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XALAPA.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó este lunes que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación sobre la escolta personal de Carlos Manzo Rodríguez, debido a posibles irregularidades en su desempeño durante el ataque armado en el que el exalcalde perdió la vida. Según el mandatario, uno de los guardias “relajó su labor de protección” en el momento más crítico, lo que ha generado sospechas dentro de las autoridades encargadas del caso. De acuerdo con Ramírez Bedolla, Manzo contaba con un equipo de ocho escoltas, todos seleccionados directamente por él y pertenecientes a su círculo más cercano de confianza. Sin embargo, destacó que las versiones sobre la actuación del grupo de seguridad durante la emboscada no son del todo claras, por lo que se analizará minuciosamente su participación antes, durante y después del atentado. Entre los puntos que la Fiscalía busca esclarecer está el motivo por el cual los escoltas dispararon contra el presunto agresor una vez que ya había sido neutralizado. Este hecho, señaló el gobernador, podría constituir un exceso en el uso de la fuerza o incluso una alteración de la escena del crimen. “Estos detalles son fundamentales para entender qué ocurrió realmente ese día”, expresó. El mandatario michoacano añadió que, aunque una de las principales hipótesis apunta hacia la intervención del crimen organizado, el objetivo central de la investigación será determinar quién ordenó el ataque y cuáles fueron las motivaciones detrás del asesinato. “No basta con identificar al responsable material, necesitamos saber quién dio la orden y por qué”, subrayó Ramírez Bedolla durante su conferencia de prensa. El crimen de Carlos Manzo ha causado conmoción en la política michoacana y ha reavivado el debate sobre la seguridad de los funcionarios locales en un estado donde la violencia y la presencia de grupos criminales siguen siendo una constante. Las autoridades aseguraron que continuarán con las pesquisas hasta esclarecer por completo el caso y garantizar justicia para la víctima.
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