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Cortesia..
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Xalapa, Ver.-
De cara a la elección del 1 de junio, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, arremetió contra integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y destacó que ha renunciado al derecho que la Constitución daba al titular del Ejecutivo para determinar, junto al Senado, quiénes conformarían el Poder Judicial. En un evento en Baja California Sur, la mandataria volvió a reivindicar la reforma a ese poder y llamó a los mexicanos a participar de manera masiva en el proceso del 1° de junio. Además, criticó a aquellos que se oponen a estos comicios. Externó: “En vez de que la Presidenta haga, como se hizo en el pasado, que la nueva Presidenta elija quiénes van a ser los nuevos ministros (de la Corte). ¡No! Nosotros estamos renunciando a ese derecho que tenía el Presidente de la República. ¿Y por qué renunciamos a eso? Porque queremos que elija el pueblo porque eso es democracia, porque juramos ser un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”. Sheinbaum Pardo ocupó gran parte de su discurso durante un acto en el que se presentaron proyectos prioritarios para este estado para aludir a la elección de jueces, magistrados y ministros que se realizará en dos semanas. en el Centro de Convenciones de La Paz, recordó que la propia presidenta de la SCJN, Norma Piña, reconoció que 50 por ciento de los empleados del Poder Judicial son familiares de otros de sus integrantes. “Es decir, un nepotismo de 50 por ciento de los puestos, o sea que no hay carrera judicial, quiere decir que quien llega al Poder Judicial es por ser amigo, primo, hermano de los otros”. Al retomar el discurso de su antecesor y quien propuso la reforma judicial, señaló que muchas leyes aprobadas por el Congreso de la Unión durante la pasada administración federal, fueron echadas abajo por la Corte bajo “razones de procedimiento”, una de ellas la que le daba a la Comisión Federal de Electricidad preponderancia para la generación de energía eléctrica. “Metiéndose la Corte a legislar”. Y, agrego, “lo peor”, el que con base en “supuestos amparos” los jefes y magistrados dejan en libertad a delincuentes.
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