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Xalapa, Ver.-
Debido al endurecimiento de las políticas migratorias en la región de América del Norte y Centroamérica que ha favorecido la deportación masiva de migrantes, violentando sus derechos a solicitar refugio; resintiendo abusos policiales; expulsándolos de los países en condiciones de riesgo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos descalifica la criminalización de los migrantes y demanda un “alto inmediato a las expulsiones desde Estados Unidos y la complicidad de México”. A nombre del Centro por la Justicia Internacional (Cejil), Gabriela Oviedo denunció las “violaciones sistemáticas” a derechos humanos y la “grave política de criminalización” en Estados Unidos y México, a personas que buscan protección internacional por los riesgos que corren en sus países. La devolución masiva de indocumentados desde Estados Unidos hacia la frontera norte de México provocaron 7 mil 647 ataques a estas personas (secuestros, robos ataques sexuales) Las deportaciones masivas se dan en un contexto de aumento de flujos migratorios, mayor violencia en sus países de origen, pobreza extrema, afectaciones por causas climatológicas y la pandemia de Covid19. En contraste se han endurecido las cadenas de devoluciones ilegales y en condiciones “altamente peligrosas” en Estados Unidos, México y Guatemala. En el caso mexicano, dijo, se han deportado a Honduras a personas en horarios nocturnos que incrementa el riesgo de las personas devueltas. Stephanie Brewer, de Wola, califica la coyuntura como una crisis de “dimensiones históricas” donde se ha perdido el derecho de las personas a solicitar asilo y buscar la protección internacional. Se han instrumentado políticas discriminatorias y se han cancelado las opciones para solicitar asilo. Señaló que es inminente la restauración del programa Quédate en México, en un par de semanas, que ha sido una política que ha favorecido la expulsiones masivas y la división familiar. Yolanda González de Honduras, dijo que está devoluciones ilegales “son expresiones de crueldad porque hay un absoluto abandono de las personas en las fronteras de Guatemala y Honduras, donde son devueltas desde México en horarios entre las 23 horas y 4 de la mañana. Asimismo, cuestionó los vuelos desde McCallen a Tapachula y Villahermosa, desde donde se deportó a migrantes haitianos, “sin ningún registro oficial” pues solo hay un recuento de las organizaciones sociales. A su vez, Jocelyn Gutiérrez de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos cuestionó la actuación del Instituto Nacional de Migración que ha emprendido deportaciones sin verificar la situación de los deportados pues en muchos casos tenían procesos para obtener refugio en curso. Descalificó que el INM no tuviera coordinación con la Comisión Mexicana de Ayudar a Refugiados, instancia que debería tener una mayor actividad en torno a esta situación. En ese contexto critica que en los procesos de deportaciones, las autoridades migratorias no han informado a los migrantes de sus derechos, ni les han ofrecido alternativas ante el crecimiento de los flujos migratorios. A nombre del Observatorio de Derechos Humanos de la frontera cuestionó las prácticas de las autoridades migratorias que han intensificado pues en 2018 se realizaron mil 165 operativos para deportar a 20 mil 477, en tanto que en este año se han efectuado 16 mi 856 “revisiones” que derivaron en 89 mil 653 deportaciones. Son acciones en el que ha participado activamente la Guardia Nacional en tareas migratorias. Criticó que la Secretaría de Relaciones Exteriores “haya negociado acuerdos de cooperación con Estados Unidos, en total opacidad que incluyen las devoluciones en cadena”, en tanto que hay pasividad de los poderes legislativo y judicial. Alejandro Zelaya, hermano de un migrante hondureño desaparecido en México en 2012, describió cuatro masacres que se han registrado en territorio nacional, la más reciente en Camargo, Chihuahua, sin que las autoridades hayan realizado actuaciones para esclarecer los hechos. Son hechos que tienen como antecedentes los asesinatos masivos en San Fernando y Cadereyta.
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