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Según el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, esa unidad se creó para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados, no para investigar instituciones académicas o a sus integrantes. En ese contexto sostiene que la UIF fue concebida para bloquear a quien use recursos ilícitos. “No para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos". De esa manera, Nieto Castillo respondió a la propuesta por parte de Morena en el Senado de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realice una investigación sobre el manejo de recursos públicos que se entregan a las universidades públicas del País, incluida la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La #UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado delito y los delitos relacionados así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. NO para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos, reitera. La respuesta del titular de la UIF se da después de que el senador morenista, Armando Guadiana solicitó que la UIF y la Auditoría Superior de la Federación, investiguen los fondos que van a dar a instituciones educativas, incluida la máxima casa de estudios. Lo anterior, luego de señalar el caso de los 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado y delincuencia organizada. La comunidad académica ha manifestado su indignación y solicitó a la fiscalía que desista de la acción penal, después de darse a conocer que Alejandro Gertz Manero, a través de la fiscalía a su cargo, solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra de 31 científicos. El pasado miércoles un juez federal negó definitivamente girar órdenes de aprehensión en contra de los 31 investigadores y personal administrativo de la pasada gestión del Conacyt y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, promovidas por la Fiscalía General. Los hechos están basados en la denuncia que hiciera la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, donde acusó penalmente al Foro Consultivo Científico y Tecnológico de haber recibido recursos ilegales provenientes del erario.
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