De Veracruz al mundo
Propone Morena que viviendas de trabajadores, tanto del sector público como del privado no sean sujetas de desalojo por impagos.
Jueves 22 de Septiembre de 2022
Por: REDACCION GOBERNANTES
Foto: Google .
Xalapa, Ver.- Una propuesta impulsada por la senadora Gricelda Valencia de la Mora, de Morena, busca elevar a rango constitucional los modelos de cobranza social que se adapten a las necesidades de la fuerza laboral para saldar deudas, prohibiendo el desalojo de los trabajadores de sus casas cuando tengan dificultades para cubrir un crédito otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Fovissste). Sin embargo, la iniciativa busca que no solo las viviendas de trabajadores, tanto del sector público sino tambien del privado no sean sujetas de desalojo si en algún momento tienen dificultades para pagar el financiamiento con el que adquirieron el inmueble, de acuerdo con un candado que busca incorporarse a través de una reforma constitucional que evaluará el Senado. “Por razones de seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda, no podrán ser objeto de desalojo de sus ocupantes, en caso de incapacidad o insolvencia; en consecuencia, se preverá la adopción de medidas alternas y contra el desalojo arbitrario e ilegal de la vivienda”, plantea la iniciativa de la también presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara Alta. Para ello, se propone modificar el artículo 123 de la Constitución, tanto el apartado A como el B, que regulan las relaciones laborales en la iniciativa privada y el gobierno. En ese sentido, todos los trabajadores que adquieran su vivienda a través de financiamiento del Infonavit o Fovissste podrían acceder a un modelo de cobranza social “sin intermediarios” para saldar sus deudas cuando tengan dificultades para cubrir sus créditos. “Se propone este conjunto de modificaciones a fin de elevar a rango constitucional un modelo de cobranza social sin intermediarios para la recuperación de créditos que se ajuste a la situación económica, laboral, social y particular de cada acreditado, a fin de que se prevea en la ley, un Programa de restructuración y beneficios para el pago y cobro de los créditos acorde a las posibilidades y alcance de los trabajadores”, señala Gricelda Valencia en su proyecto. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado para su análisis. Además de prohibir el desalojo de viviendas y priorizar los modelos de cobranza social para recuperar créditos, la legisladora propone establecer en la Carta Magna que toda vivienda adquirida con financiamiento de los fondos creados con aportaciones patronales, de trabajadores y gobierno, “reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos”. La legisladora considera que la política de vivienda en México no sólo debe asegurar a los trabajadores la posibilidad de usar su ahorro para diferentes necesidades en materia de hogar, sino garantizar el acceso a la reestructura de créditos para conservar sus casas. Gricelda Valencia reconoce que el Infonavit ha mostrado esfuerzos por “aliviar la carga financiera en el pago de los créditos”, especialmente para los trabajadores que han visto que su financiamiento se ha hecho impagable tanto por los incrementos constantes en los intereses como por la pérdida de empleo. Sin embargo, detalla, el Programa de Responsabilidad Compartida del Infonavit, por ejemplo, “aún presenta limitaciones, ya que establece requisitos muy rígidos para calificar y ser beneficiado, tales como: Ser mayor de 40 años; contar con un crédito en Veces Salarios Mínimos; estar al corriente. No registrar retrasos en los por los menos los últimos 24 meses; que el crédito tenga más de 15 años; y que el saldo del financiamiento se haya incrementado 1.5 veces al monto original prestado”. Por otra parte, las alternativas a las que tienen acceso las personas, como los modelos de reestructura, se ofrecen a través de intermediaros. “Dichas opciones no han sido suficientes para atender y dar respuesta a esta problemática que se ha agudizado para los trabajadores acreditados, con la situación de emergencia que todavía vive el país, la cual ha deteriorado de alguna forma su capacidad económica para cumplir con sus obligaciones crediticias”, apunta la legisladora. En ese sentido, Valencia de la Mora adelanta en su propuesta que también presentará un proyecto para que los programas de reestructura consideren el diseño de alternativas de solución para los trabajadores acreditados que facilite el pago de sus pasivos crediticios, tomando en cuenta su situación económica, social y laboral en todo momento.

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