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El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México interpuso una denuncia contra el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera; y la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Thalía Lagunas, por desacato al mandamiento para que surtieran 37 claves de medicamentos oncológicos pediátricos en hospitales públicos entre 2020 y 2021. La denuncia se interpone ante la Fiscalía General de la República (FGR) instancia que deberá investigar el desacato y se hace por mandamiento del Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito: “Procede hacer la denuncia correspondiente en contra del Secretario de Salud, del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Oficial Mayor de dicha Secretaría, ante el Ministerio Público de la Federación en términos del artículo 209 de la Ley de Amparo, para que proceda a observar lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en el precepto 262, fracción III de la Ley de Amparo”, asienta Carlos Alberto García López, en su calidad de Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, en su resolución del pasado 16 de julio. El procedimiento administrativo lo inicia la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica, AC, que se dedica a la lucha contra el cáncer en la niñez, por medio de la difusión y capacitación. El caso más recordado por desacato es del 2004, cuando un juez responsabilizó al gobierno del Distrito Federal de violar una orden judicial que le exigía suspender la construcción de una calle en un terreno de la zona de Santa Fe, cuyo fin era conectar un hospital privado. Aunque los trabajos fueron suspendidos, se alegó que el cumplimiento de la orden había sido dilatoria y se responsabilizó de ello al entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente la entonces Procuraduría General de la República (PGR) solicita al Congreso de la Unión el juicio de desafuero en su contra a fin de separarlo del cargo, hecho que se materializó el 7 de abril de 2005. Sin embargo, los entonces diputados Gabriela Cuevas y Jorge Lara pagaron una fianza para que López Obrador no fuera detenido. Finalmente, la autoridad judicial no ejercita acción penal contra el funcionario. Rosalva Zavala Arredondo, exjuez Primero Menor Civil en Irapuato, Guanajuato, en su libro “La inejecución de sentencias, dictadas por autoridad judicial, y federal, debido a la falta de medida apremio idóneo”, sostiene que la figura del desacato es “inofensiva”, dado que se puede pagar una multa para subsanar la causa, y la cual resulta ser de una cantidad simbólica, “implica una burla”, menciona. Además, refiere que el desacato por un mandato judicial sólo procede si no se agotaron y ejecutaron los medios coercitivos reseñados, “aunado a que conlleva tiempo iniciar la averiguación previa, consignar al juez competente y agotar las etapas procesales referentes a un proceso penal”. En otro orden, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, y el secretario general de ese partido, Jorge Álvarez Máynez, presentan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa un juicio contencioso administrativo, con el objetivo de obligar al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, a que concluya la investigación contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, debido a su gestión en el control de la pandemia de Covid-19. Clemente Castañeda anota que el 20 de julio de 2020 presenta una denuncia en contra Hugo López-Gatell ante la Fiscalía de la Función Pública “por el mal manejo de la estrategia para combatir la pandemia, así como sus incompetencias y omisiones”. Considera evidentes y diversas las pruebas que demuestran y acreditan la mala gestión del subsecretario de Salud, por ejemplo, al negarse a implementar el uso masivo del cubrebocas y a la aplicación de pruebas masivas, omisiones que a su juicio fueron la causa de que, hasta el miércoles 21 de julio, se contabilicen 2 millones 664,444 casos confirmados de Covid-19 y 236,469 defunciones. “Su ineptitud, su incompetencia, su negligencia, así como sus desestimaciones a las organizaciones internacionales, y su ruta de atender la pandemia, han sido un rotundo fracaso”, sentencia. “Lo que Movimiento Ciudadano está intentando, es que la estrategia se cambie y se eviten más muertes, para tratar que la situación mejore; para ello, es necesario que se les haga llegar a las instancias correspondientes, todos los elementos, con el fin de demostrar que la estrategia implementada en México para atender el Covid-19, no ha sido la correcta”, expresa. Menciona que el juicio busca que el Tribunal Federal de Justicia obligue al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, a que termine la investigación que le turnó la Secretaría de la Función Pública, derivada de la denuncia de Movimiento Ciudadano.
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