|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- La llegada de Ernestina Godoy Ramos, una persona cercana a la presidenta, Claudia Sheinbaum, a la Fiscalía General de la República propició que consultores en políticas públicas en materia de seguridad llamaran la atención sobre lo que ocurre en las fiscalías estatales, las cuales acusan serias debilidades institucionales y deficiencias en materia de autonomía, profesionalización y capacidades institucionales. Lo preocupante es que esas instituciones locales encargadas de procurar justicia se encuentran en un estado que les impide cumplir con sus obligaciones legales a pesar de que hace 17 años ocurrió la reforma constitucional que introdujo el sistema penal acusatorio; que pasaron 11 desde la publicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales; que van ya 16 años de la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 14 de la creación de la Fiscalía General de la República, en cuyos procedimientos legislativos se señaló la necesidad de fortalecer a las fiscalías estatales. De acuerdo con las conclusiones del informe “Una aproximación al estado que guardan las policías, fiscalías y penales estatales”, concluido hace unas semanas por las organizaciones civiles Causa en Común, Perteneces e Impunidad Cero, “la persistente inseguridad e impunidad en México está intrínsecamente ligada a la debilidad crónica de sus instituciones de seguridad, justicia y penitenciarias”. Aseguran que, a escala estatal, las fiscalías enfrentan un deterioro creciente, el cual es resultado de un Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que no ha logrado implementar políticas nacionales efectivas para el desarrollo de estas instituciones, y de la disminución de fondos federales. El análisis refiere que, en ocasiones, la figura de autonomía se convierte en una etiqueta que no corresponde a los mecanismos de designación y remoción de fiscales, los cuales permiten una injerencia significativa de los gobernadores. Si se comparan las fechas de inicio de gestión de cada uno de los gobernadores que hoy están en esa función y la de los fiscales actuales, se observa que solamente los fiscales de Estado de México, Nayarit, Veracruz y Yucatán llegaron antes que el mandatario de su entidad. Además, si bien ya pasaron más de 10 años de la reforma para otorgar autonomía a las fiscalías, en Baja California Sur e Hidalgo siguen siendo definidas en las normativas estatales como dependencias del Poder Ejecutivo. Las citadas organizaciones crearon un índice de transparencia sobre el grado de desarrollo de las instituciones de procuración de justicia estatales, que otorga una calificación de -100 a 0, de tal forma que, entre más cercana a cero, la calificación indica mayor cumplimiento, y mientras más cercana a -100 más alejada está la institución de cumplir con sus obligaciones legales. En materia de transparencia destacan la persistencia de mecanismos en los que la designación del fiscal general recae directamente en el Poder Ejecutivo, como se observa en Campeche, Durango y Baja California, limita la independencia estructural deseada. La diversidad de periodos, como Quintana Roo y Yucatán con lapsos amplios de 12 años, y 17 entidades optando por períodos de siete y nueve años, demuestra una búsqueda activa de estabilidad y proyección a largo plazo para estas figuras clave. Sin embargo, la persistencia de periodos de seis años, similares a los de las gubernaturas en cinco entidades, plantea un cuestionamiento legítimo sobre la consecución de una designación escalonada. Según el indicador, quienes acusan mayor deficiencia en materia de independencia son las fiscalías de Baja California Sur, Hidalgo y San Luis Potosí y las que menos Ciudad de México, Nayarit y Morelos. Al respecto, Claudia Ivette Morales, coordinadora de Proyectos de Impunidad Cero, opinó que la autonomía debería ser hoy la gran apuesta de las fiscalías estatales. La investigadora, quien formó parte del equipo que realizó el análisis sobre la situación en la que se encuentran las fiscalías estatales, destacó que, si bien la autonomía debe ser una de las fortalezas de las fiscalías, lo que existe es que los gobernadores intervienen en la designación de los fiscales y en pocas entidades se permite la participación de organizaciones civiles. “Necesitamos personas idóneas y eso significa que deben hombres o mujeres con las capacidades, formación y experiencia, con el fin de que tomen decisiones técnicas, no políticas”. En entrevista, recalcó que la autonomía, la coordinación con las demás autoridades y los buenos resultados no son excluyentes.
|
