|
|
Foto:
Google .
|
.-
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo un respetuoso “pero enérgico llamado al gobierno de México, para que su política migratoria abandone la represión hacia las personas migrantes, y cumpla con la encomienda constitucional de hacer efectivos los derechos humanos de todas y todos”. Y es que la Iglesia Católica asegura que “existen caminos más fraternos para la movilidad humana en general, por ello, seguimos extendiendo nuestra mano al gobierno de México, siempre en beneficio de las personas migrantes y de las personas mexicanas, sabedores de que creemos en un mundo en el cual somos hermanas y hermanos, hijas e hijos de un mismo Dios, sin fronteras, prejuicios, odios o xenofobia”. “No queremos que se repitan más San Fernandos o más Cadereytas, no queremos ver más muertes ni dolor, no queremos un México en donde se separen a las familias migrantes. No queremos un país en donde las autoridades municipales, estatales y federales sean cómplices de la delincuencia organizada. No queremos un México donde se trafique con el cuerpo y el dolor de personas extranjeras que decidieron migrar para encontrar una vida mejor”. En ese sentido, el presbítero Héctor López Vivas, secretario ejecutivo de la DEPMH, asegura que el “aumento de los abusos y de las violaciones a los derechos humanos” de las personas migrantes está directamente relacionado con el despliegue de una “política de militarización de las fronteras, de las carreteras” y las acciones de “persecución de migrantes”, la que calificó como una “mal llamada política de recate de migrantes”. Eso, dice, ha “orillado a los migrantes a buscar otras rutas más peligrosas y exponerse más al crimen organizado”. En el contexto del Encuentro Nacional de coordinadores diocesanos de pastoral de Movilidad Humana y de directores de Casas del Migrante de la DEPMH expusieron que “con tristeza vemos que la actual política migratoria del gobierno de México ha recrudecido sus acciones de contención a los flujos migratorios, y se aleja cada vez más de una visión humanitaria para la atención integral de las personas en contexto de migración”. Esa situación “ha derivado en violaciones a los derechos humanos de estas personas: secuestros, desapariciones forzadas, homicidios, detenciones ilegales, hacinamientos, por mencionar algunos”. Aseguraron que “el gobierno de México ha evadido su responsabilidad de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad, como lo son las personas migrantes”. Aunado a ello “ha delegado a las Casas del Migrante de la Iglesia Católica, de otras Iglesias y de la sociedad civil en general, la responsabilidad de atender a las personas en contexto de migración, y ha sido omiso en cumplir con el mandato de promover y defender los derechos humanos de todas las personas, sin importar su nacionalidad, credo religioso, o situación migratoria, establecido en el artículo primero de nuestra Constitución. “Vemos con preocupación que, pese a los exhortos que ha realizado esta Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana, junto con las múltiples denuncias que desde la academia y de la sociedad civil en general, el Gobierno de México ha continuado con prácticas de militarización y represión hacia las personas migrantes, lo que ha derivado en múltiples violaciones a los derechos humanos”. La CEM insistió en que se deben establecer “otras alternativas a la detención y a la regularización migratoria, para encontrar caminos más humanos y sin violencia a través del cual puedan transitar las personas migrantes”, y abogaron por “una nación fraterna, en donde todas y todos podamos vivir sin miedo; alegres que de que en esta tierra peregrina nos recibe el amor, la esperanza y la caridad.
|
