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XALAPA.- La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional e invalidar la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, así como por la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos, es un acierto, puntualizó Darío Celis, analista experto en Delitos Fiscales y Financieros. Negar la medida, prosiguió, evitará que se sigan violentando los derechos fundamentales no solo de contribuyentes, sino también de todo tipo de personas que puedan incurrir en este tipo de delitos. "Sin embargo tanto la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales permiten que en aquellos casos en los que ya no procede la prisión preventiva justificada, como en este caso, ya no lo serán estos delitos fiscales, el juez, a petición del ministerio público, se encuentra en posibilidad de determinar una prisión preventiva justificada, pero para que se pueda decretar esta debe acreditarse por parte del MP con elementos suficientes de que la persona imputada pueda representar un peligro para la sociedad al afectar la continuidad de la investigación por agredir o ser un peligro para las víctimas, para los testigos o que sea inminente que se pueda sustraer a la acción de la justicia", expresó. Mencionó que se ha visto en muchos casos, más allá de los emblemáticos, que los jueces a petición del ministerio público decretan la prisión preventiva justificada solo con la presentación de información del Instituto Nacional de Migración, donde consta que el imputado tuvo viajes al extranjero, pero eso no implica que haya sido para cometer algún ilícito. "Esto deja en una situación de incertidumbre total, porque queda a criterio abierto del juez si la persona imputada tendrá que enfrentar su procedimiento penal privado de la libertad o no, lo cual contradice los derechos fundamentales que ha adoptado nuestro país", remarcó. Sobre esto mismo mencionó que también se debe limitar la prisión preventiva justificada que "tanto nos afecta". "Ahora tenemos la incertidumbre, ya nadie se quiere presentar en los juzgados ante el temor de que aunque no se traten de delitos de prisión preventiva oficiosa, a petición del ministerio público y con la simple presentación de informes del INM, que se justifique que el imputado se puede sustraer a la acción de la justicia y con esto tener como consecuencia que tenga que enfrentar su proceso privado de su libertad".
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