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.- Luego de que la semana pasada la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, anunció que en el mes de septiembre se presentará una “reforma fiscal” y que no habrá aumento de impuestos en términos reales, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que la próxima reforma fiscal debe surgir del diálogo y la discusión entre el sector público y privado. Los empresarios lanzaron varias interrogantes al respecto, tales como ¿Por qué se requiere una reforma si la recaudación aumentó 8.8 por ciento en lo que va del año? y, ¿sobre qué actividades o sectores se pondrá énfasis? Los socios de Coparmex manifestaron que México requiere con urgencia modernizar y flexibilizar su marco fiscal, impulsar la inversión junto con el sector privado, mejorar la inclusión financiera e impulsar la participación de las mujeres en la economía, sobre todo, fomentando de forma global la formalidad. Ante tal situación, la cámara empresarial respondió que la solución es ampliar la base de contribuyentes, encontrar un mecanismo que sea sencillo y amigable para los microempresarios, con cálculos muy simples para que entren a la formalidad sin mayores costos. No se requiere aumentar los impuestos, pero sí facilitar la declaración de las contribuciones. Igualmente, que se incorporen a la formalidad y se amplíe la base de contribuyentes. La Coparmex subrayó que actualmente el 56 por ciento de la población ocupada es informal. También, que se debe gastar mejor, ya que si bien señaló que la austeridad es muy positiva cuando se ejecuta de forma imprecisa es un freno a la recuperación económica. Los empresarios consideraron que es momento de impulsar la inversión pública diversificada y productiva. “Planteamos que la inversión pública que hoy es menor al 3 por ciento como proporción del PIB crezca en los próximos años y se enfoque a proyectos de impacto económico y social”. A través de un comunicado, la Coparmex precisó que requieren incentivar proyectos de infraestructura con participación pública y privada, priorizando proyectos de energías renovables. Además, repensar a PEMEX para dotarla de viabilidad. De igual forma, realizar inversión pública diversificada en sectores como agua, transporte, salud, educación y seguridad, sectores que podrían convertirse en un vehículo para detonar inversión privada.
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