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XALAPA.- Uno de los principales retos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), según la titular, Karla Quintana, es el subregistro de personas desaparecidas, en particular la de migrantes indocumentados. En un largo hilo publicado en su cuenta de Twitter, la funcionaria destacó la importancia de conocer la mayor cantidad de datos sobre las personas cuyo paradero se desconoce, como su identidad, si ha sido víctima o no de un delito, quiénes han sido localizados con o sin vida y “centenas” de preguntas más. En ese contexto, resalta que al inicio del actual gobierno había un registro con menos de 40 mil personas desparecidas, “y no existía una herramienta que sistematizara la información recibida ni que hiciera posible la transmisión” de los datos sobre el tema, por lo que la CNB creó una serie de dispositivos a partir de 2019 para comenzar ese proceso. Luego de una serie de actualización, hoy se ha logrado saber que en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, No Localizadas y Localizadas (RNPDNO) hay más de 100 mil individuos, de los cuales 24 mil 824 mil son niñas, adolescentes o mujeres. De igual forma, “sabemos que se está desapareciendo a la juventud (mujeres entre 14 y 25 años y hombres entre 20 y 30), y que hay más de 16 mil 537 desaparecidos que eran niñas, niños y adolescentes al momento de la desaparición. “Sabemos los estados y los municipios con mayores reportes de desaparición y los años en que las personas fueron desaparecidas; sabemos que más de 145 mil personas fueron localizadas luego de haber estado desaparecidas o no localizadas, y que 93.19 por ciento (135 mil 740 ) de ellas fueron encontradas con vida y 7.31 por ciento (9 mil 927 personas sin vida)”. Sin embargo, enfatizó Quintana, aún hay muchos datos sobre las víctimas que se desconocen, como lo demuestra el hecho de que en 85 por ciento de los casos “no hay información alguna” sobre por qué delito se está investigando la desaparición. De igual forma, “también sería importante saber de las personas localizadas (con y sin vida) si fueron víctimas de un delito, pero no se tiene información en 77.87 por ciento de los casos. Sería importante saber cuánto tiempo estuvieron desaparecidas antes de ser localizadas, pero en 81.41 por ciento no se sabe”. Otro de los huecos de información, dijo Quintana, es el nivel de subregistro, pues se sabe que mucha gente no denuncia una desaparición por miedo o desconfianza en las autoridades. “Un ejemplo son los migrantes desaparecidos: si bien el registro prevé que se reporten personas migrantes (en diferentes estatus migratorios), los extranjeros con más reportes de desaparición son los estadunidenses, y no las personas de nacionalidad centroamericana, que sabemos son, por mucho, el mayor grupo afectado por desaparición”, resalta. Otro ejemplo de falta de datos básicos “es que pese a que el periodo más violento del noreste del país fue 2009-2012 y se intuye que muchos de los restos recuperados hasta hoy son de esas fechas, no es el periodo con mayor registro de desaparición”. Por todo lo anterior, Quintana manifestó: “Hay que insistir en que todas las autoridades compartan toda la información necesaria para la búsqueda. De eso depende, en gran parte, tener una herramienta para encontrar a las personas, y entender de mejor manera los contextos”. in embargo, al mismo tiempo admitió que “no basta con decir que no se recibe la información que las autoridades están obligadas a dar. Ante la inminencia y obligación de búsqueda, hay que tomar vías adicionales”. Una de ellas es “generar una campaña nacional y centroamericana para recopilar la información de personas desaparecidas que no es recibida por las autoridades o incluso para revisar si todas las personas están incluidas”, como parte de lo cual inició la toma de muestras de sangre hace una semana. “El registro, con todos los espacios de oportunidad y mejora requeridos y sin autocomplacencias, nos permite tener hoy un acercamiento a la realidad. Hay que seguir construyendo de la mano de las familias”, recalcó.
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