De Veracruz al mundo
Exhiben que empresas vinculadas a Duarte recibieron contratos públicos por casi 20 mdp cuando éste ya estaba en prisión.
Lunes 08 de Diciembre de 2025
Por: REDACCION GOBERNANTES
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XALAPA.- Al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa le llueve sobre mojado. Y es que, todo indica que sus aliados de Morena no le cumplieron las promesas que le hicieron a cambio de su apoyo como primer matraquero de la 4T. De entrada, le fue negada la libertad anticipada que solicitó hace unos días y ahora se ha revelado que empresas vinculadas al consorcio "Grupo Empresarial Pertenezco", asociado con Duarte, continuaron recibiendo contratos públicos por casi 20 millones de pesos, incluso después de que el ex gobernador fuera sentenciado a 9 años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa. En 2018, el exgobernador aceptó un proceso abreviado, declarándose culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero, lo que le permitió obtener una pena mínima. Lo anterior, a pesar de que se estima que el monto total de los desvíos durante su administración supera los 60 mil millones de pesos, y gran parte de este dinero permanece desaparecido y los casos siguen sin castigo. La revelación de que las empresas ligadas a su red continuaron obteniendo contratos ha reavivado la indignación entre los proveedores veracruzanos legítimos, muchos de los cuales aún esperan el pago de deudas millonarias por servicios y obras realizadas durante el sexenio de Duarte, que ascendían a más de 11 mil millones de pesos y que llevaron a la quiebra a numerosos negocios locales. En ese tenor, Duarte de Ochoa es una figura central en uno de los escándalos de corrupción más notorios de México, caracterizado por el desvío masivo de recursos públicos a través de una red de empresas fantasma. De acuerdo con la investigación, dos empresas pertenecientes a al consorcio "Grupo Empresarial Pertenezco", obtuvieron contratos en un periodo en el que Duarte ya se encontraba cumpliendo su condena de nueve años en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Estos hallazgos sugieren que la estructura empresarial utilizada para el desfalco siguió operando y beneficiándose del erario público. Las investigaciones de organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Animal Político han documentado a lo largo de los años cómo el gobierno de Duarte entregó cientos de millones de pesos a empresas con domicilios inexistentes o falsos, sin capacidad operativa ni empleados reales. Tras su ingreso al Reclusorio Norte México el 17 de julio de 2017, dos de estas empresas pertenecientes al Consorcio Pertenezco ganaron licitaciones públicas por más de ocho millones de pesos. En el Grupo Empresarial figura Grupo Universal de Construcción, que obtuvo siete millones 748 mil 958 pesos por trabajos de rehabilitación en caminos en municipios de Veracruz. Otra de las sumas con las que se benefician fue por 963 mil 195.8 pesos en publicidad oficial para la Sociedad Editora Arróniz. Un año más tarde, estando el exgobernador ya cumpliendo su sentencia por los delitos imputados, ambas empresas obtuvieron otros contratos, ahora por más de 11 millones de pesos. Los contratos fueron asignados para realizar trabajos de rehabilitación y obras en la carretera Veracruz-Coatzacoalcos, además de la construcción del sistema de drenaje y por último para la planta de tratamiento del municipio de Zacatianguis, todo esto a cargo de Grupo Universal de Construcción. De igual forma, aparece una adjudicación directa del gobierno de Puebla a la citada Editora Arróniz por concepto de publicidad del ayuntamiento de Tehuacán. Mientras Duarte se encuentra próximo a concluir su condena por los cargos federales, el caso del "Grupo Empresarial Pertenezco" subraya los desafíos persistentes en la lucha contra la corrupción sistémica en México y la dificultad de desmantelar por completo las redes financieras ilícitas una vez que se han establecido. El exgobernador de Veracruz, continuará en prisión hasta abril de 2026, ya que recientemente le fue negada la libertad anticipada. Una jueza federal rechazó la solicitud de su defensa para obtener la preliberación, argumentando que no cumplía con los requisitos legales necesarios, principalmente porque se negó a participar en programas educativos y culturales para su readaptación social y tenía reportes de mala conducta dentro del penal. Así las cosas.

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