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XALAPA.- A más de siete meses del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en Cerocahui, Chihuahua, continúan prácticas como extorsión, amenazas, secuestros, cobro de piso y monopolización de actividades, como la venta de cerveza y la tala ilegal, alertan integrantes de la orden religiosa en la Sierra Tarahumara, aunque la estructura criminal que opera en la región se ha debilitado luego de 31 detenciones. Esta semana que concluye, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para siete jesuitas, tres religiosas y un líder comunitario, al considerar que se encuentran en situación de gravedad y urgencia porque han sufrido amenazas y agresiones del crimen organizado, lo que les impide desarrollar con normalidad sus actividades pastorales en la zona. “Ya son tantos años de vivir sometidos al crimen organizado, que la gente ha asumido el miedo como parte de sus vidas, es una situación muy triste. Y el hecho de que hayan asesinado a nuestros sacerdotes en el altar de la iglesia, que es un espacio que ha servido de refugio, es una imagen muy fuerte: es atentar contra un lugar que la comunidad consideraba seguro”, expresa Jorge Atilano González Candia, asistente del provincial para las obras sociales de los jesuitas, quien visita la zona con regularidad. Luego de los asesinatos la inseguridad empeoró y los dos jesuitas que permanecían ahí quedaron “en indefensión y vulnerabilidad muy altos”, porque las amenazas surgieron desde el principio. El grupo criminal mandó vigilar a integrantes de la comunidad y les advirtieron que si daban cualquier indicio de la ubicación de los agresores “los mataban por hocicones”, aseguró el presbítero Javier Ávila, mejor conocido como padre Pato, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos en Chihuahua. “El grupo criminal que opera en la zona no deja de inyectar miedo y atemorizar a la gente”, manifestó el también vicario de la parroquia de Cristo Rey, quien trabaja en la Sierra Tarahumara. En ese contexto señala que la Compañía de Jesús envió tres sacerdotes más, por lo que ahora cinco trabajan de forma permanente en la parroquia. Además, tienen colaboración de tres religiosas y tres jesuitas que se trasladan con regularidad a la comunidad. Las autoridades refieren que la banda que encabeza José Noriel Portillo Gil, El Chueco, presunto autor del crimen de los jesuitas, “lleva una década gobernando esa parte de la sierra del municipio de Urique”. Se sabe “que es violento” y tiene “700 personas a sus órdenes”. La gente tiene miedo de que se vayan el Ejército y Guardia Nacional, señalaron las fuentes consultadas. La Compañía de Jesús indicó que la venta de cerveza y el transporte de materiales desde las mineras está en manos de esta banda, la cual está incursionando en la tala de árboles. También se sabe que “han puesto a autoridades municipales y de ahí salen recursos públicos para ellos”. Ivette Galván, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una de las organizaciones que solicitaron las medidas cautelares, lamentó que el asesinato de los prelados continúe en la impunidad. Y si bien se realiza una investigación, no se ha detenido al presunto responsable y ha faltado coordinación entre instituciones. Para los jesuitas, la detención del supuesto autor material, aunque contribuirá a la justicia, no solucionaría la situación de violencia. “Si realmente el Estado quiere mejorar las condiciones de seguridad, necesita rehacer sus autoridades locales”.
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