracruz: tiene la quinta legislatura más costosa a nivel nacional y una de las más improductivas, ya que apenas cuatro veces al mes, dos sesiones menos que el promedio nacional, que es de seis, y la tercera parte de los que sesionan estados como Nuevo León que tienen 12 sesiones mensuales; apenas trabajan 174 días al año, cuando en promedio otros congresos laboran 226 días. Por si fuera poco, tiene uno de los cinco presupuestos más altos del país, con un monto asignado de 5 mil 575 millones de pesos, sólo superado por Michoacán, Jalisco, Estados de México y Distrito Federal, que tienen un presupuesto mayor. Todos estos datos emanan de un estudio de la Agencia Integralia, cuyo director general es Luis Carlos Ugalde, extitular del Instituto Federal Electoral (IFE) del cual fue consejero presidente del 31 de octubre de 2003 al l 14 de diciembre de 2007. Integralia, ha dado a conocer esta semana su quinto Reporte Legislativo, que incluye un estudios del desempeño del Senado de la República, y la Cámara de diputados, y los congresos locales, durante el periodo septiembre 2013 – abril 2014. El informe destaca que el Congreso veracruzano es opaco, como el resto de las legislaturas del país, en la ejecución de los recursos económicos, debido a la ausencia de mecanismos de fiscalización y comprobación de los recursos, porque la información en relación a la manera en que gastan los recursos públicos es escasa o inexistente y, en muchas ocasiones, cuando existe y está disponible para consulta es de mala calidad. La legislatura estatal, precisa el documento, “tiene un atraso considerable en el trabajo de las comisiones, en la creación de mecanismos eficientes de fiscalización y control de los recursos económicos ejercidos, y en el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”. Eso sí, la gran mayoría de sus integrantes son buenos para prestarse como comparsas para “denunciar” el manejo de recursos de otros políticos, y obedecer de manera servil a los caprichos del gobernante en turno, precisamente, como apuñalar a los trabajadores pensionados y jubilados, con la aprobación de una nueva Ley de Pensiones para tapar los saqueos cometidos en la última decena trágica para Veracruz a cargo de “fidelidad” y “prosperidad”… MEMORANDUM 3: Una de dos: o Arturo Bermúdez Zurita tiene un agrio sentido del humor o simple y llanamente, es irreverente y evade su responsabilidad con expresiones poco serias e impropias de un servidor público cuyo compromiso es vigilar por la seguridad de los ciudadanos. Y es que en Coatzacoalcos, al ser cuestionado sobre la inseguridad que hay en esa ciudad y puerto, al igual que en muchas partes del Estado, “recomienda” como solución a ello que los ciudadanos compren un perro, que instalen alarmas y que adquieran candados profesionales para cerrar bien sus casas. Sin embargo, al darse cuenta de que su “chiste” no cayó de buena manera, Bermúdez Zurita intentó justificar ese exabrupto diciendo que en la calle todo lo que ocurra es responsabilidad de él y los oficiales bajo su mando, pero “el ciudadano debe ser responsable en el ámbito privado, es decir, en su casa, de lo que allí ocurra”. Indudablemente, desconocedor de la frágil economía en la que se encuentran millones de veracruzanos, y acostumbrado a vivir del presupuesto –lo que ha demostrado con los millonarios viáticos que le son proporcionados en la dependencia que dirige- señala que hay que invertir en comprar un candado, “una alarma que ahora son muy baratas, o tener un perro” o bien sensores que también asegura son “baratos”. Quizá, Arturo Bermúdez estaba molesto porque antes, en la Mesa de Seguridad con organizaciones civiles, dependencias del ramo de seguridad y de la defensa de los derechos humanos -entre ellas el Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos-, le dijeron que la semana anterior publicaron una encuesta en la cual se manifestaba que la percepción de los ciudadanos en torno al mal trabajo de la autoridad, había incrementado 13 puntos porcentuales desde la última medición en 2010, mientras que la delincuencia ahora ataca más en el hogar que en la calle, y que los daños materiales así como afectaciones en la salud tras un ataque de la delincuencia habían incrementado considerablemente. Claro, falto de soluciones verdaderamente eficaces, Bermúdez Zurita sólo se ha limitado a salir con su viejo e insustancial “rollo” de que “estamos trabajando en ganar la confianza de los ciudadanos para que las calles y la vivienda sean seguras de nuevo”, y cerró con la expresión: “esto no será posible sin el apoyo de la ciudadanía”. ¿Y qué pretenderá Bermúdez Zurita, que los ciudadanos hagan justicia por propia mano, o que terminen encerrados en sus casas a piedra y lodo? Es pregunta… MEMORANDUM 4: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió su criterio que hasta principios de esta semana mantenía, y determinó que cualquier ciudadano podrá ampararse contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en lo que se refiere a cobros excesivos de la luz, corte del suministro y otras acciones de autoridad relacionadas con el servicio. Los ministros de la Segunda Sala dejaron atrás criterios que establecían que la CFE no es autoridad para los efectos del juicio de amparo cuando lo que se reclama en el juicio de amparo es el recibo que expide por el consumo de energía eléctrica, así como el ajuste, cobro o corte del suministro. Sin embargo, al realizar el análisis constitucional respectivo, la Sala consideró que resultaba claro que en la suscripción del contrato de suministro de energía eléctrica el usuario se somete a las condiciones que dicta la Secretaría de Economía, con visto bueno de la de Energía, y que derivan de la ley, sin posibilidad de negociación, aspecto que no es característico de los contratos entre particulares en un plano de igualdad. Esta disposición adquiere especial relevancia tomando en cuenta que en toda la república la CFE es el único organismo que presta el servicio de energía eléctrica y, por tanto, el usuario debe someterse por completo a las disposiciones que dicten las autoridades en los contratos, ya que de lo contrario no podrían obtener el servicio de energía eléctrica que en la actualidad constituye un servicio de primera necesidad, afirma la SCJN. Por ello, la Segunda Sala concluyó que estos contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como contratos entre particulares, sino como verdaderos contratos administrativos, lo que pone en evidencia que no constituyen un acto de comercio, porque la CFE no persigue fines de lucro o de especulación comercial con el suministro de energía eléctrica, sino actúa por mandato y obligación constitucional de generar, distribuir y abastecer de energía eléctrica a todo el territorio nacional, procurando de esa manera el desarrollo económico y social del país, y ha resuelto que en los actos que la paraestatal emite en la prestación del servicio público de energía eléctrica, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o el juicio de nulidad que prevé el diverso artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales. Por lo pronto, quizá dejemos de ver algunos actos excesivos cometidos durante años, como los arbitrarios cortes de energía contra ciudadanos que se abstienen de cubrir recibos que vienen fuera de la realidad y con cantidades exorbitantes, ante lo cual sólo hay de dos sopas, o pagar o el corte… MEMORANDUM 5: Alumnos y maestros del turno de vespertino de la escuela primaria Jesús Reyes Heroles ubicada en la avenida Mártires 28 Agosto de la Colonia Cerro Colorado, en Xalapa, fueron evacuados la tarde de este jueves por personal de Protección Civil Municipal, seguridad pública y del Escuadrón Nacional de Rescate, debido a la intensa lluvia que cayó. Los alumnos fueron trasladados en camiones del Servicio Urbano, y afortunadamente nadie sufrió alguna lesión, sin embargo, en el plantel educativo el nivel del agua alcanzó los 30 centímetros. Y es que fue tal la caída de agua que el río Carneros se desbordó. Además, en la colonia Revolución, concretamente la avenida México, el nivel del agua llegó a la altura del camellón, mientras que en la avenida Los Pinos, se presentaron encharcamientos. Otras colonias de Xalapa afectadas son Cerro Colorado y Lomas de San Roque. MEMORANDUM 6: La mayoría de embarazos en adolescentes son no deseados, y algunos pueden llegar a término produciéndose el nacimiento, o interrumpirse por aborto, ya sea espontáneo o inducido (con medicamentos o quirúrgico). Lo grave, tal vez, es que del total de nacimientos registrados en México entre 2008 y 2011, 19 por ciento (1millón 623 mil 949) corresponden a mujeres de 10 a 19 años. La Organización de las Naciones Unidas indica, sin embargo, que 64 de cada 1 mil nacimientos en el país son de chicas de 15 a 19 años, además de que en 2013 se detectaron 1 mil 184 casos de VIH por transmisión sexual en jóvenes de 10 a 24 años, de los cuales 400 fueron en quienes tienen de 15 a 19 años, lo que confirma que México ocupa el primer lugar mundial en embarazos de adolescentes, y ese rango es uno de los más vulnerables a infectarse de VIH-sida. Por esa razón, organizaciones civiles y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunciaron la reinstalación del comité promotor de la campaña “Hagamos un hecho nuestros derechos” que, entre otras cosas, pretende realizar una actuación jurídica y conceptual de la Cartilla de Derechos Sexuales de las y los Jóvenes y una amplia difusión de la misma. Y es que el inicio de la vida sexual de los mexicanos es, cada vez, más temprano (2 de cada 10 personas de entre 12 a 19 años practican sexo habitualmente), y pese a ello aún se carece de información para prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual. Los dos derechos juveniles relacionados con la sexualidad más vulnerados son el acceso a servicios de salud y la libertad para elegir sobre su cuerpo y su sexualidad. Las mujeres mexicanas adolescentes que mantienen una relación presentan mayor proporción de necesidades de anticonceptivos, 26.4 por ciento, porcentaje mayor a la media nacional que es de 9.8 por ciento. Un dato más es que 17 de cada 100 hombres y 37 de cada 100 mujeres adolescentes en el país que iniciaron su vida sexual no usaron ningún tipo de protección en su última relación. En ese sentido, Leonor Calderón, representante en México del Fondo de Población de Naciones Unidas apunta que en el país y el mundo los chicos enfrentan grandes limitaciones para acceder a sus derechos, entre ellos los sexuales y reproductivos. A escala global –asevera– cada año más de 16 millones de adolescentes dan a luz y el sector con mayor riesgo a una infección por VIH es el de 15 a 24 años, pues se estima que cada día hay 6 mil nuevos casos de la enfermedad en ese sector. Ricardo Hernández Forcada, director del programa de VIH de la CNDH indica que en varios países, por ejemplo en México, los jóvenes no tienen acceso a derechos como vivienda, salud, educación, empleo, información sexual, instalaciones de esparcimiento, entre otros, lo que los convierte en un sector vulnerable, y asevera que los adultos niegan que la sexualidad sea parte de la naturaleza de los adolescentes, lo que pone en riesgo a este sector por la falta de acceso a información oportuna. Lo lamentable es que sólo 34 por ciento de los jóvenes en México tienen acceso a conocimientos específicos sobre VIH, y rechaza que la abstinencia y la fidelidad sean métodos de prevención de esa enfermedad, pues la única forma efectiva de control es el uso de condón. Así de simple… MEMORANDUM 7: Hablando de burocratismo, resulta que la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) no ha presentado denuncias penales en contra de ejidatarios de Tatahuicapan que tomaron las instalaciones de la presa Yuribia y cortado el suministro de agua potable a municipios del sur como Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque reconoce el director general de la dependencia, Francisco Antonio Valencia García, quien señala que ello no ha ocurrido aunque incluso se han generado destrozos en las instalaciones de la presa. De acuerdo a Valencia García -al parecer más preocupado por ver cómo van sus negocios personales, como el restaurante Viníssimo y otros-, dice que no ha habido denuncia porque, según él, han buscado el diálogo. Por ahora, asegura, el suministro es normal, y el personal de CAEV trabaja de manera continua para garantizar el abasto a las ciudades antes señaladas, y de manera huidiza sólo dijo que el asunto “ya se está arreglando, pues estamos hablando con los ejidatarios”, aunque estos han advertido que si se vence el plazo y no hay solución, volverán a repetir el bloqueo y el corte del suministro, ya que al parecer al interior de la “prosperidad” no hay un verdadero operador político que resuelva en definitiva los problemas y sólo le da largas al asunto. MEMORANDUM 8: Ya era tiempo que los ministros de la corte suprema metieran al orden a la Comisión Federal de Electricidad, organismo que suele cobrar altas tarifas, suspender el servicio o, simple y llanamente, imponer sanciones a voluntad por presuntos robos de energía, cuando ellos, los empleados de esa empresa oficial no pagan el servicio y, para variar, lo regalan a sus familiares. Por esa razón, los ministros concluyeron que los suministro de energía eléctrica no pueden considerarse contratos entre particulares, sino como verdaderos contratos administrativos, de manera que CFE, al prestar dicho servicio en exclusiva procede el recurso de revisión previsto en la ley, de tal suerte que a partir de ahora, los consumidores de energía eléctrica podrán ampararse contra cobros excesivos, ajustes o corte del servicio de energía eléctrica que presta Comisión Federal de Electricidad. En ese sentido, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el voto en contra de Margarita Luna Ramos y Alberto Gelacio Pérez Dayán abandonó, finalmente, las tesis y criterios jurídicos que mantuvo durante años, que negaban la posibilidad de que los usuarios se ampararan contra los excesos que comete la CFE. Ahora los consumidores podrán acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para inconformarse cuando consideren que sus derechos fueron afectados y, también, podrán ampararse ante la justicia federal cuando se presuma que la empresa incurre en actos inconstitucionales. El proyecto elaborado por el ministro Sergio Valls –quien asistió a la sesión después de semanas de ausencia por enfermedad-, señala que el hecho de que la CFE tenga el monopolio en la prestación del servicio público de electricidad se traduce en que cuando firma un contrato con los usuarios, se signa un convenio “administrativo”, no como antes consideraba la Corte, un contrato “entre iguales”, además de que plantea que en la suscripción del contrato de suministro de energía eléctrica el usuario se someterá a las condiciones que dicta la Secretaría de Economía, con visto bueno de la de Energía, sin posibilidad de negociación, lo que viola el principio de igualdad entre las partes. Bien… MEMORANDUM 9: Ante el anuncio de que ya hay autorización para la puesta en marcha de 12 proyectos para la construcción de igual número de presas en territorio veracruzano, el delegado estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José Antonio González Azuara, rápidamente salió a lavarse las manos para decir que estas obras “no tienen por objeto la extracción de agua para llevarlas a grandes ciudades”, reiterando que “no se trata de hidroeléctricas, sino de pequeñas presas que no tienen por objeto la extracción de agua, sino que sólo serán para generar energía eléctrica con poco líquido”. González Azuara insiste en que “ninguna de estas presas es una hidroeléctrica de gran tamaño, son pequeñas presas que pueden tener cuatro hectáreas, tres hectáreas, diez hectáreas de extensión y obviamente sus capacidades pueden ser diferentes, incluso las hay de 2.7 hectáreas”, y ejemplifica con la presa de Texolo que tiene una mayor eficiencia para generar energía eléctrica con menor caudal de agua del río. La justificación de González Azuara al estilo Poncio Pilatos es que dice, no se autorizaron esos 12 proyectos durante el presente año, sino que se les dio el visto bueno desde 2009 hasta 2013, “pero sólo en la cuestión de impacto ambiental. Muchas de ellas son autorizaciones que vienen desde 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, pero ninguna de ellas ha sido autorizada este año. Hay que recordar que el proyecto comprende la manifestación de impacto ambiental por el cambio de uso de suelo”. Estas autorizaciones, señala, normalmente se realizan en oficinas centrales “aunque se haya autorizado el impacto ambiental no significa que la obra empezará de manera inmediata. Las autorizaciones de impacto ambiental no cubren todas las requisitos para que se realicen las obras, se requiere también autorización para el uso de aguas nacionales por parte de Conagua y cambio de uso de suelos de municipios”, reveló. Insiste en que “el estudio de impacto ambiental solamente uno de los componentes, pues una inversión de este tipo requiere de al menos de tres alcances: análisis ambiental, social y económico, y nosotros sólo somos parte de esas tres autorizaciones. Las concesiones de uso de agua, cambio de uso de suelo, compra y adquisición de tierras y todo eso, está vinculado”. Lo que no puede negar González Azuara es que hay prisa por realizar los trabajos, lo que significa que seguramente los concesionarios ya se pusieron “a mano” con autoridades para llevar adelante los trabajos… MEMORANDUM 10: En un documento dirigido a la opinión pública, al Congreso Nacional Indígena, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a los medios libres y a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, representantes de 27 medios de comunicación alternativos se declararon en “rebeldía” contra la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión impuesta por “el mal gobierno”, esto durante la declaratoria del Encuentro de Medios Libres en Defensa del Territorio realizado en la comunidad nahua de Amilcingo, Morelos. En la declaratoria final exigen la liberación de Enedina Rosas, Juan Carlos Flores y Abraham Cordero, presos y acusados de diversos delitos por su oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM) –que incluye la construcción de dos termoeléctricas en el vecino pueblo morelense de Huexca, y un gasoducto que atravesará la zona de peligro volcánico del Popocatépetl en Tlaxcala Puebla y Morelos, contra el que hay fuerte resistencia en Amilcingo y otras comunidades morelenses y poblanas. “Sabemos que en México existen muchos pueblos que son objeto del desprecio, del despojo, la explotación y la represión. De la misma manera, nuestros medios de comunicación también son objeto de la violencia de Estado y la criminalización, por lo que les convocamos a la defensa y al apoyo mutuo”. El llamado es a conformar equipos legales para responder ante las detenciones arbitrarias, desmantelamientos, criminalización, encarcelamientos y represión de que son objeto. Por ello consideran que “la resistencia de los pueblos y sus medios libres conformamos una convergencia de rebeldía que pondrá un alto al despojo llevado a cabo por el mal gobierno junto con las empresas nacionales y transnacionales; juntos en nuestras luchas, pueblos, comunidades, radios comunitarias y medios libres rompemos el cerco informativo impuesto por los medios de paga que ocultan y distorsionan la verdad. LEER DECLARATORIA COMPLETA MEMORANDUM 11: En la cajuela de un auto Chevy color azul, hallado en un camino vecinal a un costado del kilómetro 41 + 900 de la autopista Cárdenas-Coatzacoalcos, fue hallado el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición la tarde del miércoles. Elementos de la policía estatal y personal del Ministerio Público de Coatzacoalcos llegaron al lugar luego de recibirse una llamada telefónica anónima donde se asentaba el hallazgo de la unidad y que de su interior provenía un desagradable olor. Las autoridades al llegar, procedieron a abrir la cajuela y allí encontraron el cuerpo en una bolsa de plástico. Hasta el momento, el cadáver se encuentra en el Servicio Médico Forense de Coatzacoalcos en espera de que alguien llegue a identificarle. No se han revelado aún las causas de la muerte de esta persona… MEMORANDUM 12: Partiendo de los datos que ofrece el Gobierno Federal en torno a personas desaparecidas en México: 22 mil 322 de los cuales, 9 mil 790 son casos presentados en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto y, 12 mil 532 durante la administración de Felipe Calderón, queda claro que en lo que va del actual sexenio se han presentado 78 por ciento de las que hubo durante todo el correspondiente al panista –o sexenio pasado-, todo ello a pesar de que al asumir la Presidencia de la República en Diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto reconoció que la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por su predecesor, Felipe Calderón Hinojosa había propiciado graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. En ese sentido, y acaso para legitimarse, a comienzos de 2013, el gobierno Federal indicó que más de 26 mil personas habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde 2007 -un problema que calificó como una “grave crisis humanitaria” - y promulgó una ley integral destinada a asegurar los derechos de las víctimas. No obstante la administración peñista ha obtenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por elementos de seguridad en el marco de acciones contra la delincuencia organizada. En ese sentido, el número oficial de personas “no localizadas” (22 mil 322) dado a conocer la semana pasada por el gobierno federal no abona a la erradicación de ese delito, “pues el objetivo central debería ser la localización de las víctimas”, sostiene Ximena Antillón, de Fundar, Centro Análisis e Investigación, ya que las cifras presentadas por la subprocuradora Mariana Benítez y la subsecretaria de Gobernación para los Derechos Humanos, Lía Limón, “son confusas” y no hay claridad en la metodología usada. Denuncia que el sistema de justicia militar, que no opera con objetividad, continúa siendo el ámbito donde se juzga a militares acusados de violaciones de derechos humanos, y se asegura así su impunidad, además de que las disposiciones sobre arraigo permiten que algunas personas, presuntamente, implicadas en delitos penales sean detenidas durante períodos de 80 días sin ser consignadas. En ese sentido, la desaparición de personas es sistemática en México debido a la permisividad del Estado, que en algunos casos es coautor y en otros no interviene, no investiga ni sanciona a los responsables, señalan representantes de organizaciones civiles. El próximo sábado se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, cuyo registro es de 22 mil, 9 mil 790 en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto y, 12 mil 532 durante el de Felipe Calderón. MEMORANDUM 13: El proyecto carretero Tuxpan-Cardel pone en serio riesgo a diversos ecosistemas, advierte el presidente en Veracruz de la Asociación Nacional Política y Ambientalista Profesionales por México, Reynaldo Guerrero Corona, y señala que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, vino a Veracruz a dar el "banderazo de la muerte" acompañado del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Ello se debe, entre otras cosas, a que esta obra pone en peligro de extinción el hábitat de especies como el cangrejo azul, ya que su trazo incluye zonas de los municipios de Úrsulo Galván, Actopan, Alto Lucero, y se extiende hasta Vega de Alatorre, Nautla y otros municipios del litoral donde prolifera este crustáceo decápodo. Guerrero Corona dice que en prevención de este posible daño ha buscado un acercamiento con la delegación de la SCT en la Entidad para trabajar en conjunto y preservar la citada especie, “pero no hemos obtenido una respuesta favorable; hemos pedido audiencia con el delegado William Knight Bonifacio, tiene dos meses que lo hicimos a través de su secretaria particular y no hemos tenido respuesta; queremos exponerle el serio peligro que corre el cangrejo azul y queremos protegerlo", mas al parecer Knight Bonifacio anda más preocupado por sus negocios inmobiliarios en McAllen, Texas, que atender casos como este. Guerrero Corona advierte que si esa especie se extingue “tendrá graves consecuencias para el ambiente y el ecosistema veracruzano”, y señala, además, que “Veracruz sería el primer estado en el nivel internacional que permitiera la extinción del cangrejo azul que es un organismo muy valioso (...) vivimos una realidad ecocida y de agresión al ambiente que no puede continuar"… MEMORANDUM 14: El asunto no es el decomiso de dinero, autos, aeronaves, mansiones o residencias, joyas, ranchos y otras propiedades ilícitas de personajes fuera de la ley, que al final del día es obligación de la Procuraduría General de la República hacerlo, sino, ¿en dónde están esos bienes? ¿Quién o quiénes los administran? ¿Quiénes se benefician?, ya que según datos de la propia PGR, en los primeros seis meses de este año decomisó más de 33.7 millones de pesos y 6.6 millones de dólares como parte de las acciones contra la delincuencia. En ese mismo lapso, inició 9 mil 870 registros de armas confiscadas, y en 2 mil 501 casos se incautaron distintas clases de droga. Las cifras desglosadas son los siguientes: el pasado mes de enero decomisaron 1millón 17 mil 545 pesos y 632 mil 17 dólares; en febrero, 2 millones 467 mil 928 pesos y 671 mil 866 dólares. En marzo confiscaron 2 millones 525 mil pesos y 327 mil 415 dólares; en abril, 26 millones 367 mil 291 pesos, 34 mil 647 dólares y 13 mil 200 euros. En mayo el monto incautado en moneda nacional ascendió a 288 mil 967 pesos y 49 mil 320 dólares. Ese mes la PGR reportó que además fueron “abandonados” 402 mil 734 dólares. En junio incautó 1millón 67 mil 949 pesos y 4 millones 908 mil 845 dólares, y una vez más se registró el abandono dólares, en esa ocasión por 196 mil 644. De igual manera, la dependencia confiscó en el periodo mencionado una aeronave y se tienen 9 mil 870 registros de decomiso de armas de fuego, sin que signifique que ese sea el número de piezas, de acuerdo con las estadísticas gubernamentales, además de que incautaron 26 embarcaciones, 34 objetos históricos o considerados de arte, 82 inmuebles, 190 joyas, 7 mil 231 objetos y mil 959 vehículos. Pero la pregunta sigue flotando: ¿en dónde está ese dinero y esos bienes –muebles e inmuebles- decomisados? Nadie sabe, nadie supo, ya que la transparencia no es, precisamente, el fuerte de las instancias oficiales. Así las cosas… MEMORANDUM 15: Reza un dicho: “También en San Juan hace aire”, y si a nivel nacional ha trascendido en días pasados el derrame de una sustancia altamente tóxica en un río de Sonora por parte de Grupo México , en Veracruz, para no variar, ocurrió el enésimo derrame de combustible, en este caso gasolina Premium, debido a una toma clandestina lo que ha ocasionado la contaminación de al menos 5 kilómetros de un arroyo ubicado en Tierra Blanca. Fueron vecinos de la colonia 20 de Noviembre quienes se percataron de un fuerte olor a gasolina, razón por la cual, dieron aviso a las autoridades. Personal de protección Civil de aquel municipio acudió a verificar el reporte, y encontró manchas a lo largo del afluente denominado “Arroyo Hondo”, mientras que la toma clandestina fue ubicada cerca de la carretera Tierra Blanca-El Jícaro, muy cerca del manto acuífero. Ante tales evidencias, trabajadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX) acudieron de manera inmediata, para acordonar el lugar con el fin de que el asunto no trascendiera, y como siempre, la paraestatal salió con su viejo discurso para exculparse y argumentar que técnicos especializados realizan los trabajos de eliminación de la toma clandestina, la reparación del ducto afectado y la limpieza del afluente. En fin, un ecocidio más presentado en el Estado que, seguramente, sólo quedará archivado como muchos otros. MEMORANDUM 16: La trata en México es el comercio ilegal de personas con propósitos de explotación sexual, trabajos forzados, retirada de órganos, servidumbre o cualquier otra forma moderna de esclavitud. Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos, y es considerado una forma moderna de esclavitud, ya que está ubicado en tercero a nivel mundial en un ranking de delitos luego del tráfico de armas y el de drogas. Se estima que en el mundo existen 21 millones de personas esclavizadas por la trata de personas y que el negocio mueve 32 mil millones de dólares en todo el mundo, y aunque México firmó y ratificó en 2003 el protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños que obliga a los países firmantes a generar políticas y medidas de combate a este delito garantizando, también, la protección de las víctimas y colaborar con otros países para combatir la trata, lo cierto es que entre 2009 y el primer semestre de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó la existencia de 2 mil 105 averiguaciones previas (en la justicia estatal y federal) por trata de personas, de las cuales sólo 756 fueron consignadas ante un juez, lo que refleja el “alarmante grado de impunidad” relacionado con ese delito. La CNDH presentó el Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, y en el análisis advierte que del total de averiguaciones previas por trata, sólo 152 (nueve en el fuero federal y 143 en el local) han concluido en sentencias condenatorias, lo que representa 7.2 por ciento del total. El estudio señala que de las víctimas identificadas en el país, 82.9 por ciento son mujeres y 13.7 hombres; 77.5 por ciento de origen mexicano y 15.4 extranjeras, la mayoría provenientes de Centroamérica y otras de 33 países. Y es que la trata de personas no distingue raza, edad ni condición social, aunque algunos sectores de la población son más afectados: niños, niñas, mujeres y migrantes esclavizados para servir en la industria del sexo o matrimonios forzados. Si bien la incidencia de este delito se incrementa tratándose de personas en condiciones de pobreza económica, mujeres de posición desahogada también son captadas por la delincuencia para satisfacer la demanda de ciertos mercados. En el diagnóstico, de 189 páginas, que puede ser consultado en la página www.cndh.org.mx, indica que los hombres también son víctimas de este delito y, al igual que a muchas mujeres, se les capta para obtener mano de obra barata o gratuita en el trabajo informal, la agricultura, las industrias de la construcción y textil, establecimientos mercantiles, minería, procesamiento de alimentos, transportes y entretenimiento. México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, y este delito se da a través del Norte y Centroamérica con fines de explotación sexual y trabajo forzado. Los grupos más vulnerables del delito en México incluyen a mujeres y niños, migrantes indocumentados, personas indígenas, campesinos, obreros, trabajadores informales, jóvenes y personas analfabetas o con bajos niveles educativos. En México la trata es el segundo delito en importancia económica luego del tráfico de drogas según el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Las víctimas de trata, además de sufrir un ataque a su dignidad y la violación de sus derechos humanos, padecen diversas consecuencias, y posiblemente las víctimas con fines de explotación sexual resientan mayor impacto”, porque son objeto de golpes, lesiones, heridas, violencia física y sexual, abuso emocional y amenazas, así como manipulación mediante el suministro de estupefacientes que con frecuencia les genera trastornos por estrés postraumático y disociación, denigración física y mental, conductas autodestructivas, intentos de suicidio, depresión, síndrome de Estocolmo, infecciones de trasmisión sexual, mayor riesgo de desarrollar cáncer cérvico-uterino y más incidencia en el uso de drogas y alcohol. Así de simple… MEMORANDUM 17: Las autoridades de Veracruz deben combatir con prontitud y eficacia el fenómeno social de la trata de blancas, señala el diputado local panista Carlos Gabriel Fuentes Urrutia, y añade que las víctimas deben dejar de ser criminalizadas o infantilizadas por las autoridades veracruzanas, porque, seguramente recordando al grotesco exsubprocurador general de justicia de la zona Xalapa, Marco Antonio Lezama Moo, “muchas veces escuchamos declaraciones desafortunadas, como por ejemplo que se fue con el novio; en el tema de secuestros, las autoridades no pueden decir eso”…Fuentes Urrutia, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado, precisa que “el problema de la trata de blancas rebasa al Estado por ser un problema de dimensiones nacionales e internacionales”, y explica que “lo que es cierto es que el gobierno y nosotros como legisladores debemos apostar todo por combatir esta terrible práctica y abonar desde nuestras trincheras”…Indica que los negocios de venta de bebidas alcohólicas, negocios relacionados con la prostitución, mejor conocidos como los “giros negros” deben ser vigilados permanentemente, y exhorta a los ciudadanos a denunciar a las autoridades correspondientes si conocen casos o redes de trata de blancas…Finalmente destaca que él y sus compañeros de la bancada panista estarán atentos al desarrollo de las iniciativas para combatir la problemática y vigilarán que las autoridades cumplan su cometido…Por buenos deseos no para el popular “Chico” Fuentes… MEMORANDUM 18: Ya de por si la imagen del Servicio de Administración Tributaria es mala en la percepción de los mexicanos, sobre todo de los que pagamos religiosamente impuestos, tengamos o no, para hacerlo, sin embargo, la percepción de los contribuyentes sobre la corrupción en el SAT registró un incremento en el primer semestre del año pese a los esfuerzos del organismo para mejorar su imagen, ya que de acuerdo con un índice elaborado por el propio organismo fiscal, con base en estudios de opinión pública de la Administración General de Evaluación del SAT, en la primera mitad del año el indicador se ubicó en 30.9 por ciento, un nivel similar al de 2011, cuando se ubicaba en 30.8 por ciento. El deterioro de la imagen del SAT se registró pese a que desde 2011 impulsó la aplicación, junto con gobiernos estatales, de un programa que involucra el tema de “civismo fiscal” mediante el cual se busca fomentar y promover entre ciudadanos y contribuyentes “un cambio de actitudes y comportamientos respecto de asuntos fiscales”. La justificación de esa estrategia es que está dirigida a “contar con bases de datos confiables para coadyuvar a una administración tributaria más eficiente y equitativa, que se traduzca en una mayor recaudación, así como fomentar la cultura contributiva en la población, implementando acciones educativas y formativas”. Ante la evidencia, el propio SAT reconoce que “el índice general de percepción de corrupción en el SAT se colocó en el segundo trimestre de 2014 en 30.9 por ciento, aumentando casi tres puntos pocencuales en relación con marzo”. No obstante, calificó ese deterioro de su imagen como una “situación cíclica que se ha presentado durante los últimos cinco años en los que se observa un incremento del índice entre el primer y segundo trimestre del año, debido a una mayor interacción del contribuyente con la autoridad fiscal”. Pero los registros detallan que de 29.6 por ciento del índice de corrupción que se registró en 2010, este indicador creció a 30.8 por ciento en 2011, a 30.4 en 2012 y para 2013 tuvo una mejoría al bajar a 26.1 por ciento, para volver a subir a 30.9 en junio pasado. Pero no sólo la percepción de la corrupción en el organismo recaudador del gobierno federal sufrió un deterioro, sino también su imagen general ante el público. Un reporte del SAT indica que el porcentaje de contribuyentes con buena percepción del organismo cayó de 81 por ciento en 2013 a 64 puntos porcentuales en el primer semestre de este año, es decir, un desplome de casi 21 por ciento. Por el contrario, los que consideran una imagen “regular” pasaron de 10 por ciento el año pasado, a 19 puntos para la primera mitad de 2014. Y los que de plano creen que la imagen del SAT es mala crecieron más de 77 por ciento, al pasar de 9 a 16 puntos porcentuales de 2013 a junio de este año. Así las cosas… MEMORANDUM 19: ¡Por fin! El Gobierno Federal decidió asumir acciones serias en contra del cruce de indocumentados por territorio nacional rumbo a los Estados Unidos –aunque infinidad de ellos se quedan en ciudades mexicanas donde viven de la caridad pública en cruceros o afuera de los restaurantes-, de tal suerte que mediante operativos ha impedido que los migrantes aborden el tren conocido como “La Bestia”, arriesgando sus vidas en un percance o, en el peor de los casos, a ser víctimas de la delincuencia que les cobra cuotas y hasta los asesina como ejemplo, o los incorpora a sus filas. De acuerdo al reporte de Alberto Donis Rodríguez, responsable de la Casa del Migrante, las revisiones y operativos han provocado que disminuya el número de indocumentados que se trasladan en el tren en su ruta Arriaga, Chiapas-Ixtepec, Oaxaca, de tal suerte que este miércoles sólo seis migrantes llegaron a la ciudad de Ixtepec en el tren conocido como La Bestia, debido a los cuatro operativos que en menos de 24 horas efectuaron autoridades en Oaxaca y Chiapas como parte del programa Frontera Sur, que impulsa el gobierno mexicano. Entre la noche del martes y madrugada del miércoles se realizaron cuatro operativos en el trayecto del tren de carga por los poblados de Pijijiapan y Arenera (en Chiapas), y dos más en la región del Istmo de Tehuantepec, en el municipio de Reforma, y en el tramo Unión Hidalgo-Juchitán. Además, existen puntos fijos que montó el Instituto Nacional de Migración (INM) en Arriaga, Paraíso y Cinco Cerros, en Chiapas, así como en el municipio de Niltepec, Oaxaca. Según migrantes que lograron evadir los operativos y se refugiaron en este último albergue, señalaron que cada vez es más difícil la travesía hacia Estados Unidos, pero advierten que “nada los detendrá”. El operativo realizado en la ciudad de Reforma de Pineda, en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, el INM detuvo a 35 migrantes, que fueron trasladados a Tapachula, Chiapas. Ángel Figueroa, indocumentado hondureño, detalló que lleva un mes intentado cruzar el territorio mexicano para llegar a Florida; sin embargo, personal del INM, de la Policía Federal y de la Armada lo han impedido y ha sido deportado, y en esta ocasión él y dos compañeros lograron evadir los operativos y caminaron cerca de 20 horas en lugares llenos de piedras y espinas de Arriaga a Chahuites. Después abordaron el tren, pero al llegar al poblado de Reforma observaron lámparas y se dieron cuenta de que eran operativos, por lo que se bajaron de La Bestia y corrieron para evitar ser atrapados. Donis Rodríguez reconoce que, efectivamente, el flujo de indocumentados ha disminuido en el albergue, pero que no será por mucho tiempo, porque nada ni nadie detiene la migración. MEMORANDUM 20: México no cuenta, y lo que es peor, no crea las condiciones para hacer frente a las proyecciones de crecimiento de la población senecta, muy a pesar de que para el 2050 constituirán el 22 por ciento de la población, cifra superior a la infantil (que está compuesta, actualmente por el 19 por ciento). Y es que, en efecto, la población de 60 años y más la constituyen ahora 12.9 millones de personas, es decir, 10.8 por ciento del total, y el crecimiento o envejecimiento del País avanza a pasos agigantados sin un destino prometedor, ya que de acuerdo a Cruz Álvarez Padilla, del Instituto de Investigaciones Económicas, y Aída Díaz-Tendero, del Centro de Investigaciones sobre América Latina, México tiene un comportamiento demográfico de país desarrollado, en términos de fecundidad y mortalidad, lo que se refleja en una tendencia decreciente del número de hijos por mujer y un aumento en la esperanza de vida, fenómeno que provoca un proceso acelerado de envejecimiento poblacional. Este jueves se celebra el Día Nacional del Adulto Mayor, y la fecha se festeja en un contexto socioeconómico marcado por la inequidad, la permanencia de altos porcentajes de población en pobreza y la falta de cobertura de seguridad social y pensiones. Esa composición brinda un panorama peculiar, según los investigadores: “nos hicimos viejos antes que ricos”. Los países europeos, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de fortalecer sus estados de bienestar y establecer sistemas de protección social que abarcaran prácticamente a toda la población, incluido el grupo de los adultos mayores, sin embargo, en México, nuestros viejos carecen de muchas cosas. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el envejecimiento se debe al aumento constante de la esperanza de vida. En 1970, los mexicanos vivían en promedio 61 años; en 2000, 73, y en 2014 la esperanza de vida es de casi 75. Para 2030 se espera que sea de 77 años, por lo que la población tiende a ser más longeva, en condiciones de precariedad y vulnerabilidad, por lo que se debe afrontar ese reto: pensar en casas de día para atenderlos, construir infraestructura vial y arquitectónica adecuada y formar recursos humanos necesarios y no esperar hasta 2050. Para los expertos, las desigualdades surgen a partir de las dimensiones de la estratificación, eso es lo que nos marca; ser indígena en Oaxaca o un trabajador del sector formal en la ciudad de México cambia las perspectivas mucho más que si se es adulto mayor o no. Según datos de la ENOE, la población económicamente activa (PEA) alcanzó 52.1 millones de personas, que representan 58.6 por ciento de la población de 14 años y más. De ésta, 4.3 millones son de 60 años y más (8.4 por ciento de la PEA total), y de ellos, 97.7 está ocupado y el resto, no. Del 2000 a 2013 la tasa de crecimiento anual de las adultas mayores ha sido de casi 4 por ciento, lo que muestra “un proceso de feminización del envejecimiento en México” y la necesidad de mejorar la capacidad de las instituciones de gobierno para hacer frente a la pobreza y la desigualdad en la que viven muchas de ellas, aseguró el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Así las cosas… MEMORANDUM 21: Con el asesinato del tesorero del ayuntamiento de Coatepec, Guillermo Pozos Rivera, alguien ha recordado que en los últimos cuatro años once ediles y alcaldes han sido asesinados en el estado de Veracruz producto de tres atentados a cargo de grupos armados, y cuatro ejecuciones contra exalcaldes. En estos cuatro años, de 2010 a 2014, ocho ediles y exfuncionarios militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han sido ejecutados, mientras que siete fueron de Acción Nacional (PAN). La Asociación Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes (ANAC), señala que Veracruz, junto a Michoacán, Oaxaca y Durango, son las entidades que han registrado el mayor número de asesinatos de ediles. La ANAC ha señalado en un comunicado que desde 2006 a la fecha, 34 ediles han muerto víctimas de la violencia en el país, de los cuales siete han sido asesinados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Asimismo la ANAC detalla que 2010 ha sido el año en que más funcionarios municipales fallecieron, pues hubo 11 asesinatos, y 2011 terminó con siete crímenes. El 22 de febrero de 2011, el alcalde priísta de Tampico Alto, Saturnino Valdés Llanos, desapareció en Ciudad Madero, Tamaulipas. El 3 de marzo apareció muerto en un basurero, al norte del estado, junto con 10 cadáveres más. En abril de 2012, Rafael Landa Fernández, alcalde suplente de Atzalan, fue ejecutado de ocho impactos de bala. En mayo de ese mismo año, fue ejecutado Jaime Lladó Delgado, síndico del ayuntamiento de Pueblo Viejo, quien se hallaba en un taller mecánico cuando fue atacado por desconocidos. También en 2012, en junio el cuerpo sin vida de la alcaldesa panista de Tlacojalpan, Marisol Mora Cuevas, fue hallado en el kilómetro 35 de la carretera federal 145, tramo Sayula de Alemán-Loma Bonita, en Oaxaca, después de haber sido levantada el domingo 24 por un comando en el interior de su domicilio. Dos delincuentes capturados por la PGJE, en septiembre de ese año, confesaron ser los responsables de asesinar a la munícipe y al exalcalde de Isla, Nahúm Tress Mánica, y a su hijo Óscar Nahúm Tress Pintado, debido a que se negaron a seguir siendo extorsionados por integrantes de un grupo fuera de la ley. En julio de 2013, el alcalde del municipio de Aquila, Gerónimo Manuel García Rosas, perdió la vida luego de que el segundo comandante de la Policía Municipal, Adán González Vega, le disparó con un arma de fuego. En este 2014, en febrero pasado, José Luis Cervantes Cruz, alcalde suplente de Pueblo Viejo, en el norte de Veracruz, fue asesinado a las puertas de su casa por dos sujetos no identificados. José Luis era hermano de Luis Fernando Cervantes Cruz, que semanas atrás había concluido su labor como alcalde de ese lugar, y quien fue secuestrado en septiembre de 2013 y liberado en octubre de ese año. En marzo, la víctima fue Efraín Márquez Cruz, síndico de Filomeno Mata, cuando fue emboscado junto con su esposa cuando viajaban en auto por la localidad El Lindero y se dirigían a la cabecera municipal. Dos individuos salieron al paso y dispararon en varias ocasiones. Luego, en junio, el síndico de Tlachichilco, Manuel Ríos Santiago, fue asesinado de un disparo en la cabeza, y también el representante del programa Oportunidades, Lorenzo Ríos Santiago, su hermano, y el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en esa región, Rosalino Higinio Apolinar. Luego de ultimarlos fueron arrojados al fondo de un barranco. Las esposas de esos funcionarios se manifestaron en la Plaza Lerdo, de Xalapa, y denunciaron que el alcalde panista, Ranulfo Ángeles López, podría estar involucrado en ese triple homicidio. Hace poco más de un mes, el 13 de julio, el presidente municipal suplente de Pánuco, también en la zona norte de Veracruz, Teódulo Gea Domínguez, fue encontrado sin vida en un camino ejidal de ese municipio. El alcalde suplente también era representante personal para la zona rural, del senador José Francisco Yunes Zorrilla. Los focos rojos se han encendido nuevamente este lunes cuando fue hallado el cadáver del tesorero coatepecano Guillermo Pozos Rivera, desaparecido desde el viernes 23 de este mes, y ante la negativa de la Procuraduría de informar con objetividad, persiste la duda si el tesorero fue victimado a puñaladas o como se comenta que fue hallado maniatado y con disparos de arma de fuego y el tiro de gracia en la cabeza. Esta ola de atentados contra autoridades municipales inició al final del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, cuando en noviembre de 2010, el alcalde electo de Juan Rodríguez Clara, Gregorio Barradas Miravete, así como su secretario particular, Ángel Landa Cárdenas, y el exalcalde de ese municipio, Omar Manzur Assad, quien era suplente, fueron secuestrados y posteriormente ejecutados. Sus cuerpos fueron abandonados en Tuxtepec, Oaxaca. La violencia contra autoridades municipales es otro de los “sellos” que han caracterizado tristemente al “gobierno próspero” encabezado por Javier Duarte de Ochoa. MEMORANDUM 22: El magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Juan Carlos Moreno Correa, le ha negado el derecho a fianza a María Josefina Gamboa Torales y el proceso contra ella por la muerte imprudencial de José Luis Burela López se seguirá desde el penal de Tuxpan, a donde fue trasladada hace unos días. El abogado de la periodista y funcionaria con licencia del Instituto Municipal de la Mujer de Boca del Río, Jorge Winckler Ortiz, confirmó esta versión señalando que el magistrado Moreno Correa no permite que la comunicadora goce de su libertad provisional bajo fianza, porque el delito que la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJE), le imputa es calificado como “grave”, aunque los numerosos antecedentes de otros casos señalan que se puede alcanzar fianza, lo que demuestra el encono personal de funcionarios del gobierno estatal contra la comunicadora, una de las más fuertes críticas de la mal llamada “prosperidad”. Winckler Ortiz señala que “Maryjose debe seguir su proceso privada de su libertad, pues no tiene derecho a fianza” y dice que ello sólo sería factible si se resuelve de manera favorable el amparo interpuesto en el Juzgado Sexto de Distrito con número de expediente 656/2014 contra la formal prisión o en su caso se le dicte en la causa penal una sentencia menor a cinco años de prisión, lo que haría que la misma sea conmutable. Entre las argucias para impedir que proceda la libertad bajo fianza está que se mantiene vigente el señalamiento de que presumiblemente Gamboa Torales conducía su auto en estado de ebriedad y con temeridad la madrugada del 12 de julio cuando Burela López atravesaba la cinta asfáltica. El abogado defensor de Gamboa Torales dice que la PGJE no podrá sostener la acusación contra esta de que conducía ebria y con exceso de velocidad “pues todo fue fabricado por el gobierno del estado. Finalmente, ha externado su temor de que algo le pase a Maryjose en donde está internada, pues es un reclusorio con una numerosa población y hay muchas irregularidades. MEMORANDUM 23: En apenas una semana el procurador general de justicia, Luis Ángel Bravo Contreras ha pasado del triunfalismo desbordado a negar la realidad, ya que ahora dice desconocer la existencia de fosas clandestinas como las halladas en Agua Dulce la tarde del lunes, y que ayer martes se han confirmado con el hallazgo de cuatro cuerpos. “Son rumores, no hay hallazgo de cadáveres”, dice escuetamente el procurador, y escurre el bulto. Los cuerpos han sido encontrados en terrenos del ejido Punta Gorda, han confirmado autoridades policiacas. Lo malo para Bravo Contreras es que el hallazgo está plenamente confirmado, pero ahora la versión ha surgido de enfrente, y ni para correr a un agente del Ministerio Público o a un subprocurador como hizo algunas semanas cuando Javier Duarte de Ochoa ordenó el cese fulminante de Arturo Herrera Cantillo, quien ocupaba ese cargo en el puerto de Veracruz y confirmó el hallazgo de la narcofosa con casi 40 cuerpos en un rancho en los límites entre Cosamaloapan y Tres Valles, en el ejido Nopaltepec. MEMORANDUM 24: Dios no lo quiera, pero la tarde-noche de este miércoles ha surgido una inquietante versión –no confirmada oficialmente- en el sentido de que la pequeña Karime Cruz Reyes y su tía Mónica Reyes Baruch habrían sido encontradas fallecidas en la casa donde, presuntamente las mantenían secuestradas, rumor que ha empezado a invadir a la ciudad y puerto de Coatzacoalcos y ha llegado hasta la capital del estado (insistimos, sin que lo confirmen aun las autoridades competentes). Lo peor de todo es que la misma versión afirma que las autoridades policiacas y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sabían de lo ocurrido pero de manera absurda, grotesca, han ocultado el hecho conscientes de que al trascender, surgirá una condena unánime hacia el ejecutivo estatal y Luis Ángel Bravo Contreras y Arturo Bermúdez Zurita por su notoria ineficacia, aunado a su temor para afrontar la situación y reconocer que, una vez más, han fallado. Precisamente este miércoles Bermúdez Zurita estaba en Coatzacoalcos con el pretexto de una reunión con miembros de la iniciativa privada, y hasta allí ha llegado el fiscal especial del caso, Jorge Obrador Capellini, quien tras cruzar unas palabras con él, ambos han salido intempestivamente de la reunión sin dar explicación alguna. La agencia de noticias Imagen del Golfo confirmaría a través de un cable urgente que la noticia se ha esparcido ya por todo el sur del estado a través de las llamadas redes sociales y que Bermúdez Zurita y Obrador Capellini estarían con la familia de la niña luego de que fueron llevadas al hotel donde se realizaba la reunión. Alejandro Cruz y su esposa Nora Reyes Baruch pedían desde la mañana una entrevista con el secretario de Seguridad Pública. Tras conocerse la versión ahora se habla de que en breve llegaría a Coatzacoalcos el Procurador Luis Ángel Bravo Contreras. Por último, Imagen del Golfo ha recogido también una versión en el sentido de que se busca a dos sujetos, uno de ellos apodado "El Panadero", y el otro un taxista que, al parecer, sostenía una relación con la señora Mónica Reyes Baruch, tía de la pequeña. Se dice que hay una fuerte movilización policiaca por la colonia Iquisa y sus alrededores. Seguiremos informando... MEMORANDUM 25: En graves problemas financieros están 48 municipios veracruzanos que adeudan en conjunto casi 600 millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por concepto de uso de aguas nacionales, y en esa situación también se encuentran varios organismos operadores de agua. De acuerdo con documentos oficiales del Organismo de Cuenca Golfo Centro de Conagua, el monto de adeudos de municipios y organismos operadores asciende a los 594 millones 749 mil 873 mil pesos, y son deudas que arrastran los municipios junto con las de la bursatilización del impuesto a la tenencia vehicular y por créditos para obras contratados con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras). El informe de la Dirección de Recaudación y Fiscalización de Conagua, señala que los adeudos son por concepto de derechos por el uso, explotación o aprovechamiento de las aguas nacionales, así como por derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales. Entre los organismos que aparecen en esa lista están el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS) de Veracruz, Boca del Río y Medellín, pero también hay organismos operadores de agua de otros municipios, como las comisiones y organismos operadores de agua potable y saneamiento de Acayucan, Banderilla, Gutiérrez Zamora, Lerdo de Tejada, Pánuco, Playa Vicente, Santiago Tuxtla, Tierra Blanca y Córdoba, entre otros. Según el último reporte emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) los municipios veracruzanos enfrentan una deuda bursátil y bancaria de 2 mil 649 millones de pesos. Esos déficits provienen de la emisión bursátil del Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos (ISTUV) y de créditos con instituciones financieras como Banobras, para lo cual están en garantía una parte de las participaciones federales. La situación de muchos ayuntamientos cada vez es peor, por lo que no sería extraño que para fines de este muchos se declaren en situación de emergencia al estar a un paso de la quiebra… MEMORANDUM 26: Javier Duarte de Ochoa, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, Gabriel Deantes Ramos y Francisco Javier Muñoz Ruiz sí transgredieron la ley el 4 de abril de 2012 cuando asistieron a un evento del, entonces, candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, y por ello, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó este miércoles que serán sancionados, ya que se comprobó que violaron el artículo 134 de la Constitución General de la República y los principios de equidad, imparcialidad, objetividad y certeza que rigen la materia electoral. El consejero del INE, Javier Santiago Castillo, señala que “la conducta del Gobernador de Veracruz jurídicamente es grave al violar la Constitución”, y enfatiza que “violó el Artículo 134 de la Constitución Federal y esta conducta es grave”. Por ello, se pronunció por dar vista al Congreso federal, aunque otros consejeros, priistas desde luego, rechazaron esa petición y se pronunciaron solamente por dar vista al Congreso del Estado de Veracruz, algo que Javier Santiago Castillo ha considerado “insuficiente” al recalcar que la conducta del mandatario de Veracruz “fue grave y dar vista al Congreso Estatal es insuficiente”. Ha tenido tal trascendencia el anuncio, que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, urgió revisar el tema “por tratarse de un debate de alcance nacional que dará mucho de qué hablar en el futuro”, pues señala que requiere “no solamente una larga discusión, sino una acción legislativa importante”. Hay que recordar que el antecedente del caso se da el 4 de abril de 2012, cuando Javier Duarte de Ochoa, junto con otros de sus funcionarios, acudió a un evento del entonces candidato a la Presidencia de la República por la coalición “Compromiso por México”, Enrique Peña Nieto, sin embargo, aseguró que fue un acto privado y no un evento de campaña, por lo que rechazó que haya violado el artículo 134 de la Constitución, que señala: “los servidores públicos deberán abstenerse de desviar recursos públicos a favor de partidos o candidatos y de realizar acciones que afecten la neutralidad de las instituciones”. Los consejeros en general declararon fundando el procedimiento especial sancionador contra el gobernador Duarte de Ochoa, impulsado por los partidos de Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), y dieron vista al Congreso Local para que, en su caso, decida las sanciones correspondientes, ya que rechazaron dar vista del caso al Congreso Federal como lo propuso el consejero Javier Santiago Castillo, lo que a su vez derivó en tres rondas de discusión en las que sus homólogos plantearon sus posiciones en contra, e incluso, el consejero Enrique Andrade propuso no dar vista al Congreso Local, al considerar que se trataba de una “falta menor”. Por ejemplo, el consejero electoral Benito Nacif expresó su posición favorable al proyecto “en los términos en los que lo propone la Secretaría Ejecutiva, de mantener simplemente la vista a la legislatura del Estado, porque el Tribunal no nos está pidiendo en este punto que nos apartemos de nuestros propios precedentes”, acatando una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien revocó la resolución del otrora Instituto Federal Electoral (IFE) en la que declaró infundada la queja contra el mandatario priista. Sin embargo, al externar su inconformidad con esa resolución, PAN y PRD presentaron una queja ante el Tribunal, quien finalmente ordenó al INE emitir una nueva resolución “considerando responsables a los servidores públicos denunciados que acudieron al evento proselitista”. El TEPJF solicitó al INE que con plena libertad “imponga la sanción procedente que conforme a derecho corresponda”, y “decidir lo procedente respecto de la culpa in vigilando que se le atribuye a los partidos denunciados, esto es al PRI y al Verde Ecologista de México, integrantes de la entonces Coalición “Compromiso por México””. Otra consejera, Pamela San Martín mostró extrañeza con la sentencia del Tribunal, dado que “nos mandata sancionar, cuando específicamente en el caso de los servidores públicos esta autoridad no tiene algún sustento legal para sancionar”, y agrega que el castigo, en su caso, lo impondrá la autoridad a la que se le da vista, “precisamente porque el motivo de la vista es para la imposición de la sanción correspondiente”. El caso es que, para variar, Javier Duarte de Ochoa vuelve a estar en el ojo del huracán en una semana en la que Veracruz ha aparecido en el ámbito nacional debido al hallazgo de nuevas fosas clandestinas con por lo menos 8 cuerpos; el tesorero del ayuntamiento de Coatepec fue ultimado, la violencia desatada a lo largo y ancho del territorio estatal, los cuestionamientos contra la organización de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe que hacen crecer las dudas sobre si las obras estarán a tiempo y se podrán realizar sin tropiezos las competencias, y las dudas sobre a dónde están muchos de esos recursos. ¿Qué más falta por ver? MEMORANDUM 27: El delito de secuestro continúa al alza y se extiende, cada vez, a más municipios, lo que confirma que las autoridades federales, estatales y municipales no han dado los resultados necesarios en esta materia, asegura el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en el “Análisis integral del secuestro en México. Cómo entender esta problemática”. Ese crecimiento –dice el estudio- resulta alarmante y puede ser mayor al reportado por las autoridades, pues las denuncias que se presentan en la Procuraduría General de la República no se suman a las estadísticas mensuales. Tal vez lo más grave es que el rango de edad de los secuestradores en México es de 18 a 29 años, lo que confirma que los plagiarios son cada vez más jóvenes y arriesgados, seleccionan con cuidado a sus víctimas y se vinculan con hombres y mujeres que ya han pasado tiempo en prisión o correccionales. Según el Observatorio, en los estados del norte la situación es cada vez más grave, en particular en Tamaulipas, pues en lo que va de 2014 esa entidad continúa presentando un comportamiento preocupante, ya que acumula 9 por ciento de los registros. En el estudio, el ONC reprocha que las autoridades sean parciales en la evaluación de sus resultados contra el secuestro, por lo que recomienda al gobierno federal que se dedique a trabajar mecanismos para sistematizar información, además de que existe la incertidumbre de que las procuradurías estatales no actúen conforme a la ley cuando se trata de un secuestro exprés o con las distintas formas de plagio contrarias al entendimiento cotidiano de qué es y cómo se persigue este delito. De acuerdo con registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el noreste del país es la región que ha mantenido más altas las tasas de denuncia por secuestro por cada cien mil habitantes durante el primer cuatrimestre de 2014. Resalta el caso de Tamaulipas, con una tasa de inseguridad cuatrimestral 465 por ciento mayor que la nacional y con la cifra más alta de secuestros múltiples. En cuanto al plagio de migrantes, para el ONC resulta preocupante la falta de información de calidad, pues evidencia que no hay interés en este tema por parte de las autoridades federales. Así las cosas… MEMORANDUM 28: Ante el asesinato del tesorero del ayuntamiento de Coatepec, Guillermo Pozos Rivera, el todavía dirigente estatal del Partido de Acción Nacional, Enrique Cambranis Torres reconoció, en conferencia de prensa, que varios ediles panistas han externado su temor tras recibir diversas amenazas a nivel personal o como parte de un ayuntamiento. Cambranis Torres deploró el crimen del tesorero Guillermo Pozos Rivera, y el creciente clima de violencia e inseguridad que impera en la entidad veracruzana, y aunque ha señalado el tema de las amenazas a ediles surgidos del partido blanquiazul, afirma que no ha sido fácil comprobarlas porque muchos prefieren mantenerse en el anonimato por temor a represalias, aunque asegura que varias de estar advertencias podrían surgir de grupos fuera de la ley. Cambranis Torres recordó que en 2013 hubo varias agresiones a autoridades municipales y candidatos panistas, y precisa que ello es muestra de que “hay un clima de inseguridad generalizado, pero cuando se trata de un edil o una figura pública es más notorio, más el ambiente de inseguridad es generalizado y lo padece la población”, por lo que “las autoridades deben trabajar para garantizar la seguridad de todos los habitantes de Veracruz”. Sin duda, es algo delicado lo dicho por Cambranis Torres que las autoridades estatales deben investigar a fondo… MEMORANDUM 29: Los factores asociados al abandono escolar se dividen en tres: económicos (bajos ingresos familiares que obligan a los jóvenes a trabajar), personales (matrimonio y embarazo tempranos) y escolares (reprobación y bajo rendimiento; inasistencia, indisciplina, violencia y acoso escolar; así como la asignación de un plantel no deseado), sin embargo, dice la Secretaría de Educación Pública (SEP), en los factores de riesgo de abandono escolar el embarazo ha experimentado un aumento relativo en la probabilidad de abandono escolar de 370 por ciento, seguido de la expulsión por indisciplina, con 330 por ciento. Y es el embarazo en el nivel bachillerato, una de las principales causales para que los jóvenes dejen sus estudios. De acuerdo al subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán, actualmente hay 650 mil 924 personas que desertaron de sus estudios, por lo que la SEP tiene la meta de reducir de 15 a 9 por ciento el índice de deserción escolar en bachillerato para 2018. Peor aún, la dependencia que encabeza Emilio Chuayffet detectó un aumento de 30 por ciento del abandono causado por el acoso escolar entre los menores de edad y jóvenes, por lo que la dependencia pondrá mayor énfasis en prevenir y atender las conductas de riesgo como consumo de alcohol y drogas ilícitas; así como difundir los medios de regulación de la fecundidad. Tuirán detalla que entre la comunidad escolar las razones por las que los alumnos faltan a la escuela se encuentran problemas de salud (56 por ciento), falta de interés (14.3 por ciento), problemas familiares (12.6 por ciento) y trabajo (7 por ciento). Por esa razón, la SEP ha estructurado una Caja de Herramientas integrada por 12 manuales a través de los cuales se instruye al directivo y al docente de cómo actuar en caso de detectar tempranamente un caso de abandono escolar, antes de que se suceda, y de esa manera orientar al estudiante. MEMORANDUM 30: Como muestra del rechazo a las recientes reformas a la Ley Estatal de Protección Ambiental 190 propietarios de Centros de Verificación presentaron igual número de amparos porque esas modificaciones “atentan contra la economía de los ciudadanos y afecta al crear nuevos Verificentros y no reconocer los ya existentes”, dice el presidente de la Asociación de Centros de Verificación en el Estado de Veracruz, Pablo López García, quien explicó que de los 220 propietarios de Centros de Verificación, un total de 180 presentaron en tiempo y forma amparos en distritos judiciales de la entidad. López García también indicó que con las reformas hechas por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, se incrementa de 191 a 318 pesos el costo de la verificación vehicular, lo que representa un aumento del 76 por ciento, mientras que las multas por verificar de manera extemporánea pasan de 510 pesos a tres mil 500 pesos, un incremento del 600 por ciento, lo que afecta de manera directa a los dueños de automóviles, “además de perjudicar a la ciudadanía porque representa un mayor costo, y para nosotros los propietarios de estos 220 centros de verificación, representa un agravio porque esta reforma convoca a nuevos verificentros como si nosotros no existiéramos”. Con estos amparos, López García dice que hay confianza en que el Poder Judicial de la Federación atienda su petición con los amparos presentados, porque consideran que les asiste la razón, pues quedaron desplazados con esta nueva ley. De paso, dice exhortar a los ciudadanos para que cumplan con este trámite, porque “en este momento los centros de verificación estamos operando de manera normal, ya que en estos días se vence la terminación de placas 6, 7 y 8 para que acudan a verificar con los precios anteriores”.
Taxistas de nogales denuncian acoso político del delegado de transito de Río Blanco, Edel Aguilar Pastrana.
*Los detiene por llevar propaganda contraria al PRI.
Miércoles 20 de Junio de 2012
Por: Iván Mancilla Espinoza .
Foto: Iván Mancilla Espinoza - .
Nogales, Ver..- Taxistas de Nogales denunciaron públicamente ante este medio de comunicación el acoso del que son objeto de parte del delegado de transito de Rio Blanco, Edel Aguilar Pastrana y sus elementos asignados a la delegación numero 9; ya que desde el pasado lunes, todo taxista que circula por el municipio de Rio Blanco y que lleva en sus medallones publicidad de candidatos contrarios al partido oficial , es detenido y les obligan a quitar los pegotes políticos con el pretexto de impedir la visibilidad.



Esta situación se registra desde el pasado lunes y por ello los taxistas decidieron hacerlo publico , toda vez que no importando que lleven pasaje , los taxistas son perseguidos por el delegado de transito Edel Aguilar Pastrana, los detiene, les pide toda su documentación para buscar un motivo para infraccionarlos y al no lograrlo les dice que le quiten la propaganda política a favor del PAN o del PRD, “pero a los que llevan la de Peña nieto ni siquiera los tocan” denunció un taxista inconforme



Los nombres de los conductores del volante y los números de su unidades se omiten por obvias razones y por temor a represalias, ya que aseguraron que el delegado de transito les dice que nada puede hacer por no afectarlos en su paso por Rio Blanco, toda vez que son instrucciones del Director de Transito en el Estado Roberto López Santoyo no permitir que los taxistas promocionen en sus unidades a candidatos ajenos al PRI ya que las concesiones se las dio el gobierno estatal del PRI .



Incluso los conductores del volante no descartaron realizar una protesta y manifestación ante la instancia que sea necesaria para no permitir que siga esta situación que les genera molestias al tener que detenerse con el pasaje que llevan a bordo.
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