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XALAPA.- Tal como lo anunciaron la gobernadora Rocío Nahle y el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, este lunes se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el acuerdo mediante el cual se regulan las tarifas de taxi en las principales ciudades de Veracruz. De entrada, las nuevas tarifas no son las que se difundieron hace unos días en grupos de Whatsapp, por lo que es previsible que los taxistas pondrán el grito en el cielo. Y es que, en el caso de Xalapa, a partir de este lunes 21 de julio de 2025, la tarifa vigente para la zona 1 que comprende el perímetro del centro de la ciudad, será de 27 pesos; para la 2, que comprende hasta las Avenidas Ruiz Cortines, Américas, Maestros Veracruzanos, Circuito Presidentes y la Zona Universitaria, entre otros, será de 33 pesos; para la 3, que incluye Sefiplan, Plaza Cristal, Jardines de Xalapa, Lázaro Cárdenas, Gustavo Díaz Ordaz, Palo Verde, entre otras, de 40 pesos; y para la 4, que incluye la 21 de Marzo, Atenas Veracruzana, Camino Antiguo a Naolinco, Sumidero, Xalapa 2000, Las Ánimas, Predio de la Virgen, Revolución, entre otras, será de 50 pesos. En el puerto de Veracruz, para la zona 1 será de 41.50 pesos; la 2, de 45.50 y la 3, de 52 pesos. En Papantla, la 1 será de 28 pesos; la 2 de 38 y la 3 de 42 pesos. En Córdoba, la 1 será de 33 pesos y la 2 de 38 pesos. En Orizaba, la 1 será de 33 pesos y la 2 de 28 pesos. En Minatitlán, la 1 será de 27 pesos, la 2 de 30, la 3 de 33 y la 4 de 38 pesos. En Coatzacoalcos, la 1 será de 27 pesos, la 2 de 29.50, la 3 de 32, la 4 de 35.50, la 5 de 38.50, la 6 de 41.50, la 7 de 44 y la 8 de 47.50. Es así que, en ejercicio de sus atribuciones, el Contralmirante Alfonso Reyes Garcés, secretario de Seguridad Pública, emitió el Acuerdo Administrativo en materia tarifaria para el servicio de transporte público de pasajeros, modalidad taxi, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En su fracción VII, el Acuerdo establece que el Gobierno del Estado de Veracruz “reconoce la ausencia de políticas públicas que prioricen la regulación de tarifas en el servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad taxi, situación que motivó la disparidad de costos y cobro de tarifas excesivas”. También afirma que “el hecho de que las administraciones gubernamentales hayan sido omisas en establecer tarifas en el citado servicio ha permitido la proliferación de cobros no regulados, generando incertidumbre para los usuarios y favoreciendo prácticas que, en muchos casos, resultan en tarifas excesivas, potencialmente generando la sensación de injusticia para los usuarios y perjudicando la confianza en el servicio, esta incertidumbre en el costo generó desconfianza, llevando a los usuarios a buscar alternativas de transporte, como servicios de transporte compartido o transporte público, por lo que la falta de transparencia en la regulación de estos costos dificulta la comparación de estos entre diferentes opciones de transporte”. De igual forma, refiere en su fracción VIII, que “la falta de ajustes tarifarios ha impactado negativamente en la sostenibilidad del servicio, dificultando la modernización de las unidades, el cumplimiento de estándares de seguridad, y la profesionalización del sector”. Por lo anterior, en su fracción IX, afirma: “Ante esta situación, resulta necesario y urgente establecer tarifas oficiales que brinden certeza jurídica, transparencia y equidad en la prestación del servicio, asegurando un sistema de transporte público sostenible, accesible y eficiente, que beneficie tanto a los usuarios como a los concesionarios y permisionarios. El servicio debe ser de calidad; además de garantizar el acceso desde el punto de vista económico; es por esto que, determinar la adecuada tarifa para estos servicios, se convierte en una gran responsabilidad para las autoridades de turno”. Es así que en su fracción X, establece: “Por lo anterior, la presente actualización tarifaria del servicio público de transporte en la modalidad de taxi se justifica en razón del rezago existente, por lo que la presente es el resultado de estudios técnicos que permiten garantizar una regulación coherente con las condiciones actuales de operación, cuya finalidad es proteger a los usuarios mediante la implementación de precios justos, evitar cobros arbitrarios, y garantizar que los concesionarios cuenten con las condiciones mínimas para ofrecer un servicio digno y seguro. Con ello, se busca fortalecer un sistema de movilidad ordenado, eficiente y alineado con las necesidades actuales de la población veracruzana”.
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