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XALAPA.- Aunque para el Organismo Público Local Electoral (OPLE) la afirmación del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en el sentido de que la diputada local de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán “proviene de una familia de caciques sindicalistas”, y más aún, que diputadas locales, federales y alcaldesas de Morena hayan salido en la defensa del secretario, y no de su compañera, solo son “expresiones en el marco de la libertad de expresión del funcionario”, la diputada local demandó que el secretario de gobierno, no hable de ella o de su familia, al considerar que la revictimiza, luego de que incurrió en declaraciones que considera son violencia política de género. En este marco, la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE desechó una nueva solicitud de Callejas Roldán, quien pidió tomar medidas contra Cisneros Burgos, para inhibir o detener una conducta ilícita o en su caso, evitar su repetición, con la idea de que el secretario de Gobierno se abstenga de realizar expresiones similares a las efectuadas ante medios de comunicación que la victimicen. La legisladora inició una queja ante autoridades electorales, luego de que el funcionario aseguró que la diputada de MC llegó al Congreso porque el OPLE le “corrigió la plana” al partido naranja. Lo dicho por el funcionario puede ser constitutivo de violencia política de género, pues con su afirmación minimizó cualquier logro de la también integrante del magisterio, por lo que ella acudió a instancias jurisdiccionales. El proceso ha obligado a retomar la queja que presentó en el TEEV y que en el pasado fue desechada. Fueron magistrados de la Sala Superior del TEPJF los que ordenaron tanto al OPLE como al TEEV revisar la queja con perspectiva de género. En el marco de la ruta legal, para que se sancione al funcionario, se han dado solicitudes de medidas cautelares, que el OPLE ha negado en dos ocasiones, pues a su parecer, lo dicho por el funcionario no implica acciones de su parte. En la más reciente solicitud, la legisladora remitió 18 ligas electrónicas de notas publicadas en medios de comunicación en las que se replica una declaración de Cisneros Burgos, pero el OPLE reviró que se trata de expresiones en el marco dela libertad de expresión del funcionario. Sin embargo, para Callejas Roldán esos dichos la revictimizan y afectan a su familia. La resolución de los consejeros del OPLE resulta contradictoria, pues refieren que, si bien el concepto “caciques” y “sindicalistas” puede sonar fuerte o agresivo, el funcionario sólo estaba emitiendo su opinión. Incluso, responsabilizan a los medios de comunicación de haber “cabeceado” las notas con palabras que podrían sonar fuerte, sin que eso implique una responsabilidad para Cisneros. “Las notas que ordinariamente derivan de cuentas de medios informativos, se emiten por usuarios que, en ejercicio de su libertad de expresión, pueden publicar mensajes, videos o cualquier tipo de información a fin de hacerlo extensivo a las personas que se interesan sobre determinado tema, causa o interés y que se pueden encontrar expuestos tanto a comentarios negativos o positivos de la información que ahí es publicada”, se lee en la resolución de la queja CG/SE/CAMC/RCR/009/2023. Se agrega que las publicaciones, que revisten la calidad de notas informativas, pueden formar en las y los usuarios una opinión informada, favorable o desfavorable hacia la persona servidora pública denunciada, reconoce el escrito, sin embargo, insistieron que no era necesario ordenar a los medios bajar las ligas. “…siempre nos han querido detener como sea y ahora quieren usar las instituciones para detenernos. Vean de donde proviene esa denuncia, de una familia que tiene muchísimos años como cacique en los sindicatos…”, declaró Cisneros Burgos. En el análisis de la queja, los consejeros señalaron que: “de manera preliminar, es posible advertir que no tiene el propósito de denostar o denigrar a la Diputada Local, ni a ella ni a su familia, sino más bien, relacionar que ella viene de una familia de jefes o líderes sindicales”. “Lo anterior, ya que, si bien es cierto, las declaraciones pueden tornarse fuertes, incómodas y hasta agresivas, lo cierto es que, estas se emitieron en el contexto de una respuesta a una pregunta, que se relaciona con una denuncia legal interpuesta en su contra. “Por tanto, dichas manifestaciones no pueden considerarse que se dirigen a ella para violentarla, ni mucho menos para denigrar o denostar, sino más bien, el servidor público tiene la intención de dar a conocer su postura respecto de la controversia legal en la que él es parte y sobre la cual considera tiene la intención de detener su carrera política por su condición de pertenecer a un grupo vulnerable, como lo son las personas afromexicanas”, justifican los consejeros. Todavía más, explican lo dicho por Cisneros Burgos en el sentido de que las expresiones emitidas en la entrevista se consideran que la intención del servidor público es dar a conocer su postura respecto de la denuncia interpuesta y que él considera se está utilizando a las instituciones en su contra, con la intención de detenerlo. “Asimismo, se advierte que el propósito de la entrevista es externar la idea de que se utiliza a las instituciones electorales con la intención de incrementar la discriminación que ha habido sobre los grupos vulnerables con los cuales él se identifica, en este caso, los afrodescendientes”. “Si bien el denunciado utiliza la palabra cacique, este no la refiere en un contexto de superioridad o inferioridad, ni con el objeto denigrar o denostar a la denunciante, mucho menos afectarla en el ejercicio de sus derechos políticos electorales, sino más bien para referir que ella proviene de familia de jefes o líderes sindicales”. Y concluye: “No obstante, lo anterior, aun cuando fuera el caso que, las manifestaciones tienen el propósito de demostrar que al pertenecer a una familia de jefes o líderes magisteriales, ella los utiliza en su favor, este simple hecho por sí solo no puede significar un supuesto de violencia, ya que, no se advierte en modo alguno, una afectación a sus derechos políticos-electorales”. Vaya caso, pues otra hubiera sido la argumentación del OPLE si la agresión hubiese sido al revés y la legisladora se hubiera referido de manera reiterada y expresa a la supuesta condición afrodescendiente del funcionario.
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