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Xalapa, Ver.-
El deterioro del Estado de Derecho se mantiene igual o peor en 26 de las 32 entidades que componen el país con respecto al año pasado, esto de acuerdo a la cuarta edición del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 que publica el World Justice Project (WJP). Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Ciudad de México y Estado de México son las cinco entidades peor calificadas en el ranking Estatal de la organización internacional, mientras que Querétaro, Yucatán, Guanajuato, Aguascalientes y Sinaloa se ubican a la cabeza. En su nueva edición, que mide lo que sucedió durante 2021, el índice muestra un estancamiento de los estados e incluso deterioro, en materia de Estado de Derecho donde Guerrero y Morelos y Ciudad de México, tres entidades gobernadas por Morena o aliados, aparecen entre las peor calificadas con estado de derecho estancado o deteriorado sobre todo en las dos primeras. Gobernada por el ex futbolista, Cuauhtémoc Blanco, Morelos es peor segunda entidad en materia de estado de derecho con 0.35 debido al mal desempeño del estado en temas como seguridad, justicia penal y ausencia de corrupción, de hecho en esta materia cupa el último lugar de las 32 entidades federativas. La Ciudad de México, gobernada, Claudia Sheinbaum, es la cuarta entidad peor calificada también con 0.36, principalmente por su baja evaluación en las categorías de orden y seguridad, justicia penal, cumplimiento regulatorio, ausencia de corrupción y justicia civil. 14 entidades: Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco, cayeron en un año, del 2020 al 2021 en estado de derecho. En tanto que en 12 entidades: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, se mantuvieron sin cambios en estado de derecho. Según este estudio, estos cambios a la baja en estado de derechos en esos estados se explican en gran medida, por tres tendencias: La primera es un debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y un cierre del espacio cívico. La segunda, es un deterioro en los sistemas de justicia penal. La tercera es la falta de avances en materia de anticorrupción. El Estado de Derecho es un elemento indispensable para el desarrollo sostenible. Así lo ha reconocido la comunidad internacional al incluirlo en el Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015, explica WPJ. Al presentar el informe en la antigua sede del Senado, el director de Proyectos de World Justice Project, Alejandro González Arreola, señaló que el Estado de Derecho en México, medido desde las entidades federativas “es precario y se encuentra estancado”. Ni siquiera la entidad federativa con el nivel más alto del análisis llega al 0.5, en escala del cero al uno, argumentó. El promedio de los estados del país es del 0.41, lo cual establece el tamaño de la brecha al que se quiere aspirar, es decir, se encuentran por debajo de la mitad de la calificación idónea. Refirió que, de todas las mediciones, 14 entidades retrocedieron en su puntuación, 12 se mantuvieron y seis lo incrementaron, respecto con el año pasado. Los estados con los puntajes más altos en este Índice son Querétaro con 0.49, Yucatán 0.47 y Guanajuato 0.46. En contraste, los estados en los lugares más bajos son Quintana Roo 0.36, Morelos 0.35, y Guerrero 0.34. Los factores que explican estas condiciones son los pesos y contrapesos que se han debilitado a nivel estatal; la reducción de la capacidad de los sistemas de justicia penal y civil, para cumplir con sus responsabilidades; y el estancamiento de los estados para controlar la corrupción. En ese tenor, México registra un deterioro en materia de Estado de Derecho en gran parte de las entidades del país donde se evidencia estancamiento en la lucha contra la corrupción, debilitamiento de los contrapesos institucionales en los gobiernos estatales y deterioro en los sistemas de justicia penal.
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