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XALAPA.- Luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la suspensión del 12/o Cuerpo de Infantería de Defensas Rurales con sede en Orizaba, previsto para el 1 de enero de 2026, lo cual forma parte de un proceso de reestructuración administrativa y operativa que alcanzará a 32 cuerpos rurales en todo el país, el anuncio encendió las alarmas entre los empresarios de la región, quienes consideran que la medida representa un retroceso en materia de seguridad y un golpe indirecto a la economía local. De acuerdo con Enrique Guillaomen Maldonado, presidente de la Coparmex Orizaba, el retiro de los 360 elementos rurales dejará a la zona "en un estado de vulnerabilidad" justo cuando el inicio del año suele marcar un repunte en inversiones, movilidad laboral y generación de empleos. "No es el momento para debilitar los esquemas de seguridad, la confianza de los inversionistas depende, en gran parte, de la percepción de estabilidad en las regiones, sin protección, las oportunidades se pierden”, advirtió el dirigente empresarial. Según el oficio número 6883, la medida se fundamenta en las disposiciones de la Constitución, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el Reglamento Interior de la Sedena. Los cuerpos rurales de Caballería e Infantería en entidades como Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Morelos y Chiapas, entre otros, entrarán en pausa temporal. Guillaomen Maldonado señaló que el sector empresarial observa con preocupación esta decisión, pues desde la desaparición de los fondos federales de apoyo a la seguridad municipal, las Defensas Rurales han jugado un papel importante en la vigilancia de caminos, comunidades y zonas industriales. "Cuando la seguridad se debilita, el empleo y el consumo se frenan, necesitamos reforzar, no reducir, las fuerzas de apoyo que operan en la región”, subrayó Empresarios urgen a las autoridades a reconsiderar la suspensión El representante patronal hizo un llamado a las autoridades federales y estatales a reconsiderar la suspensión o, al menos, aplicar medidas alternativas como rotaciones o descansos escalonados, que permitan mantener presencia operativa mientras se concreta la reestructuración nacional. Concluyó que la estabilidad económica de Orizaba y municipios vecinos depende directamente de la seguridad, por lo que insistió en que el diálogo entre la iniciativa privada y las fuerzas armadas debe continuar antes de que la medida entre en vigor.
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