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XALAPA.- Casi como si se tratara de una venganza por haberse opuesto a la reforma judicial, la delegada del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal en Xalapa, Emiliano Zapata y Villa Aldama, Jennifer Ordóñez Villalobos, acusó que en el Séptimo Tribunal Laboral de Asuntos Individuales se han registrado despidos y procedimientos administrativos sin garantizar el derecho de audiencia a los trabajadores. La dirigente sindical señaló directamente a la jueza Rosa María Viveros Villegas, titular del órgano jurisdiccional derivado del proceso de elección judicial, de ordenar rescisiones laborales presuntamente con el fin de sustituir personal por trabajadores afines a los nuevos juzgadores. Refirió que las inconformidades han sido documentadas y difundidas por empleados inconformes a través de las redes sociales. La delegada afirmó que se han presentado casos de hostigamiento, incremento de cargas de trabajo y levantamiento de actas para justificar sanciones. Puso como ejemplo el reciente despido de Mauricio Sainz, adscrito a la Oficialía de Partes, quien fue removido después de abrir un sobre marcado como “confidencial”, recibido como correspondencia oficial. Ordóñez sostuvo que se trató de una función inherente a su puesto, pero fue considerada falta grave sin permitirle presentar argumentos. Informó que el 27 de octubre buscó conciliar con la jueza para dejar sin efectos un acta administrativa previa levantada contra otro trabajador, de nombre Felipe. De acuerdo con la delegada, la titular reconoció que había recibido indicaciones sobre cómo conducir el procedimiento y se acordó firmar un convenio que posteriormente no fue respetado. Ordóñez agregó que este es el segundo caso de separación en el Tribunal. Previamente, una coordinadora técnica administrativa renunció tras ser señalada por hechos que, aseguró, no fueron acreditados. La representante sindical indicó que la servidora pública prefirió retirarse para no afectar su expediente. Destacó que existen aumentos de carga laboral y advertencias de sanciones a trabajadores que manifiestan inconformidades, lo que describió como un ambiente de presión. Dijo que los testimonios y documentación ya fueron turnados al Comité Nacional del sindicato y al área jurídica en Ciudad de México. Con relación al nombramiento de personal, afirmó que el sindicato identificó la incorporación de Eduardo Meléndez, quien era secretario particular y ahora ocupa un cargo de secretario oficial. Dijo que se desconoce si su nombre aparece en las listas de personal elegible derivadas de la reforma judicial. La delegada informó que ya sostuvo reuniones con empleados para explicar mecanismos de denuncia, aunque reconoció que existe temor a represalias debido a las facultades de los titulares para ordenar procedimientos y ceses. En el caso de Felipe, señaló que el procedimiento continúa y se llamará a testigos a declarar a finales de este mes. Sobre Mauricio Sainz, dijo que se iniciarán las acciones legales correspondientes. La dirigente advirtió que si el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial Federal no interviene, el sindicato podría emprender nuevas movilizaciones, como la realizada el 31 de octubre, cuando fueron tomadas las instalaciones del tribunal. Por último, concluyó que buscan que la situación sea revisada y se detengan los actos que calificó como abusos administrativos.
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