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XALAPA.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) admite que en el ámbito laboral en México enfrenta “desajustes” debido a desigualdades estructurales como la informalidad en el empleo, la cual sigue siendo un reto para el desarrollo económico y social del país. Al publicar en el Diario Oficial de la Federación su Programa Sectorial 2025-2030, detalla que, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2025, al segundo trimestre del año, 32.6 millones de personas ocupadas se encontraban en condiciones de informalidad laboral, lo que implicó que no contaran con acceso a seguridad social y a derechos laborales básicos, así como condiciones de trabajo precarias y menos estabilidad en los ingresos. “En México, la informalidad laboral es una preocupación constante por dos razones: representa una de las principales fuentes de empleo del País y porque este tipo de empleo, suele ser la única fuente de ingresos de los grupos más vulnerables”, señala la STPS. Con base en un diagnóstico, indica que aunque se observó una disminución en la tasa de informalidad laboral entre 2018 y 2025, al pasar de 56.5 por ciento a 54.8 por ciento, “ésta continúa siendo un reto para el desarrollo económico y social del País, que afecta de manera desigual a sectores poblacionales como las mujeres, las personas jóvenes y las personas adultas mayores”, apunta. En el documento menciona que los ingresos mensuales promedio de los trabajadores formales e informales experimentaron un crecimiento significativo. No obstante, persiste una brecha entre los ingresos de ambos grupos: mientras el ingreso promedio de los trabajadores formales alcanzó los 14 mil 54 pesos mensuales, el de las personas ocupadas en el sector informal fue de 7 mil 540 pesos, lo que representa una diferencia cercana al 86 por ciento, subraya. Ante este escenario, la STPS plantea seis objetivos prioritarios para atender este y otros principales retos del ámbito laboral en México. Uno de ellos es impulsar el poder adquisitivo de los trabajadores formales y promover la colocación de las personas buscadoras de empleo en puestos de trabajo con derechos y seguridad social. Y advierte que al no encontrar oportunidades formales, se vieron obligados a emplearse bajo condiciones precarias, sin acceso a seguridad social ni perspectivas de movilidad económica, mientras que otros, “en situaciones más extremas, cayeron en las redes de la delincuencia o adoptaron conductas antisociales” como única alternativa.
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