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XALAPA.- Aunque de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la ausencia de criterios objetivos para seleccionar proveedores abre espacios a decisiones discrecionales y fallas en la competencia, transparencia y cumplimiento de la ley, en 2020 cinco instituciones del Gobierno Federal usaron las adjudicaciones directas como regla de contratación para destinar miles de millones de pesos. Las instituciones federales realizaron más de 150 mil compras cada año, y con el objetivo de monitorearlas el IMCO desarrolló el Índice de Riesgos de Corrupción IRC, el cual identifica las áreas de riesgo y malas prácticas en cada una de las instituciones. Las cinco instituciones detectadas fueron Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V (Birmex), empresa de propiedad estatal, asignó el 98 por ciento del monto destinado a compras públicas por el procedimiento de adjudicación directa, es decir, más de 3 mil 800 millones de pesos gastados sin concurso. Siguió el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), destinó 12 mil millones de pesos en compras públicas a través de adjudicaciones directas, 75 por ciento del monto total en 2020. También la Secretaría de Marina (Semar) no destinó recursos por licitación pública en 2020. La Semar adjudicó mil 900 millones de pesos por adjudicación directa (72 por ciento) y 671 millones por invitación restringida (25 por ciento). A su vez, la Secretaría de la Función Pública (SFP) destinó a procesos de compra por adjudicación directa ocho de cada 10 pesos, solo uno de cada 10 se destinó a procesos de licitación pública. Por último, Diconsa adjudicó únicamente el 4 por ciento a través de licitaciones, lo que representó 460 millones de pesos. En su investigación, el IMCO consideró que dichos procesos de compra implican mayor susceptibilidad a la corrupción y representan una barrera a la competencia en las compras públicas.
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