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Xalapa, Ver.- Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Tojil, revela que de 24 fiscalías anticorrupción Estatales analizadas entre el 1 de Enero del 2019 y el 31 de Mayo del 2020, la judicialización de casos de corrupción fue de 0 a apenas 13 por ciento, lo que mantiene a la impunidad como un problema grave en el País. Y como muestra basta un botón: en el periodo mencionado, las fiscalías de Guanajuato, Guerrero, Nayarit y San Luis Potosí no judicializaron ninguna investigación, es decir, que no hubo casos que llegaran ante un juez. La fiscalía anticorrupción con el mejor resultado en el rubro fueron la de Sonora, con apenas el 13 por ciento de sus casos judicializados. “Este dato no sorprende en un país en donde, menos del 2.5% de las investigaciones criminales iniciadas se vincula a proceso, y menos del 1% llegan a juicio”, se precisa en el informe. En total, las 24 fiscalías anticorrupción con datos iniciaron, en el lapso referido 17 mil 982 investigaciones de las cuales sólo 863 (4.7 por ciento) fueron judicializadas. Sobre las determinaciones de las carpetas de investigación, es decir, aquellos casos en los que la autoridad decidió que se fueran a archivo temporal; no se ejerciera acción penal, se abstuvieran de investigar o se aplicara un criterio de oportunidad, Tamaulipas se colocó como la entidad con mayor porcentaje de carpetas de investigación determinadas (71 por ciento), seguida del Estado de México (68 por ciento) y Zacatecas (57 por ciento). En contraparte, Tlaxcala (4 por ciento), Hidalgo (6 por ciento) y Colima (9 por ciento) fueron las de menor desempeño en la materia. Sobre las posibles determinaciones, los estados que utilizaron el criterio de oportunidad fueron: Aguascalientes (dos en las 137 investigaciones iniciadas), Chihuahua (uno en las 114 investigaciones iniciadas), Estado de México (cinco en las 6,266), Hidalgo (uno en las 450), Oaxaca (uno en las 1,137), Quintana Roo (cuatro en las 1,516) y Yucatán (uno en las 214). En este contexto, el informe también advirtió que algunas fiscalías anticorrupción estatales carecen de un diseño institucional adecuado, así como de recursos y capital humano suficiente para su operación. En materia de recursos, entre 2019 y 2020 se redujo el presupuesto en ocho fiscalías anticorrupción (Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Hidalgo, Colima, Quintana Roo y Veracruz) que fue entre 1 (Guanajuato) y hasta 71 por ciento (Quintana Roo) menos. El reporte de las ONG alertó que, en general, de 24 fiscalías anticorrupción analizadas, ninguna tiene independencia presupuestal ya que su asignación y ejercicio depende de la fiscalía estatal.
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