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XALAPA.- Alcaldes del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano reclamaron infructuosamente en la Cámara de Diputados, a finales de 2021, que se regresara el desaparecido Programa de Fortalecimiento de Seguridad Pública (Fortaseg). “Cerca del 50 por ciento de los municipios del País no podrán cumplir sus obligaciones y caerán en una situación de quiebra operacional”, pronosticó entonces el alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal (PRI). Y las consecuencias de la austeridad en la seguridad municipal no se han hecho esperar, plantea el diputado federal Felipe Fernando Macías Olvera (PAN). “La desaparición del Fortaseg ha sido un golpe terrible: cerca de 300 municipios, sobre todo los de mayor cantidad de población, se han visto desamparados porque no han llegado recursos federales en específico para seguridad pública, es decir, para policías, incentivos para ellos, becas para sus hijos, mejores condiciones de vida para sus familias, para patrullas, moto patrullas, cámaras de video vigilancia, equipo y tecnología”, enumera el legislador por Querétaro. El Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Macías Olvera recuerda que los recursos del Fortaseg permitían fortalecer a las corporaciones locales, como parte de las estrategias municipales de prevención del delito. “Es un recurso que se dejó de dar en los últimos dos años y de manera ilógica, porque estamos en uno de los países más violentos del mundo”, cuestiona el diputado panista. Un mes después de la aprobación de presupuesto en San Lázaro, cuyo debate centró buena parte de las reservas de la oposición en el reclamo de mayores recursos a seguridad municipal, la titular federal del ramo, Rosa Icela Rodríguez, anunció en el encuentro del presidente López Obrador con gobernadores que habría más dinero para los gobiernos locales con más problemas de violencia. "Aprovecho este espacio para anunciar que, por decisión presidencial, el siguiente año se destinarán 2 mil 700 millones de pesos que, con el concurso de los gobiernos estatales, serán destinados para el equipamiento de los policías en los municipios que enfrentan los mayores índices de homicidios dolosos en el país”, detalló la funcionaria. Sin embargo, tres días antes de que finalizara 2021, los diputados del PAN, PRI y PRD presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de constitucionalidad en contra del presupuesto de este año, bajo el argumento de que su reparto “transgrede el principio de progresividad y es regresivo, pues recortó y no aumentó a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los y las mexicanas”. Los coordinadores de las bancadas, el priista Rubén Moreira, el panista Jorge Romero y el perredista Luis Espinosa Cházaro, incluyeron el tema de la seguridad, particularmente el relacionado con la violencia contra las mujeres, como uno de los afectados por los recortes y estancamientos presupuestales.
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