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XALAPA.- El delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) en la región Orizaba-Córdoba, José Gilibert Peña, encontró irregularidades en el manejo presupuestal del proyecto carretero impulsado por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). El empresario explica que hay inconsistencias en los recursos el plan original contemplaba 45 kilómetros de obra con una inversión de 5 mil millones de pesos, mientras que la versión actual del proyecto propone sólo 14 kilómetros, pero mantiene el mismo presupuesto. “Antes eran 45 kilómetros con 5 mil millones; hoy son 14 con el mismo monto. Eso nos parece una falta de transparencia. Exigimos que se nos explique y que se revise el destino de esos recursos”, expresa el representante de la Canacar. Ante esta situación, los transportistas y miembros del sector empresarial advirtieron que, de no obtener respuestas claras ni detener el avance del proyecto, podrían organizar movilizaciones y, en caso extremo, bloquear la autopista 150D como medida de presión. “Si es necesario parar la autopista, no habrá inconveniente. Este proyecto no resuelve nada; al contrario, incrementa los riesgos de accidentes y complica la operación del transporte”, manifestó el delegado de la Canacar. Por su parte, la presidenta de la Canaco Orizaba, Ihalí Saldaña Romero, precisó que los organismos empresariales no se oponen a las inversiones federales, sino a este proyecto en particular, al que calificó como mal planeado y carente de información clara hacia la sociedad. Externa: “Nosotros no estamos en contra de las inversiones, pero sí de este proyecto. No se nos ha informado absolutamente nada, y todo indica que provocará más conflictos que beneficios. No queremos regresar a los problemas que ya habíamos superado con el retiro de la caseta de Fortín”. Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hicieron un llamado al secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Ernesto Pérez Astorga, y al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, para que intervengan y detengan el proyecto a cargo del Fonadin y la empresa Cal y Mayor, responsable del desarrollo técnico de la obra. Aseguraron que la construcción no sólo afectará la movilidad regional, sino que impactará directamente a los sectores comercio, servicios y turismo en los municipios que integran la zona centro del estado. Finalizó: “Quienes tienen sus negocios a la orilla de este tramo se verán gravemente afectados. Si el tránsito se confina, los clientes no podrán llegar; habrá complicaciones para el paso de ambulancias, estudiantes o personas en caso de emergencias. Esto no es progreso, es retroceso”.
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