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XALAPA.- La Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reforma para que las personas puedan cancelar por vía digital o telefónica las tarjetas de crédito o débito que les envíen las instituciones financieras sin haber sido solicitadas, y que en muchas ocasiones generan cobros y recargos indebidos. La propuesta, del coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y fue aprobada por unanimidad con 467 votos a favor, después que se le dispensaron todos los trámites y se le dio trato de urgente resolución. Fue enviada al Senado para su ratificación. Al exponer su proyecto en la sesión convocada solo para presentar iniciativas, el también presidente de la Junta de Coordinación Política indicó que “muchas instituciones financieras de crédito envían tarjetas a los domicilios de las personas, sin que las hayan solicitado”. Cuando se cumple un año, “les cobran anualidades e incluso intereses moratorios por no pagar esa anualidad. Y al final, muchos de estos usuarios terminan en el buró de crédito negativo para poder adquirir un crédito o ejercer algún derecho de inclusión financiera”. Por tal razón, entre las modificaciones a la ley está que los bancos y entidades comerciales “no pueden cobrar comisiones por el otorgamiento de servicios financieros, seguros, membresías o beneficios adicionales no autorizados previamente en el contrato de adhesión o sin consentimiento expreso del usuario”. Con dicha reforma, deben garantizar al usuario el derecho de cancelar las tarjetas enviadas sin consentimiento o solicitud expresa, “para lo cual se deben ofrecer mecanismos presenciales, telefónicos y digitales. En el caso de estos últimos, deberán ser incluidos en las aplicaciones móviles, banca en línea y portales web oficiales, mediante un botón visible y de acceso directo disponible las 24 horas del día, los 365 días del año”. Además, se definió que la cancelación de tarjetas de crédito o débito “deberán llevarse a cabo en un plazo máximo de cinco días, a partir de la solicitud del usuario, sin costo alguno para el mismo, prohibiéndose cualquier cargo, comisión o penalización asociada a la cancelación, lo cual quedará debidamente formalizado mediante prueba digital o física que certifique la terminación del contrato en un plazo no mayor de cinco días hábiles”. Monreal enfatizó que las reformas “son indispensables para proteger a las personas usuarias. Es muy común que se reciban tarjetas sin solicitarlas”. El legislador convino en que habrá dificultades para implementar la reforma y que seguramente cabilderos de los bancos en la Cámara o en el Senado para tratar de echarla abajo, “pero lo que estamos haciendo es proteger a los usuarios, extendiendo sus derechos”. En el mismo sentido, lamentó que mientras en Estados Unidos basta una llamada telefónica para considerar cancelada una tarjeta de crédito, en México, “primero tienes que hacerlo presencialmente en la mayoría de los casos y te aplican tardanzas a propósito, para que te canses y ya no insistas en la cancelación”.
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