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XALAPA.- La ministra María Estela Ríos González prepara proyecto de sentencia sobre desplazamiento forzado interno, en el que propone establecer que ni el Congreso de la Unión ni el Ejecutivo federal tienen una obligación constitucional expresa de legislar o asignar presupuesto para atender este problema. Además, plantea que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en esta materia no son vinculantes en el orden jurídico mexicano. De aprobarse el proyecto -enlistado para la sesión de este lunes- se negaría el amparo promovido por la asociación civil Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que acusó una omisión absoluta del Congreso al no legislar sobre desplazamiento forzado interno, en presunta violación del artículo 73 constitucional y del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La asociación sostuvo además que el Estado mexicano estaba obligado a atender las recomendaciones emitidas por la CIDH en 2013, 2015 y 2022 para crear una ley federal y una institución de protección para personas desplazadas. No obstante, en primera instancia un juez federal dio la razón a la Presidencia de la República, así como a las secretarías de Gobernación y de Hacienda y al Poder Legislativo federal, al concluir que no existían las omisiones reclamadas por la asociación. Tras llegar el caso a la Corte en septiembre de 2025, el proyecto de Ríos González propone confirmar ese criterio y dar la razón al Ejecutivo y al Congreso, al considerar que ni la Constitución ni la Convención Americana establecen un mandato claro y específico para expedir una ley o crear una institución en esta materia. Por ello, concluye que corresponde a ambos poderes definir, dentro de su margen de decisión, las políticas públicas para atender el desplazamiento forzado interno. La Corte también discutirá un segundo proyecto sobre desplazamiento forzado interno en Chiapas, de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, que propone dar un plazo de 90 días al Gobierno del estado para publicar el reglamento de la ley estatal en la materia y así poner en marcha el Fondo Estatal de Contingencia —previsto desde 2012— y el Registro Estatal de Población Desplazada.
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